Por Lourdes Arana
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La Sala Primera de Mayor Riesgo confirmó la resolución en donde desvincula al expresidente Otto Pérez Molina en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, por lo que, de momento, no podrá ser procesado penalmente en esa investigación.
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la otrora Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), varios exfuncionarios, constructores y abogados, conformaron una red criminal con el fin de beneficiarse por medio de comisiones ilícitas.
El fin de esta organización era “obtener y controlar, extraer recursos a través de los particulares que mantenían contratos o vínculos con el Estado y enriquecerse ilícitamente, asegurando su impunidad y la de los demás partícipes”, indicó la Fiscalía el 5 de agosto de 2019, cuando se develó el caso.
Según las pesquisas, la red estaba conformada por Gustavo Alejos Cámbara, el expresidente Otto Pérez Molina, Juan de Dios Rodríguez, exsecretario Privado de la Presidencia y expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Acisclo Valladares Urruela, exministro de Economía, así como el empresario José Maynor Palacios Guerra, sin embargo, ahora no podrá ser vinculado el exmandatario.
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Sala libra a Otto Pérez en caso de corrupción ? [https://t.co/cRR6gNwPRm] pic.twitter.com/v80wCaF6bs— Diario La Hora (@lahoragt) May 19, 2021
ANTECEDENTES
Según indicó la FECI y la CICIG, para el cobro y pago de comisiones, se utilizaba el sistema bancario guatemalteco y el sistema bancario internacional, particularmente el panameño, como consecuencia de la compra de sociedades off shore en ese país, lo que permitía el manejo de dinero producto de las coimas acordadas.
Mediante la elaboración de contratos de préstamos, simulaban ante las entidades bancarias la realización de una actividad económica inexistente, dando apariencia de legalidad al dinero que ingresaba al sistema financiero”, señala la pesquisa.
Así se determinó que Alejos recibió US$7,297,650 de Palacios Guerra y sus empresas entre el 9 de febrero de 2011 y el 24 de abril de 2012, es decir entre el último año de gobierno de la UNE y el primero del Partido Patriota.
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