El exalcalde de San Gaspar Ixil, Efraín García López fue ligado a proceso por el delito de cohecho pasivo en forma continuada. Foto: La Hora/Lourdes Arana.

Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt

El juez de Primera Instancia Penal de Huehuetenango a cargo del caso Corrupción Munis del Noroccidente, investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), ligó a proceso a dos exfuncionarios municipales vinculados a posibles actos de corrupción en San Gaspar Ixil y que fueron detenidos la semana pasada.

El exalcalde de San Gaspar Ixil, Efraín García López fue ligado a proceso por el delito de cohecho pasivo en forma continuada y el exconcejal Rigoberto Pérez Godínez por los delitos de concusión y cohecho pasivo, ambos en forma continuada.

El órgano jurisdiccional resolvió otorgar medidas de coerción tanto para García López como para Pérez Godínez, las cuales quedaron establecidas de la siguiente manera:

1. Arresto Domiciliario.
2. Prohibición de acercarse a la Municipalidad de San Gaspar Ixil, comunicarse con empleados y personas testigos y vinculadas al caso.
3. Obligación de firmar el libro de medidas una vez al mes los primeros 5 días del mes y caución económica. La Hora consultó al Ministerio Público cuánto era el monto de la caución económica establecida por el Juzgado, sin embargo, al cierre de esta nota no se había proporcionado el dato.

La judicatura fijó el plazo de 2 meses para finalizar la investigación y que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presente el acto conclusivo.

ÓRDENES DE CAPTURA PENDIENTES DESDE HACE CUATRO AÑOS

El pasado 12 de mayo, la FECI en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) asignados a la Fiscalía, realizaron varios operativos en Huehuetenango con el fin de ejecutar las órdenes de aprehensión contra Efraín García López y Rigoberto Godínez Pérez, exalcalde y exconcejal, del municipio de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango, las cuales estaban pendientes desde hace 4 años.

INDICIOS

Según la investigación presentada por la FECI, en octubre de 2017, se determinó que varios funcionarios y exfuncionarios cometieron actos de corrupción, por medio de la coordinación con propietarios de constructoras a quienes beneficiaron con contratos para la ejecución de obras, durante el tiempo que duró su mandato.

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