Juan Francisco Solórzano Foppa fue detenido hace varios días por este caso. Foto La Hora/Archivo

Este lunes el Juzgado Sexto Penal, a cargo de Israel Zelada, continuó con la audiencia de primera declaración de los señalados en el caso Política y Falsedad, entre ellos, el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) Juan Francisco Solórzano Foppa y Aníbal Antonio Argüello Mayen, exanalista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El fiscal contra Delitos electorales, Rafael Curruchiche, solicitó al juez Zelada ligar a proceso penal a Solórzano Foppa, Argüello Mayen, José Miguel Quintanilla, Giovanni Fagioli y Roberto Cáceres por los delitos de asociación ilícita, conspiración y falsedad.

Mientras que la defensa de Juan Francisco Solórzano Foppa responsabilizó al notario Carlos Ramiro Cárdenas de la emisión del acta de constitución del partido político que incluyó anomalías y que originó la pesquisa.

CURRUCHICHE: MIEMBROS DEL PARTIDO POLÍTICO CAPTARON DATOS

Durante el argumento de la Fiscalía Curruchiche leyó un acta, en donde según indicó, cuando Juan Francisco Solórzano Foppa asistió al Tribunal Supremo Electoral (TSE), habría respondido algunas preguntas, en las cuales responsabilizó a Dora Nieves Monroy, Matilde Balan e Ingry Leja García de la captación de datos consignados en el acta.

DEFENSA DE S. FOPPA RESPONSABILIZA A NOTARIO

Francisco Rivas, abogado defensor de Juan Francisco Solórzano Foppa, indicó al momento de argumentar que “su patrocinado no formalizó el documento”, haciendo referencia al acta de constitución del partido político Ambientalista Guatemalteco.

“En ningún momento mi defendido insertó hechos en ese documento, porque esa responsabilidad le corresponde al sujeto activo de este delito y en este caso es el notario el que los inserta”, señaló.

Rivas añadió que ninguno de los 552 comparecientes insertó esos hechos y a quien le correspondía verificar era al abogado que avaló el acta de constitución de la agrupación política.

Se espera que la defensa de cada uno de los implicados presente sus argumentos ante el juzgador, previo a resolver si los cinco señalados deben ser ligados a proceso penal.

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