Actualmente la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán conoce varios casos de alto impacto como el denominado Comisiones Paralelas 2020. Foto: La Hora/José Orozco

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar con lugar un recurso de apelación presentado por la jueza de Mayor Riesgo “D”, Érika Aifán contra el Juzgado Décimo Tercero Civil dentro de un proceso que derivó de una denuncia de la fiscal Cinthia Monterroso.

La Corte ordenó que la judicatura debe analizar un recurso presentado por la jueza Aifán, con el cual busca dejar sin efecto lo resuelto por la Junta de Disciplina Judicial, que tramitó una denuncia en contra de Monterroso.

UNIDAD DISCIPLINARIA RECHAZÓ DENUNCIA DE MONTERROSO

El 28 de octubre de 2020, la Unidad Disciplinaria del Organismo Judicial, resolvió rechazar la denuncia que interpuso la agente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Cinthia Monterroso, contra la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, determinando que “no hubo ningún acto de parcialidad o exceso en el ejercicio de sus funciones”. Sin embargo, la Junta de Disciplina Judicial le dio trámite.


En su momento, la fiscal Cinthia Monterroso tuvo asignado el caso Asalto al Ministerio de Salud, y fue durante ese proceso que hizo la denuncia contra Aifán, argumentando que la jueza le había llamado la atención por haber variado los hechos imputados a los que se le informaron cuando le requirieron girar las órdenes de captura del expediente.

ANTECEDENTES

Asimismo, la fiscal Monterroso denunció el 22 de agosto de 2019 en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público (MP) lo sucedido, posteriormente el caso fue remitido a la Fiscalía de Delitos Administrativos, aduciendo abuso de autoridad.

La denuncia interpuesta por Monterroso se refiere a los hechos supuestamente ocurridos después de una audiencia el 5 de agosto del 2019.


Según lo mencionado por la agente fiscal luego de que la juzgadora suspendió la diligencia por cuestiones de agenda, la citó a su despacho junto a otros representantes de instituciones del Estado para hacerle varios cuestionamientos, entre ellos, que debía imputar los delitos por los que se habían autorizado las órdenes de captura del caso pues de lo contrario “tendrían que declarar varias faltas de mérito”.

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