Por Lourdes Arana
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En la audiencia de solicitud de medidas de coerción del caso Red de Poder Corrupción y Lavado que se llevó a cabo en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Gustavo Alejos Cámbara aseguró ante la jueza Erika Aifán sentirse mal y padecer síntomas relacionados al Covid-19.
Debido a los posibles padecimientos presentados por Alejos Cámbara, la jueza Aifán autorizó que fuera trasladado al Hospital General San Juan de Dios para que le practiquen la prueba para detectar ese virus, además, establecer su estado de salud.
La decisión de un traslado a un centro asistencial público y no a uno privado, se debió a los antecedentes de Gustavo Alejos, quien en febrero del año pasado fue reingresado a prisión preventiva, luego que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), documentó que este se reunió en un sanatorio privado con abogados, diputados, jueces y magistrados para negociar las nóminas de las Comisiones de Postulación para elección de magistrados del siguiente periodo, en el caso denominado Comisiones Paralelas 2020.
SOLICITUD DE ACUSACIÓN Y APERTURA A JUICIO
La FECI presentó el 30 de noviembre de 2020, la acusación y solicitud de apertura a juicio en la vía del procedimiento común en contra de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exsecretario de la presidencia del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sindicado en el caso Red de Poder Corrupción y Lavado.
El requerimiento se realizó por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo y defraudación tributaria.
La acusación fue soportada por 421 medios de investigación documental y 67 medios de investigación material.
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EL CASO
La investigación en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado, destaca que se deriva del caso denominado “Construcción y corrupción”.
Según las pesquisas de la Fiscalía, en este expediente se busca determinar la responsabilidad penal de Otto Pérez Molina, Gustavo Alejos, Juan de Dios Rodríguez, el exvicepresidente Gustavo Espina y Acisclo Valladares Urruela, entre otros, en actos anómalos.
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La línea de investigación presentada por la FECI es el hallazgo de una red de personas con alto poder político que se coordinaron para obtener beneficios personales mediante cobros ilícitos.
Para el pago y cobro de comisiones ilícitas, la agrupación criminal utilizó el sistema bancario nacional e internacional, particularmente el panameño, y para el manejo del dinero producto de coimas acordadas, se utilizaron sociedades off shore ubicadas en Panamá.
