Por María España/Lourdes Arana
mespana@lahora.com.gt / lcarana@lahora.com.gt
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público pidió, ayer, el retiro de inmunidad del diputado Aldo Dávila, por presuntamente haber agredido a un agente de la Policía Nacional Civil durante una manifestación el 4 de septiembre de 2020. Ante ello, el legislador cuestionó por qué no ha sido solicitado antejuicio para el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, a pesar de contar con 6 denuncias en su contra.
“A la Fiscal General le digo ‘Trabaje, señora, pero trabaje parejo, no solo para el Pacto de Corruptos y la Alianza Criminal’. En mi caso, las cuestiones son administrativas, no como en el caso de otras personas que han tenido denuncias penales por algo más grave, y ojalá la Corte Suprema de Justicia desestime el caso in limine como lo ha hecho por actos de corrupción con abogados que se sientan hoy en el Congreso de la República”, expresó por medio de un video en sus redes sociales.
Refirió que Reyes tiene denuncias en su contra debido agresiones que sufrieron manifestantes y periodistas en las protestas de noviembre de 2020, sin embargo, el proceso no avanza a comparación de su caso.
Lea: Consuelo Porras también autoriza antejuicio contra jueza y diputado Dávila
“A pesar de tener seis denuncias planteadas porque les sacaron el ojo a dos personas, ha agredido a mujeres, niños y ancianos, no avanzan, pero el mío sí por una acción que tuve cuando fui a intermediar por una actividad que se estaba llevando a cabo afuera del Congreso de la República; donde se vulneró a jóvenes estudiantes y medios de comunicación”, señaló.
“Realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público, haciendo uso abusivo de las atribuciones públicas que posee, al empujar y proferir palabras de discriminación en contra de un agente de la PNC”, justificó el MP por medio de un comunicado.
En este sentido, Dávila indicó que en su momento realizó una disculpa pública, no obstante, considera que “no llegó a donde tuvo que llegar”. Además, confirmó que sufrió un atentado el pasado lunes 19 de abril. “No lograron eliminarme físicamente, pero ahora lo pretenden hacer parlamentariamente.”, enfatizó.
LEA: CASI 4 AÑOS DESPUÉS, MP ACCIONA CONTRA MORALES POR DECLARAR NON GRATO A VELÁSQUEZ
¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMÓ AL MP CADA ANTEJUICIO?
En el caso de la solicitud de retiro de inmunidad del exmandatario Jimmy Morales, por la declaratoria de non grato del extitular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, el 27 agosto de 2017, transcurrieron 1,333 días desde el hecho que ocurrió cuando aún era fiscal general, Thelma Aldana.
Y contabilizando desde la toma de posesión de la fiscal general, María Consuelo Porras el 27 de mayo de 2018, pasaron 1,060 días. Es decir 2 años, 10 meses y 25 días, desde que ella asumió el cargo como jefa del MP.
Por otro lado, la solicitud de antejuicio contra la jueza Amparo Virginia De León Lara, se presentó 324 días después de que ocurrió el otorgamiento de un amparo que derivó en el pedido de la Fiscalía.
Según la Fiscalía de Delitos Administrativos, la juzgadora otorgó un amparo el 1 de junio de 2020, en contra del jefe y encargado del Departamento de Análisis de Riesgo de la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC), en donde se autorizó la entrega de armamento y chalecos antibalas a personas particulares, «sin tener a la vista y requerir el informe de análisis de riesgo», por lo cual se consideró que podría haber cometido el delito de resoluciones violatorias a la Constitución.
Mientras que la solicitud de retiro de inmunidad contra el diputado del Congreso Aldo Dávila le tomó al Ministerio Público 229 días, después de que ocurrieron los hechos por los cuales fue denunciado el congresista, en este caso la denuncia se deriva de una manifestación ocurrida el 4 de septiembre de 2020, frente al Palacio Legislativo.
“DESEAN LIMITAR FUNCIONES”
Por aparte, su abogado indicó que, con la solicitud de antejuicio, pareciera que desean limitar la función del legislador de fiscalizar e intermediar. Destacó la fiscalización de la ejecución de recursos del Bicentenario, así como de los Q6 mil millones del Bono Familia, y compras y contrataciones de instituciones públicas.
“No es posible que se siga utilizando a la PNC para este tipo de situaciones, donde en lugar de armar casos para criminalizar a defensores de derechos humanos, usando indebidamente el derecho penal, ahora se quiera criminalizar a un funcionario público que ha estado intermediando y fiscalizando el funcionamiento adecuado de la administración pública.”, puntualizó.
Lea: Aldo Dávila insiste que fue atentado y que teme por su vida
