El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha inscrito a funcionarios que han sido sancionados, señalados por el gobierno de Estados Unidos para participar en las elecciones generales 2023, algunos han sido admitidos para buscar su reelección en el Congreso de la República pese a los señalamientos, mientras que otros buscarán el poder local en las alcaldías municipales.
Asimismo, otros no han corrido con la misma suerte, ya que por condenas que han tenido en Estados Unidos por temas de narcotráfico, lavado de dinero no han sido inscritos por el Tribunal.
A continuación, encontrará detalles de quienes son los funcionarios aceptados y rechazados para participar en las elecciones de este año.
SANCIONADOS POR ESTADOS UNIDOS
Allan Estuardo Rodríguez Reyes buscará su reelección como diputado por el partido VAMOS por Sololá, en diciembre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo incluyó en uno de sus reportes.
Según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos: “Utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros”.
Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en “un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”, explicaron.
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Boris Roberto España Cáceres que era parte de la bancada Todos, buscará la reelección como diputado por Chiquimula con el partido oficialista, -VAMOS-.
El pasado 17 de junio de 2021, el vocero del Departamento de Estado, Ned Pierce informó que el diputado España Cáceres que formaba parte de TODOS, fue designado públicamente en Estados Unidos por su implicación significativa en actos de corrupción, prohibiendo de esta forma su ingreso a ese país a él y a su familia.
“En el ejercicio de sus funciones oficiales, ha participado en actos de corrupción, incluido el soborno y la injerencia en los procesos públicos, que pusieron en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas de Guatemala y la confianza del público guatemalteco en sus representantes”, señaló Pierce.
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Sofía Jeanetth Hernández Herrera diputada del partido cancelado de la UCN fundado por Mario Estrada condenado en Estados Unidos por posibles vínculos con narcotráfico, buscará reelección con el partido VAMOS por Huehuetenango.
Hernández fue parte de la Junta Directiva del Congreso en los primeros dos años de la actual legislatura, se mostró cercana al presidente Alejandro Giammattei en varias giras de trabajo en Huehuetenango y el año pasado fue incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) buscará ahora una diputación del Parlamento Centroamericano, fue sancionado por la OFAC en 2022, “es un congresista guatemalteco y una de varias personas en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal”, señalaron las autoridades del país norteamericano.
“Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”, detalló.
El exdiputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), absuelto por la muerte de dos periodistas en Mazatenango, fue inscrito como candidato a alcalde por el municipio de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, representando a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres. Juárez fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos con la Ley Magnitsky.
En 2017, Juárez fue incluido en la Lista de Extranjeros Especialmente Designados del Departamento del Tesoro, que prohíbe a los ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos hacer negocios con él.
Su inclusión se debió a la, “fuerte evidencia de serios abusos a los derechos humanos o hechos de corrupción y que está dirigida a individuos y entidades involucrados en serios abusos de derechos humanos y en corrupción”, indicó en su oportunidad la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.
En 2015, el exdiputado fue acusado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de ser el autor intelectual del asesinato de los periodistas Danilo Sapón López y Federico Salazar, hecho cometido en marzo de 2015 en Mazatenango, Suchitepéquez y fue absuelto en mayo de 2022.
Felipe Alejos Lorenzana, del partido Todos, recibió una sanción por los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818 basada en la Ley de Responsabilidad de los Derechos Humanos Global Magnitsky, por señalamientos en casos de corrupción. Esta se suma a la prohibición de ingresar a EE. UU. que se anunció por parte de ese país en octubre del 2020.
El Departamento de Estado, señala que Alejos Lorenzana presuntamente facilitó sobornos a diputados del Congreso y a jueces, en un intento de influenciar el proceso de selección de magistrados para ambas cortes y para asegurar resoluciones judiciales favorables que protegerían a Gustavo Alejos, así como a magistrados de la CSJ de actuales y futuros enjuiciamientos por corrupción.
Además, se refieren a sobornos y pagos de empresas constructoras privadas para contratos de infraestructura pública en curso o próximas a ejecutar, para incidir en la elección de la CC. Por el Congreso fueron electos Dina Ochoa y Luis Rosales.
Volverá a participar en las elecciones de 2023 buscando prolongar su reelección como diputado.
CONDENADOS EN ESTADOS UNIDOS
El Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó la inscripción de Manuel Antonio Baldizón como candidato a diputado por el listado nacional con la agrupación política CAMBIO, partido que fue fundado por sus hijos, Jorge y Manuel Baldizón Vargas.
De acuerdo a la resolución, los argumentos planteados son que Baldizón se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos por la comisión del delito de lavado de dinero y fue condenado a 50 meses de prisión.
El TSE decidió el 21 de marzo, no inscribir al expresidente Alfonso Portillo Cabrera, quien aspiraba al cargo de diputado, tal como lo había proclamado el partido Visión con Valores (VIVA).
Portillo Cabrera a criterio del RC, no cumple con alguno de los requisitos expresados en el artículo 113 de la Constitución, el cual hace referencia a la capacidad, idoneidad y honradez.
La inscripción del diputado José Ubico, quien buscaba la reelección en el Congreso por el listado distrital de Sacatepéquez con el partido político Nosotros, fue rechazada por el Registro de Ciudadanos (RC) el pasado 22 de marzo.
Con esta decisión el legislador queda fuera del proceso electoral, aunque aún puede presentar un recurso de nulidad para revertir el fallo.
El argumento en el cual se basó la decisión del RC señala que el aspirante es requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos, en donde se le investiga por los delitos de conspiración y tráfico de drogas.
SOLICITADOS EN EXTRADICIÓN
El Ministerio Público (MP) informó en diciembre de 2022 sobre la solicitud del retiro de inmunidad a Freddy Arnoldo Salazar Flores, diputado suplente de Guatemala ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) quien en marzo de 2022 fue señalado por tráfico de drogas por un tribunal en el distrito de Columbia, Estados Unidos.
Salazar Flores buscaba su reelección con Prosperidad Ciudadana pero la solicitud fue rechazada.
Según documentos judiciales del Distrito de Columbia, a partir de 2010 y hasta mayo de 2017, Salazar Flores presuntamente conspiró con otras personas para traficar cocaína a EE. UU. desde Guatemala, Honduras y México.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), rechazó el 2 de marzo un amparo provisional contra el TSE interpuesto por Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien buscaba ser reelecto con el partido oficial VAMOS, como alcalde de la Municipalidad de Cuilapa, Santa Rosa.
El jefe edil de Cuilapa, quien dijo estar con “la teta que tiene leche”, refiriéndose al presidente Alejandro Giammattei, acudió ante la CSJ, luego que el TSE rechazara su inscripción debido a que cuenta con orden de extradición hacia Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico.
El alcalde fue solicitado por Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, por lo cual el MP el pasado 28 de diciembre requirió el retiro de inmunidad contra el jefe edil.
Esduin Jerson Javier Javier, conocido como “Tres Kiebres” fue inscrito para buscar una diputación en el Congreso de la República por Chiquimula con el partido CAMBIO.
En marzo de 2021, la Fiscalía Contra la Narcoactividad reveló el caso “Narcotráfico municipal”, en el cual señaló una estructura criminal denominada “Los Ipala”, a la cual estaría vinculado el jefe edil.
El MP requirió el retiro de inmunidad al alcalde, pero por diversas razones no ha prosperado. “El proceso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de una recusación planteada por Javier Javier, en contra de la juez pesquisidora y un magistrado”, detalló el MP.
El caso surgió por denuncias que hizo el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), posterior a conocerse el caso, Javier Javier se puso a disposición de la DEA para “sí le confirman vínculos con el narcotráfico”, según una nota publicada por Prensa Libre.
La fiscalía estableció, mediante una investigación, que la estructura “creó rutas para trasladar diferentes ilícitos hacia otros países como México y Estados Unidos, entre ellos drogas y armas”.
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