A inicios de esta semana, la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, detalló ante la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en nombre de los jueces de Mayor Riesgo de Guatemala, las presiones que han recibido por parte de grupos de poder que buscan impunidad en los casos que tienen a su cargo.
Por ese motivo, la juzgadora solicitó a Naciones Unidas y comunidad internacional apoyo para la protección de quienes trabajan en el sistema de justicia guatemalteco.
En ese contexto, analistas consideran que es muy relevante y atinada la interacción con la Relatoría para evidenciar ante Naciones Unidas la situación actual del país, concretamente la que están viviendo los operadores de justicia independientes.
IBARRA: ES UNA REUNIÓN QUE TIENE EL PESO DE UNA DENUNCIA INTERNACIONAL
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Pro-Justicia, comentó que es indispensable que, a través del relator de Naciones Unidas para la Independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán, se puedan discutir las dificultades que están enfrentando jueces como Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Pablo Xitumul, así como los fiscales que integran la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con Juan Francisco Sandoval a la cabeza. Añadió que considera que es una decisión atinada y que no debe tomarse como cualquier reunión.
“Es conveniente que el Sistema de Naciones Unidas tome conocimiento de manera formal porque esa reunión que tuvo Erika Aifán con Diego García-Sayán no debe ser considerada como una reunión más, hay que darle la importancia que merece. Es una reunión que tiene un peso de una denuncia internacional de la situación que están viviendo fiscales y jueces independientes”, señaló.
Ibarra agregó que los operadores de justicia no solo están afrontando el acoso directo a su persona, sino también tienen la presión que la alianza política dominante en el país puede hacer contra ellos y advirtió de decisiones que afecten estructuras institucionales como Juzgados o Tribunales de Mayor Riesgo y la FECI, además, recordó que son dependencias que están bajo mucha vulnerabilidad.
AC: LES INTERESA AFECTAR A AIFÁN
Por otro lado, el representante legal de Acción Ciudadana (AC), Eddie Cux, señaló que la reunión entre la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán y Diego García-Sayán es atinada, debido a que los jueces han sufrido de persecución por el trabajo que desempeñan y agregó que inclusive hay varios casos que se encuentran abiertos en el Ministerio Público (MP) contra ellos y antejuicios que han proseguido por la cooptación del sistema de justicia.
Refiriéndose al caso concreto de la jueza Aifán, Cux señaló que “existen grupos de poder interesados en que la jueza Erika Aifán pierda su inmunidad y que sea perseguida penalmente, lo cual ya es una persecución política que pone en riesgo la independencia judicial”.
El abogado agregó que el caso Comisiones Paralelas y los expedientes de trascendencia que tiene a su cargo Aifán son claves para grupos de poder que tratan de afectar la independencia judicial.
AR CONSIDERA QUE HAY PERSECUSIÓN CONTRA JUECES
Asimismo, Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas hizo referencia a que la fiscal general y jefa del MP, María Consuelo Porras, hasta el momento no ha desestimado las denuncias en contra de los jueces de Mayor Riesgo, que incluso tienen cinco años de haber sido presentadas, esto resaltó, podría calificarse como un acoso judicial en contra de los juzgadores.
“El hecho de que la fiscal general no cierre estas denuncias, es prestarse a un acoso judicial a los jueces de Mayor Riesgo”.
Montenegro recordó que hace una semana, los jueces pidieron al MP que se agilizaran estas investigaciones, respecto al acoso que han sufrido los togados en el desempeño de sus labores en el sistema de justicia.
Añadió que la comunidad internacional ha mostrado su apoyo unánime a la petición de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán.
