Más de 3 mil 500 menores de edad han sido remitidos a juzgados por conflicto con la ley penal en Guatemala durante los últimos cinco años, en medio de un escenario donde las autoridades advierten que las estructuras criminales continúan aprovechando condiciones de vulnerabilidad familiar, abandono y falta de supervisión para reclutar adolescentes en sectores dominados por pandillas.
Según investigaciones de las fuerzas de seguridad y entidades de protección a la niñez, lejos de integrarlos inmediatamente a las estructuras criminales, muchos adolescentes son captados de manera gradual a través de tareas consideradas “favores”, como vigilancia, cobros de extorsión o traslado de ilícitos.
Sin embargo, conforme avanza el vínculo con las pandillas, algunos terminan involucrados en hechos armados, portación ilegal de armas y ataques contra integrantes de grupos rivales, una situación que mantiene en alerta a las instituciones de seguridad y protección de la niñez.
Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que, durante los últimos cinco años, miles de menores han sido remitidos a juzgados por distintos hechos relacionados con conflicto con la ley penal, cifras que evidencian la constante participación de adolescentes en dinámicas delictivas que preocupan a las autoridades.
- 2022: 872 menores remitidos
- 2023: 1 mil 025 menores remitidos
- 2024: 715 menores remitidos
- 2025: 680 menores remitidos
- 2026: 290 menores remitidos hasta la fecha
Pese a que las cifras reflejan una disminución en comparación con los registros más altos reportados en 2023, cuando fueron remitidos 1 mil 025 menores, las autoridades reconocen que los números continúan siendo alarmantes debido a la constante participación de adolescentes en hechos vinculados con conflicto con la ley penal y dinámicas criminales relacionadas con pandillas.
Aunque las autoridades aclaran que no todos los casos corresponden directamente a pandillas, sí reconocen una presencia constante de adolescentes involucrados en dinámicas criminales relacionadas con estas estructuras y advierten que el fenómeno continúa representando un reto para las instituciones de seguridad y protección de la niñez en el país.
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EL RECLUTAMIENTO INICIA CON “FAVORES”
De acuerdo con Jorge Chinchilla, portavoz del Ministerio de Gobernación, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y la Subdirección General de Prevención del Delito han identificado patrones constantes sobre cómo operan las estructuras criminales para acercarse a niños y adolescentes.
Según explicó, en muchos casos los menores son utilizados inicialmente como “paros”, término empleado dentro de las pandillas para referirse a personas que realizan tareas de apoyo para las estructuras criminales.
“El tipo de rol que se les designa dentro de las estructuras criminales varía y muchos de los casos únicamente son paros”, indicó Chinchilla.
Entre las actividades asignadas figuran vigilar movimientos policiales, alertar sobre la presencia de grupos rivales, trasladar objetos ilícitos o participar en cobros de extorsión, tareas que las autoridades consideran una de las primeras etapas de involucramiento dentro de las pandillas.
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Las investigaciones también han permitido identificar casos donde adolescentes pasan de cumplir funciones de apoyo a participar directamente en hechos violentos.
“Se ha logrado observar incluso menores de edad quienes ya dentro de las estructuras criminales son gatilleros”, señaló el portavoz del Ministerio de Gobernación, al referirse a menores utilizados para ejecutar ataques armados o participar en hechos contra integrantes de grupos rivales.
EL PERFIL: MENORES EN ENTORNOS FRÁGILES
Información recopilada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), particularmente en casos relacionados con alertas Alba-Keneth, refleja que las estructuras criminales suelen enfocarse en adolescentes con condiciones específicas de vulnerabilidad.
La institución identificó patrones recurrentes en menores presuntamente vinculados a procesos de reclutamiento: inestabilidad familiar, escaso acompañamiento parental, vínculos afectivos débiles y permanencia frecuente en espacios públicos sin supervisión de adultos.
A ello se suma la influencia del entorno donde residen, por lo que las autoridades sostienen que las pandillas mantienen una presencia más fuerte en determinados sectores urbanos y periféricos, donde el contacto cotidiano entre adolescentes y estructuras criminales facilita el reclutamiento.
“El perfil va variando, tomando en cuenta muchos de los casos en lugares donde hay presencia de estructuras criminales”, indicó el portavoz del Ministerio de Gobernación.
Entre las áreas donde se ha identificado mayor incidencia figuran sectores de la zona 18, zona 1, Villalobos, zona 12 y El Búcaro, lugares donde agentes han detectado menores realizando cobros de extorsión, portando armas de fuego o participando en otras actividades ilícitas.
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LA AUSENCIA DEL HOGAR COMO SEÑAL DE ALERTA
Otro patrón que preocupa a las autoridades está relacionado con adolescentes reportados como desaparecidos de forma recurrente.
Según Chinchilla, existen casos donde los menores abandonan sus hogares durante varios días antes de ser localizados nuevamente, situación que en ocasiones termina vinculándose con estructuras criminales.
“Hay versiones donde se logra determinar que son reincidentes con temas de alerta Alba-Keneth; no solo se han ido una vez, dos veces, sino varias veces del hogar”, explicó.
Las autoridades señalan que, en muchos casos, las familias normalizan las ausencias temporales de los adolescentes hasta que el tiempo sin regresar aumenta considerablemente.
La PGN detalló que, tras la activación de una alerta Alba-Keneth, se desarrolla un abordaje interinstitucional para determinar si existe relación con procesos de reclutamiento o permanencia dentro de grupos delictivos.
Una vez localizado el adolescente, se realizan evaluaciones integrales sobre su entorno familiar, posibles vulneraciones de derechos y condiciones de protección.
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CUANDO EL ENTORNO FAMILIAR TAMBIÉN ES CRIMINAL
Es importante mencionar que las autoridades reconocen que uno de los escenarios más complejos ocurre cuando las actividades ilícitas ya forman parte del entorno familiar del menor.
“En muchos de los casos también se ha visto situaciones donde la familia es criminógena”, explicó Chinchilla.
Según detalló, existen casos donde padres, hermanos u otros familiares mantienen vínculos con actividades criminales, lo que incrementa la probabilidad de que los adolescentes reproduzcan esas conductas o sean integrados con mayor facilidad a estructuras delictivas.
Este contexto, sumado a la falta de supervisión y a la necesidad económica, crea un escenario propicio para que las pandillas encuentren menores disponibles para realizar actividades ilícitas.
PREVENCIÓN DENTRO DE LAS ESCUELAS
Ante este panorama, la Policía Nacional Civil mantiene programas de prevención dirigidos a estudiantes en áreas consideradas de riesgo.
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, agentes de prevención del delito desarrollan charlas semanales dentro de establecimientos educativos para advertir sobre las consecuencias del involucramiento en pandillas, el consumo de drogas y otras conductas delictivas.
Las actividades incluyen coordinación con maestros, directores y padres de familia, además de programas recreativos como la Liga Atlética Policial y escuelas de fin de semana, con el objetivo de ocupar el tiempo libre de niños y adolescentes en espacios alejados de la violencia.
Las autoridades consideran que la participación familiar continúa siendo uno de los factores más importantes para detectar cambios de comportamiento.
“Si el menor aparece con un teléfono, videojuegos, tenis u objetos que la familia no le compró, es importante hablar y determinar qué está ocurriendo”, advirtió Chinchilla.
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UN FENÓMENO LIGADO A PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Instituciones de seguridad y protección de la niñez coinciden en que el reclutamiento de menores por pandillas no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores sociales, económicos y familiares.
La desintegración familiar, la violencia comunitaria, la falta de oportunidades, la presencia territorial de pandillas y la ausencia de supervisión son algunos de los elementos que continúan facilitando que adolescentes terminen vinculados a estructuras criminales.
Mientras tanto, las autoridades reconocen que el desafío no se limita únicamente a las capturas o a la persecución penal, sino a fortalecer las medidas preventivas y generar condiciones que reduzcan la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente al crimen organizado.
RECLUTAMIENTO Y CAPTACIÓN EVOLUCIONAN
El avance del reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales también ha comenzado a modificar la forma en que las instituciones abordan estos casos. Durante una Mesa de Alto Nivel realizada en 2026 por la Secretaría de Bienestar Social (SBS), autoridades advirtieron que el perfil de los adolescentes vinculados a pandillas ha cambiado en los últimos años.
Según expusieron durante la reunión, muchos de los menores atendidos actualmente ya presentan vínulos previos con estructuras criminales, consumo de sustancias y antecedentes delictivos, una situación que refleja cómo las pandillas continúan ampliando sus mecanismos de captación en sectores vulnerables.
Además, señalaron que las dinámicas de reclutamiento han evolucionado al punto de alcanzar incluso a adolescentes dentro de hogares de protección, lo que evidencia un fenómeno cada vez más complejo para las instituciones encargadas de la protección y resguardo de menores en conflicto con la ley penal.
