Por Lourdes Arana
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Este viernes el Juzgado Décimo informó que, como parte del proceso dentro del Caso Fénix, el órgano jurisdiccional se inhibió de conocer el expediente de retiro de inmunidad presentado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y trasladó el antejuicio presentado contra el juez undécimo, José Eduardo Cojulún, por su posible vinculación en el expediente judicial debido a las resoluciones emitidas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que sea conocido.
El pasado 11 de mayo la FECI presentó una solicitud de antejuicio en contra del juez Cojulún por la posible comisión de los delitos de obstrucción de la justicia y prevaricato, al favorecer a ciertos actores implicados dentro del caso Fénix.
Según argumentó la Fiscalía se determinó que el juez José Eduardo Cojulún Sánchez, “profirió decisiones que favorecieron a varios sindicados, fundamentalmente a Gustavo Adolfo Herrera Castillo”.
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Como parte del procedimiento dentro del caso Fénix, el Juzgado Décimo se inhibió y trasladó a CSJ el antejuicio presentado contra el juez undécimo, José Eduardo Cojulún, por su posible vinculación en el expediente judicial. pic.twitter.com/YFJQsqmMtP— Diario La Hora (@lahoragt) May 14, 2021
Ya que “a sabiendas de las actuaciones procesales, dictó una resolución contraria a la ley al ordenar, a petición de la defensa, el sobreseimiento del proceso, teniendo el juez pleno conocimiento que existían suficientes elementos de investigación que ameritaba necesariamente continuar con la investigación en contra de todos los sindicados, especialmente, de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, quien lideraba la estructura investigada”.
ANTECEDENTES
Según la investigación presentada por la FECI, se demostró la existencia de una estructura criminal que habría utilizado diferentes tipos de empresas, las cuales pertenecían o estaban vinculadas con Gustavo Herrera, para lavar alrededor de Q350 millones.
Dichos fondos habrían sido obtenidos de manera ilícita por medio de un contrato fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Grupo Empresarial Uniserv S.A. y el Banco Uno S.A.
La estructura utilizó el sistema financiero a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que habría permitido dar apariencia legal al dinero, además de ocultar su origen, según la Fiscalía.
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