Por Sir Ronald Sanders
El artículo fue publicado por el medio: News Global
La Organización de los Estados Americanos (OEA) demostró su continua relevancia e importancia para los Estados miembros al desempeñar un papel constructivo para asegurar la transición del gobierno en Guatemala, a pesar de los numerosos intentos de perturbar el proceso.
Sin duda, si la OEA y su Secretario General, Luis Almagro, con el apoyo de Estados miembros clave del Consejo Permanente, no hubieran desempeñado un papel activo como mediador, negociador e influyente, Guatemala enfrentaría actualmente una crisis constitucional y disturbios civiles.
A medida que se acercaba el período previo a las elecciones presidenciales y legislativas en Guatemala en junio de 2023, las señales de problemas eran evidentes.
Gran parte de las preocupaciones se centraron en el deterioro del Estado de derecho, las amenazas a la independencia judicial y las actividades de la fiscal general del país, Consuelo Porras, y del fiscal especial del Ministerio Público, Rafael Curruchiche. La Unión Europea (UE) estaba entre los organismos internacionales que habían expresado persistentemente preocupaciones sobre Porras.
Bajo la dirección de Porras y Curruchiche, el Ministerio Público utilizó su “independencia” y la ausencia de cualquier institución que supervisara sus actividades para llevar a cabo una campaña de intimidación política contra personas y partidos políticos. Luego de las elecciones de julio de 2023 en las que Bernardo Arévalo emergió en segundo lugar como aspirante a la presidencia del país, el Ministerio Público centró su atención en inhabilitarlo a él, a su compañera de fórmula a la vicepresidencia, Karin Herrera, y a su Semilla. Fiesta.
Cuando Arévalo obtuvo una abrumadora mayoría en la segunda vuelta de las elecciones del 20 de agosto de 2023, el Ministerio Público intensificó sus ya estridentes esfuerzos para descalificarlo a él y a los candidatos del partido Semilla. Aprovechando el interregno antes de que Arévalo pudiera jurar como presidente el 14 de enero de 2024, el Ministerio Público intensificó sus esfuerzos contra él y el Partido Semilla. Estas acciones crearon gran preocupación en la comunidad internacional, y especialmente entre ciertos estados miembros del Consejo Permanente de la OEA, de que la transición de poder, de acuerdo con la voluntad de la mayoría del electorado guatemalteco, sería revocada promoviendo un conflicto civil.
Sintiendo la necesidad de una intervención diplomática constructiva de alto nivel de la OEA en Guatemala para tratar de garantizar que la crisis que se avecinaba no ocurriera, una reunión informal del Consejo Permanente en julio de 2023 acordó que el Secretario General Almagro debería ir a Guatemala para utilizar sus buenos oficios para intentar sacar a todos los partidos del abismo al que los conducían con el Ministerio Público como piloto principal. Reconociendo que el consentimiento del gobierno de Guatemala era necesario para la visita de Almagro, se llegó a un acuerdo entre bastidores de que el gobierno debería invitarlo y, lo que es más importante, que debería ir con el pleno respaldo del Consejo Permanente de la OEA.
La OEA ya contaba con una Misión de Observación Electoral en Guatemala. Había realizado un trabajo valiente y altamente profesional al supervisar la primera vuelta de las elecciones celebradas en junio de 2023, pero contaba con un equipo técnico sobre el terreno desde enero de 2023. El informe preliminar y final de la Misión había ayudado a asesorar tanto al Consejo Permanente como a Almagro de los desafíos políticos que se gestaban y de la fragilidad de la situación.
En lo que debería considerarse como el mejor momento de Luis Almagro como secretario general, se embarcó en una exitosa misión de “buenos oficios” para asegurar la transición de gobierno. Entre el 1 de agosto de 2023 y el 15 de enero de 2024 visitó Guatemala en seis ocasiones, reuniéndose con todos los actores relevantes. Los días 15 y 16 de diciembre de 2023, como Presidente del Consejo Permanente, participé en reuniones de alto nivel con él.
La tarea era formidable; Las fuerzas que no estaban dispuestas a renunciar al poder persistieron en una implacable campaña de persecución, con el ministerio público a la vanguardia. Esto provocó que Almagro declarara, sin miedo, a principios de diciembre de 2023, que: “El Ministerio Público sigue empeñado en traer casos del pasado para afectar la transición”.
Además de sus propios buenos oficios, Almagro también envió dos misiones especiales de apoyo con el acuerdo del gobierno guatemalteco. Una era una “misión de transición” y la otra una “misión de mediación”. Este último fue enviado como resultado de protestas pacíficas, iniciadas por las comunidades indígenas y ancestrales el 2 de octubre de 2023, contra el Ministerio Público y en apoyo a Arévalo y el partido Semilla.
Como parte del compromiso de la OEA para garantizar que se respete la voluntad del electorado, en medio de los continuos esfuerzos por negar la toma de posesión de Arévalo y Herrera, un grupo de cinco embajadores, en representación del Consejo Permanente, viajó a Guatemala del 12 al 14 de enero de 2024 para conversaciones con las partes, incluida la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Sector Privado y las comunidades ancestrales.
Todo esto resultó ser vital. El Ministerio Público nunca cesó en sus intentos de procesarla. Hasta dos días antes de la ceremonia de toma de posesión, todavía intentó quitarle la inmunidad a la vicepresidenta electa para continuar las investigaciones en su contra. Y el 14 de enero de 2024, día de la toma de posesión prevista para las 2 de la tarde, las fuerzas de oposición libraron una acción desesperada de último momento en el Congreso para detener la toma de posesión de Arévalo y Herrera.
A Luis Almagro le correspondió emitir una declaración pública, esa misma noche, en nombre de todos los presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y representantes diplomáticos, llamando al Congreso a “cumplir su mandato constitucional de entregar el poder como lo exige la Constitución” y enfatizando que la voluntad del pueblo guatemalteco “debe ser respetada”.
La situación en Guatemala todavía no está definitivamente resuelta. Una decisión del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de enero de 2024, que cuestiona la composición de la Mesa del Congreso, ha abierto un nuevo ámbito de controversia. Afortunadamente, la misma decisión “convalidó” la juramentación del presidente y vicepresidente.
Además, el Ministerio Público permanece, encabezado por una fiscal general que es evidentemente antagonista del nuevo gobierno, pero que está protegida de ser destituida por cualquier institución u órgano a menos que sea “condenada por un delito intencional”. Es poco probable que una vez que asuma el cargo –y lo estará por otros dos años– su campaña, obviamente apoyada por grupos poderosos, termine.
Por lo tanto, si bien la OEA ha demostrado su relevancia e importancia con su vital labor, en relación con Guatemala, esa labor aún no ha terminado. La tarea de apoyar la democracia, el estado de derecho y el desarrollo social y económico inclusivo en Guatemala sigue en su agenda.
