Por Lourdes Arana
lcarana@lahora.com.gt
La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), presentó este miércoles la apelación en contra la resolución del juez Tercero Penal, Mynor Moto, por otorgar 16 faltas de mérito y arresto domiciliario a dos señalados en la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango.
Stuardo Campo, titular de esta Fiscalía, comentó que desde el pasado viernes cuando se dictaron las faltas de mérito a favor de 16 señalados en el caso, se le comentó al juez Moto que se “utilizarían todos los medios de impugnación para revertir su decisión”.
La Fiscalía contra la Corrupción del MP, presentó apelación contra la resolución del juez Tercero Penal, Mynor Moto, por otorgar 16 faltas de mérito y arresto domiciliario a dos implicados en la investigación del caso Libramiento de Chimaltenango.
Foto: Archivo pic.twitter.com/whZDfiZo9c
— Diario La Hora (@lahoragt) October 21, 2020
Según Campo, todas las personas a quienes se les dictó falta de mérito se les habían atribuido diferentes delitos, entre ellos, peculado por sustracción y argumentó que “los funcionarios que permitieron la sustracción de los recursos del Estado por un poco más de Q15 millones que se pagaron por terrenos inexistentes o en donde se simuló por parte de este grupo de personas tener derechos de posesión que realmente no los tenían”.
Además, enfatizó que cinco funcionarios no fueron ligados a proceso penal, “creemos nosotros que debieron obviamente ser vinculados”, dijo Campo.
MEDIDAS DE COERCIÓN NO DEBIERON SER OTORGADAS
Por otro lado, Stuardo Campo dijo que la Fiscalía no estaba de acuerdo en que el juzgador otorgara medidas de coerción a favor de Carlos Enrique Figueroa Ravanales representante legal de RENOVA y Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del Consejo de Administración de CONASA.
Ambos fueron beneficiados con arresto domiciliario, obligación de firmar el Libro de Medidas Sustitutivas cada 15 días, prohibición de salir del país sin autorización alguna, prohibición de comunicarse con los demás coimputados o personas relacionadas a la presente investigación y una caución económica de Q150 mil para cada uno de los sindicados.
