Los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentaron un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que busca revocar la decisión de la Sala Primera de Apelaciones, que en su última resolución hizo varias modificaciones a lo ordenado por la jueza Karen Chinchilla en su audiencia de primera declaración por la supuesta compra irregular del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se usó en los comicios de 2023.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 10, 2024
El pasado 9 de abril, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas presentaron dicho recurso ante la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Suprema con el fin de conseguir un fallo que los regrese a la situación jurídica que les dictó Chinchilla, en la que les fijó una fianza de Q100 mil, prohibición a salir del país, pero que les permitía ejercer el cargo de magistrados.
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PROHIBICIÓN AL CARGO ES ILEGAL
El abogado defensor de los magistrados, César Calderón, expuso a la Corte que la decisión de la Sala Primera de Apelaciones de prohibirles ejercer el cargo es «aberrante y contraria a la ley y rebasa el ámbito de las facultades de los magistrados de Sala», indicó.
«En este orden de ideas debemos apreciar que el artículo 264 del Código Procesal Penal, concede al juzgador un abanico de posibilidades en cuanto a la aplicación de medidas sustitutivas, pero jamás contempla como medida sustitutiva que se pueda prohibir seguir ejerciendo un cargo de magistrado», subrayó el profesional del derecho.
Calderón recalcó que «al no contemplarse en el artículo 264 la posibilidad de prohibir el ejercicio de un cargo que fue otorgado por el Congreso de la República de Guatemala en un proceso de selección, una Sala de Corte de Apelaciones no puede prohibir el ejercicio de tan dignos cargos».
«La disposición de prohibir el ejercicio del cargo de magistrado titular del Tribunal Supremo Electoral no tiene asidero legal, y violenta el principio de legalidad y adhiere al código procesal penal la institución de la “prohibición” para ejercer cargo de magistrado del Tribunal Supremo Electoral», refirió el amparo.
El abogado apuntó que Rafael Morales Solares, Aura Marina Mancilla Solares de Rodríguez y Germán Augusto Gómez Cachín, magistrados de la Sala Primera de Apelaciones, incurrieron en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato al emitir la resolución, puesto que «inventaron una institución que no contempla el Código Procesal Penal en su artículo 264 como es la “prohibición de ejercer el cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral’”.
SALA SE EXTRALIMITÓ
Asimismo, el amparo busca que la Suprema revoque el aumento de la caución económica que impuso la Sala Primera de Apelaciones. De Q100 mil que fijó la jueza Chinchilla la última resolución sube a Q700 mil el pago de la misma. Esta resolución es derivada de una apelación que presentó el Ministerio Público (MP) al no estar conforme con lo dictado por la juzgadora, sin embargo, no solicitó aumentar el monto de la fianza.
«Esta modificación a la caución económica resulta ser “Ultra petita” o bien, “Extra petita”. Es menester referirnos al escrito que contempla la impugnación de apelación planteada por el Ministerio Público mediante memorial de fecha 18 de marzo del año 2024, por cuanto que la Fiscalía en ningún momento solicita que se modifique o aumente la caución económica», resaltó el defensor.
El abogado argumentó que en ninguna parte de las peticiones la Fiscalía solicita que se modifique la caución económica impuesta por la jueza. «Si bien es cierto que los Magistrados de Sala de la Corte de Apelaciones pueden confirmar, revocar, reformar o adicionar la resolución, también resulta veraz que tal modificación a la caución económica no es un asunto que se discutía en la apelación planteada por el Ministerio Público».
UN DELITO MÁS A PALENCIA
Los cuatro magistrados fueron ligados a proceso penal por la posible comisión del delito de fraude, a la magistrada Palencia se le imputó el delito de abuso de autoridad, pero la jueza Chinchilla dictó falta de mérito a su favor. Sin embargo, la Sala decidió que sí debe enfrentar un proceso por este segundo delito.
De acuerdo con el amparo, el MP durante su exposición ante la jueza presentó la misma imputación por el delito de fraude y abuso de autoridad en contra de Palencia. «La plataforma fáctica para lograr auto de procesamiento por los delitos de fraude y abuso de autoridad en contra de la magistrada Palencia Orellana es la misma», refirió.
«No obstante, los verbos rectores de ambos delitos son diferentes en el catálogo penal. b) La jueza de garantías lo dijo muy claramente, que el delito de fraude por el cual fuimos procesados todos, subsume necesariamente la conducta consiste en firmar un contrato, en otras palabras, para tipificar fraude fue necesario la firma del contrato de la adquisición del TREP», aseguraron los magistrados.
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CSJ ABRAZA NARRATIVAS DE FRAUDE
En las últimas semanas la CSJ, que dirige el magistrado Oscar Cruz, ha abrazado la narrativa del MP y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Sandra Torres, de la posibilidad de un fraude electoral en los comicios de 2023, que le dieron la victoria al binomio presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
La semana pasada la Suprema dio luz verde al Congreso de la República para que inicie el proceso de retiro de inmunidad en contra de los cuatro magistrados del TSE y un suplente por dos denuncias. En una causa se cuestionan los resultados de las votaciones y en otra la inscripción de Manuel Baldizón como candidato a diputado en las elecciones generales de 2023.
Ahora corresponde que el Congreso defina cuántas Comisiones Pesquisidoras instalará por los antejuicios tramitados contra los magistrados del TSE. Mientras tanto, los funcionarios también enfrentan un primer proceso plegado de irregularidades y señalado como una persecución política, según la comunidad internacional.
