Ante la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), fiscales de Ministerio Público (MP) dieron a conocer que las acciones que se desarrollan, y por las cuales se busca retirar el fuero a los funcionarios, se deben no a dudas con los resultados de las elecciones, sino al proceso de compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Los fiscales Manuel Aldana Paiz y Marilin Castillo Castillo, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, se presentaron este miércoles 22 de noviembre ante los diputados que conocen el expediente por la solicitud de retiro de inmunidad en contra de los funcionarios electorales.
Durante la audiencia, los encargados del caso fueron cuestionados por los congresistas con respecto a las pesquisas preliminares del caso.
DUDAS DEL MP
Aldana Paiz fue el primero en comparecer ante la comisión, y aseguró que el TREP había generado dudas desde el proceso de licitación, luego de una denuncia interpuesta por los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer, quienes señalaban el costo del sistema y su adquisición.
El fiscal aseguró que una de las dudas consiste en que el mismo programa había costado en $50 millones en México, pero que en Guatemala su costo fue de Q148 millones.
#LHenBreve | Por mayoría, la comisión pesquisidora que conoce el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó citar a los abogados Giovanni Fratti y Karen Fischer, quienes denunciaron la adquisición del sistema de Transmisión de Resultados… pic.twitter.com/ks6CQQu6QY
— Diario La Hora (@lahoragt) November 22, 2023
Durante la citación, los congresistas también expresaron sus cuestionamientos con respecto a los hechos. El presidente del órgano que analiza la petición en contra de los magistrados electorales, el diputado Enrique Montano, preguntó: «¿Ustedes creen que el TREP tuvo qué ver en el resultado de las elecciones?».
La respuesta de Aldana Paiz fue: «nosotros estamos investigando únicamente el proceso de compra del TREP, no si este funcionó o no en el resultado de las elecciones».
Los legisladores de la pesquisidora insistieron en la pregunta del presidente, pero la respuesta de Aldana era la misma, que el proceso se había originado únicamente por la adquisición del programa.
El diputado Douglas Rivero insistió en preguntarle al MP si la empresa Datasys, la cual proveyó el sistema informático al TSE, tiene antecedentes negativos en otros países.
Pero la respuesta del MP fue contundente, asegurando que la única “prueba” de ello fue presentada en la denuncia de Fratti y Fischer: una carta de la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien cuestionaba a la entidad y al programa.
Esta pregunta fue contestada por la fiscal Marilis Castillo, quien dijo que el documento fue remitido por Cabal al presidente, Alejandro Giammattei.
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¿QUÉ DICE LA CARTA?
En la carta, la senadora alertaba que posiblemente se estaba planeando un fraude en Guatemala. Dentro de los planteamientos plasmados en la misiva, se detalló que la empresa Datasys no era confiable.
Los fiscales del MP terminaron su planteamiento en la pesquisidora asegurando que no han continuado con el proceso de investigación, puesto que los magistrados del TSE tienen derecho de antejuicio y que eso les ha impedido verificar la información a profundidad, por lo cual se está solicitando él retiró del antejuicio.
Previo a la audiencia del ente investigador la pesquisidora tenía previsto escuchar a los denuncias, Giovanni Fratti y Karen Fischer, no obstante ambos no llegaron y se excusaron por lo que pidieron se reagenderá su aud
