Este martes, el Juzgado de Extinción de Dominio realizó la audiencia en donde continúa la discusión si Q5.8 millones vinculados al caso La Línea son extinguidos a favor del Estado. Los fondos se encuentran depositados en cuentas del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Enrique Muñoz Roldán, quien insiste en que ese dinero es producto de sus ahorros.
El Ministerio Público (MP) presentó su argumentación al juez, en donde detalló que los ingresos de Muñoz Roldán no concuerdan con la cantidad que él reportó.
El ente investigador considera que ha probado los extremos expuestos con cada uno de los medios de prueba propuestos, ofrecidos, admitidos y debidamente diligenciados dentro del proceso.
El Juzgado de Extinción de Dominio continúa con la audiencia donde se discute la extinción de Q8 millones relacionados al exsuperintendente de la SAT, Carlos Muñoz, señalado dentro del caso La Línea.
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— Diario La Hora (@lahoragt) June 15, 2021
“Se pide que se dicte una sentencia declarativa con lugar en favor del Estado de Guatemala y se ordene la Extinción de Dominio de los bienes, objeto de la presente acción”, señaló el MP durante su petición ante el órgano jurisdiccional.
MUÑOZ INSISTE QUE EL DINERO ES PRODUCTO DE SUS AHORROS
Mientras que el exjefe de la SAT, Carlos Muñoz, argumentó ante el juez que esos fondos son sus ahorros y que corresponden a liquidaciones, así como pagos de honorarios por trabajos que ha realizado desde 1998, los cuales se fueron acumulando, afirmó.
La cantidad que el MP solicita que pase a favor del estado es de Q5,835,456.61, los cuales argumenta la entidad son resultado de comisiones ilícitas vinculados a la estructura criminal La Línea.
ANTECEDENTES
Los bienes a nombre de Muñoz Roldán fueron inmovilizados después de su captura el 16 de abril del 2015, cuando fue develado el caso La Línea, que evidenció una red de defraudación tributaria.
Las investigaciones presentadas por la FECI y la desaparecida CICIG, detallaron que las personas investigadas estuvieron vinculadas con una estructura criminal liderada por el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicemandataria, Roxana Baldetti, con la participación de funcionarios y empresarios, quienes procuraron facilitar el ingreso de mercaderías por las aduanas del país, a cambio del cobro de sobornos.
