El secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, remitió un documento al presidente Bernardo Arévalo, esto luego que la Fiscal General María Consuelo Porras no asistió a la reunión programada para este miércoles 24 de enero.
Por medio de una nota oficial, Pineda respondió al oficio que la Presidencia de la República remitió a la Fiscalía el pasado viernes 19 de enero, en el cual se convocó a la jefa de la institución a la reunión.
🧵1/3 | El Ministerio Público remitió oficio a la Presidencia de la República @GuatemalaGob @BArevalodeLeon, con relación a los 4 aspectos detallados en oficio recibido el 19 de enero de 2024. pic.twitter.com/XMKapSQLZZ
— MP de Guatemala (@MPguatemala) January 24, 2024
Según el llamado a Porras, Arévalo le pidió que presentara un informe por cuatro temas en específico, entre los cuales se incluyó la compra de vacunas rusas para contrarrestar el COVID-19, y si el MP había iniciado una investigación por el caso, entre otros aspectos.
LA EXCUSA
Pineda mandó en defensa de Porras un oficio a la oficina de Arévalo, en el cual detalló sobre la ausencia de la Fiscal General a la reunión, pero también sobre la información que el mandatario requería de la referida investigación.
En la respuesta que fue enviada al mandatario se incluyó el actuar y atribuciones del MP.
«Es necesario acotar que el actuar del Ministerio Público se enmarca en lo establecido en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Decreto cuarenta guion noventa y cuatro del Congreso de la República, Ley Orgánica del Ministerio Público, y demás leyes penales del país, por lo que cualquier interacción de este Ministerio, con el resto de entidades estatales, debe estar basada y contenida en dichas normas, atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico», se lee.
Pineda también resaltó los enunciados emitidos por la Corte de Constitucionalidad (CC), con respecto a las funciones del ente investigador.
«La Corte de Constitucionalidad en los expedientes acumulados 6237-2023, 6288-2023 y 6295-2023 ha establecido que: De conformidad con la disposición anterior surge un régimen constitucional del Ministerio Público cuya actuación se rige por los siguientes principios: a) el de unidad, desde luego que es una institución u órgano administrativo, integrado por diversos funcionarios que realizan cometidos institucionales; b) el de autonomía funcional, que implica que en el ejercicio de sus funciones no está subordinado a autoridad alguna; c) el de legalidad, puesto que su organización y funcionamiento se regirá por su ley orgánica, según lo dice el mismo artículo 251 de la Constitución; y d) el de jerarquía, ya que su Jefe es el Fiscal General de la República, única autoridad competente para dirigir la institución…», dice.
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INVESTIGACIÓN POR COMPRA DE VACUNAS
Dentro de los temas que el presidente iba a abordar con Porras, estaba la adquisición de las vacunas durante la pandemia del COVID-19.
Se explicó que la Fiscalía contra la Corrupción cuenta con una investigación relacionada con la adquisición de vacunas Sputnik-V, pero que no presenta avances.
Esta unidad investigadora está a cargo de Gilberto de Jesús Porres, esposo de la Fiscal General. Ambos funcionarios están sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que los incluyó en la Lista Engel como supuestos «actores corruptos y antidemocráticos».
En múltiples ocasiones, La Hora ha documentado por medio de notas y reportajes sobre un entramado en la adquisición de vacunas de origen ruso.
La adquisición del biológico apunta directamente al expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez, como unas de las personas señaladas detrás del contrato millonario que no se habría cumplido a cabalidad y que dicha investigación está detenida.
Ante ello, el secretario general del MP mencionó que, según la ley, el órgano encargado de la persecución penal no puede dar información de casos que se encuentran en investigación.
De esa cuenta, en el oficio firmado por Pineda y remitido a Arévalo, se lee: «en relación al primer aspecto mencionado en su oficio, me permito informar lo siguiente: El artículo 314 del Código Procesal Penal, regula que todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños».
La normativa establece que la información del expediente solo podrá ser examinada por:
El imputado.
Las personas a quienes se les haya dado intervención.
Los defensores.
Los mandatarios.
«El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave, por lo que no es dable para el Ministerio Público trasladar información relacionada a las investigaciones desarrolladas por esta institución, ya que de no cumplirse con dicha norma, será considerado como falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial», se consignó. (sic)
El oficio cuenta con 10 páginas en las que se excusa a la funcionaria de no asistir y que toda la información que solicitó Arévalo, no se le puede entregar porque los datos de dichas investigaciones serán reservados a extraños.
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