El nombramiento de Ligia Hernández como directora del Instituto de la Víctima marcó un intento por revitalizar una institución señalada de ser un botín político para congresistas a través de supuestas plazas fantasma y que, además, no se dedicó a garantizar la atención a las víctimas de violencia cuando la exdirectora, Alejandra Carrillo, estuvo al frente.
En tanto, la nueva directora, Rebeca González Leche, asume el reto que quedó inconcluso al respecto de los señalamientos de la gestión de Carrillo, a quien la Fiscalía pidió que se le cerrara un caso sobre plazas fantasma recientemente.
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— Diario La Hora (@lahoragt) December 26, 2024
Hernández resultó marcada por la ofensiva del Ministerio Público (MP), dirigido por María Consuelo Porras, que culminó en su detención, una condena por aceptación de cargos y, finalmente, su renuncia irrevocable, cerrando un ciclo de apenas poco más de siete meses al frente de la entidad.
Al frente del Instituto, Hernández denunció a Carrillo por cuatro delitos, entre ellos el de desobediencia, por oponerse a entregarle la dirección del Instituto tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad. La institución a la que Carrillo se aferraba no contaba con el suficiente personal para atender a las víctimas.
CRUZADA ANUNCIADA
Hernández fue diputada del Movimiento Semilla entre 2020 y 2024 y una de las fundadoras del partido que llevó al poder al presidente Bernardo Arévalo en las elecciones generales de 2023. La persecución contra Hernández ya había sido anunciada siete meses antes de su captura en una conferencia de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Entonces, el jefe de esa Fiscalía, Rafael Curruchiche, reveló que había solicitado su retiro de inmunidad por presuntamente incurrir en el delito de financiamiento electoral no registrado. La inmunidad que gozaba como diputada detenía a la maquinaria del MP para ir en su contra. Su retiro de antejuicio debía resolverse antes.
Sin embargo, Hernández no se postuló a ningún cargo de elección popular. De hecho, dimitió a su reelección denunciando que Semilla había designado las casillas con “prácticas antidemocráticas”. De esa cuenta, el 14 de enero perdió la inmunidad y quedó la vía libre del MP para accionar en su contra. Arévalo no la nombró en un cargo que la hiciera gozar de inmunidad.
Para el 2 de febrero, Arévalo destituyó a Carrillo, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos por presuntos actos de corrupción, y Hernández heredó el Instituto de la Víctima, que en los cuatro años que estuvo su antecesora desembolsó Q165 millones.
MATERIALIZACIÓN DE LA PERSECUCIÓN
El 14 de agosto, la trayectoria de Hernández dio un giro drástico. Fue detenida por orden del juez Fredy Orellana, sancionado por 42 países por intentar dar un golpe de Estado para que Arévalo no tomara posesión. Curruchiche y Porras también fueron vetados de esos países.
La detención se materializó en las oficinas del Instituto de la Víctima y Hernández fue trasladada al edificio de Torre de Tribunales. “Hoy se comete una nueva injusticia a manos del MP. Por más que quieran criminalizarme, yo no les tengo miedo”, advirtió en ese momento.
Dos días después fue ligada a proceso penal y enviada a prisión preventiva por el delito de financiamiento electoral no registrado. El juez Orellana indicó que existían indicios «racionales suficientes para dictar un auto de procesamiento».
La fiscal Leonor Morales, también sancionada, en la imputación señaló que Hernández, como secretaria general adjunta 1 de Semilla, aprobó el informe económico de la organización política que presentó el Comité Ejecutivo Nacional, pero que contiene «serias ilegalidades».
De esa cuenta, Hernández fue enviada al centro carcelario Mariscal Zavala. La salud de la exdiputada resultó comprometida y pese a las repetidas solicitudes hacia el juez Orellana para que le otorgara arresto domiciliario, este le negó la libertad condicional esgrimiendo que aún era la directora del Instituto y al tener conexión con el gobierno de Arévalo existía un «peligro de fuga y obstrucción para averiguar la verdad».
ACEPTACIÓN TRAS NEGARLE LIBERTAD
Para el 11 de noviembre, tres meses después de permanecer privada de libertad, Hernández optó por acogerse a la Ley de Aceptación de Cargos —un procedimiento que al colaborar con la justicia admitiendo responsabilidad reduce la pena impuesta en un 50 por ciento—.
Este acto le permitió evitar un juicio largo, pero resultó en una condena de un año de prisión conmutable —es decir, sin permanecer en la cárcel— y una multa de Q10 mil. El juez Orellana le otorgó la suspensión de la pena, lo que permitió su regreso a la vida pública.
En un comunicado, Hernández explicó que su decisión no fue motivada por interés personal, sino por proteger a su familia y preservar su integridad. «Cada minuto en prisión es una tortura y finalmente llegué a mi límite», dijo.
REGRESO BREVE Y RENUNCIA
El 9 de diciembre, Hernández anunció su regreso al Instituto de la Víctima. En su mensaje destacó: «Hoy regreso con gratitud, con determinación y sin ningún impedimento a cumplir con el mandato que me fue encomendado».
Sin embargo, los desafíos políticos y las amenazas persistentes llevaron a que el 16 de diciembre, una semana después, presentara su renuncia irrevocable.
En una carta dirigida al presidente Arévalo, Hernández expresó: «Tras una profunda reflexión y al no encontrar las condiciones adecuadas para el óptimo desempeño de mis labores, presento mi renuncia irrevocable al cargo de Directora General del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito».
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Hernández de nuevo mencionó que su decisión respondía a la necesidad de resguardar su seguridad y la de su familia. Aunque dejó el cargo, dejó un llamado para que la institución mantuviera una gestión transparente y orientada al servicio público.
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ASUME NUEVA DIRECTORA
Tras la renuncia de Hernández, es Rebeca González quien asume como Directora del Instituto de la Víctima.
El IDV destacó la trayectoria de la nueva directora, quien cuenta con experiencia en el ámbito de la justicia, especializada para las víctimas de delitos.
CIERRAN CASO CONTRA CARRILLO A SOLICITUD DEL MP DE CONSUELO PORRAS
En agosto recién pasado La Hora publicó la nota: «Cierran caso contra Alejandra Carrillo por 109 plazas fantasma en Instituto de la Víctima».
La publicación mencionaba como a solicitud del Ministerio Público, que dirige la fiscal general María Consuelo Porras, el Juzgado Segundo Penal B decidió cerrar la investigación en contra de la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo.
«Por otra parte, Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción —la unidad que abrió la carpeta—, se encuentra encarcelado desde diciembre de 2023 por dos casos señalados de persecución política a manos de Porras. Asimismo, Eduardo Pantaleón, auxiliar fiscal que tuvo a cargo el caso, fue detenido y tras varios meses venció en juicio la débil acusación del MP», indicaba dicha publicación.
Esa publicación, también destaca un reportaje de La Hora de 2021, que reveló que «de 48 expedientes presentados para igual número de plazas, 13 personas fueron contratadas a pedido de distintos diputados del entonces partido oficial Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS) —con el que llegó Alejandro Giammattei a la presidencia—.
Además, una declaración que rindió la exasesora de Carrillo, Evelyn Vega, al MP señaló que en 2020 el Instituto de la Víctima lanzó una convocatoria para contratar a profesionales de distintas ramas. Según las pesquisas, el operador de VAMOS detrás de las contrataciones apuntaba a Miguel Martínez, pareja de Giammattei y exdirector del Centro de Gobierno, sancionado por EE. UU. bajo la Ley Magnistky por incurrir en actos de corrupción.
El 14 de agosto 2020, en una llamada telefónica entre Carrillo y Giammattei, el mandatario le habría dado la instrucción que todo lo relacionado con las contrataciones de los candidatos del partido VAMOS se trataría con Martínez, menciona la publicación de este diario».
LAS CAPTURAS DE PANTALLA
Entre las capturas de pantallas de los chats que constan en la investigación y a los cuales tuvo acceso La Hora sobresalía una conversación de WhatsApp con fecha 23 de agosto de 2020.
Carrillo expresaba su molestia en torno a la actitud de Martínez y las presiones ejercidas para sacar a su hermana, por lo que aseveró:
“¿Quién recibió los expedientes del HDP del Miguel Martínez? A la Kelly le dijeron que era correspondencia de Casa Presi. Que el HDP viendo como saca a mi hermana, y diciendo que me dejen Q20 M de presupuesto porque no cumplí. Vos sí a él fue al que más se le contrató”, se lee sobre una amenaza que sería de Martínez a Carrillo de reducirle el presupuesto al Instituto por medio del Congreso.
«LA PATY SE HA PORTADO RELINDA»
La Hora también publicó el trabajo titulado como: «“La Paty se ha portado relinda”; el mensaje que explica mucho de la justicia en GT».
Ese reportaje, en tanto, hacía mención de lo revelado por una fuente a La Hora, sobre la amistad de Carrillo con la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Patricia Valdés.
NESTER VÁSQUEZ, CARRILLO Y SU ESPOSO FELIPE ALEJOS
Otro reportaje de La Hora, precisamente hacía mención que el «presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, le sigue operando a la exdirectora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, y su esposo, el diputado Felipe Alejos».
Específicamente, el trabajo destacaba que desde hacía semanas, «el magistrado de la alta corte mantiene engavetados los amparos definitivos que abren la puerta para ponerle fin a la denuncia que Carrillo interpuso en 2021 contra los directivos de La Hora por una serie de publicaciones que la señalaron».
Carrillo presentó una denuncia ante autoridades por supuesta violencia contra la mujer en contra del presidente de La Hora, Oscar Clemente Marroquín, y el director general de este diario, Pedro Pablo Marroquín.
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