Las constantes denuncias que se presentan en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) han presionado para que la jefa de esa unidad, Leslie Tzicap, promueva la aprobación de una nueva ley para la protección del consumidor y usuario.
Tzicap, en distintas citaciones en el Congreso de la República, ha reiterado la necesidad de actualizar la normativa para mejorar la atención a las personas que presentan quejas y denuncias por servicios o productos que no cumplen con lo promovido.
La directora de la Diaco acudió a una reunión con el presidente de la comisión legislativa de Defensa del Consumidor y resaltó que entre los objetivos de la nueva ley está convertir la institución en «más eficiente», ya que actualmente enfrentan limitaciones, entre ellas, la independencia.
La propuesta de ley contempla ascender a dirección general a la Diaco, si no es que a una Procuraduría, como se estableció en el Decreto 6-2003. La directora indicó que con eso la entidad tendría mayor alcance en regulaciones y sanciones, así como fortalecer las sedes en el país para que dicho alcance llegue a los consumidores.
Los 10 derechos del consumidor que DIACO establece para garantizar compras justas
#AhoraLH | Leslie Tzicap explica ante los diputados los objetivos de modernizar la Ley de la Diaco.
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— Diario La Hora (@lahoragt) 28 de mayo de 2026
DETALLES DE PROPUESTA
El asesor legal de la Diaco, Helmer Gómez, indicó que la propuesta de ley es una actualización de la legislación de la Diaco, donde se incluyan aspectos sustantivos y adjetivos necesarios para defender a los usuarios y consumidores, con el componente tecnológico.
«También se busca mejorar los sistemas de aplicación del procedimiento sancionatorio para que efectivamente la Dirección proceda a realizarlos y tenga un basamento legal para sancionar a los proveedores que infrinjan la ley, pero dándoles un resarcimiento a los consumidores, lo que actualmente no sucede con la ley, pues únicamente establece que se debe sancionar al proveedor y dicha sanción va para el Estado, propiamente para los fondos privativos de la Diaco, que sirven para capacitación. No tenemos mayor amplitud para realizar una buena sanción», explicó Gómez.
El abogado explicó que se busca que la Diaco se convierta en una dirección general, ya que tendría libertad presupuestaria, económica y autonomía funcional, que en materia sustantiva dependería del Ministerio de Economía, lo que haría más ágiles los procedimientos al no tener reserva de estar centralizada en trámites y procedimientos de una dirección.
Gómez recordó que la Ley de la Diaco estableció que, después de cinco años de su vigencia, los diputados debían aprobar una procuraduría de la defensa del consumidor y usuario, pero en la actualidad no ha sucedido.
En el primer año de la Décima Legislatura se avanzó en la aprobación de la iniciativa de ley 5082 hasta tercera lectura, pero por señalamientos de diferentes sectores quedó detenida, y según la Diaco es «difícil» revivir políticamente dicho proyecto de ley.
Tzicap añadió que han revisado en Derecho Comparado la necesidad de la separación de las funciones, ya que en otros países se han creado procuradurías o direcciones independientes y autónomas para imponer sanciones correspondientes a quienes infrinjan la ley.
Leyes protegen a los consumidores, pero aún se vulneran sus derechos
