La evidencia material con la cual la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP) intenta sustentar su acusación en el juicio que se sigue en contra del auxiliar fiscal Eduardo Pantaleón está perdida en la sede del ente investigador. Así lo indicó la fiscal Brenda Guzmán, quien está a cargo del caso, al juez Erick Velásquez.
Este viernes 5 de abril, se llevó a cabo la cuarta audiencia del debate oral y público en contra de Pantaleón, a quien se le acusa del supuesto mal manejo del expediente del caso Libramiento de Chimaltenango cuando laboraba en la Fiscalía contra la Corrupción.
El proceso en contra del auxiliar fiscal es señalado tanto por él como por diversos sectores, como una venganza por investigar a políticos influyentes durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
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EVIDENCIA EXTRAVIADA
Para este día se tenía contemplado que la fiscal Guzmán, en representación del MP, finalizara de incorporar la prueba documental y material que utilizará en el juicio para acusar a Pantaleón. Sin embargo, se excusó ante el juez por segunda vez y reveló que la evidencia material se está perdida.
Se trata de un libro de actas que contiene los ingresos y egresos del auxiliar fiscal a la Fiscalía Liquidadora, unidad a la que fue trasladado luego de investigar grandes casos en la Fiscalía contra la Corrupción. Este traslado fue por decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Asimismo, las cadenas de custodia de la evidencia del caso Libramiento de Chimaltenango también se fueron extraviadas. De acuerdo con Guzmán, ambas evidencias fueron trasladadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar un cotejo de firmas y al ser devueltas habrían sido extraviadas por el MP.
De esa cuenta, la fiscal solicitó más tiempo al juez Velásquez en lo que se realizan las gestiones correspondientes en el ente investigador para encontrar las evidencias cuyo paradero se desconoce.
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SOBRE EL PROCESO
El pasado 10 de enero, el juez Jimi Bremer, del Juzgado Décimo Penal B, envió a juicio al fiscal anticorrupción por la posible comisión de los delitos de obstrucción a la acción penal e incumplimiento de deberes en un caso señalado de una persecución política contra el operador de justicia.
De acuerdo con la Fiscalía de Asuntos Internos, este supuestamente no entregó una serie de informes que implicaban al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y además habría rastreado llamadas telefónicas sin autorización judicial.
El auxiliar fiscal fue suspendido del cargo y no devenga sueldo desde mayo de 2022. Su estatus laboral en el ente investigador es contratado/inactivo.
Su jefe, Stuardo Campo, también fue capturado y enfrenta dos procesos penales. Por el primero, fue detenido en mayo. Varios meses después logró que se le diera una medida sustitutiva y se le colocó un dispositivo de control telemático.
Para diciembre, se ejecutó la segunda orden de aprehensión en su contra, por la cual se mantiene en prisión preventiva.
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