Durante la audiencia de primera declaración en “Caso toma de la Usac: Botín Político”, el Ministerio Público (MP) solicitó que se ligue a proceso penal a los seis detenidos por dicha investigación.
El fiscal del MP, Saúl Sánchez pidió al juez Víctor Cruz abrir una investigación por cuatro presuntos delitos a los seis detenidos. “Violaron la autonomía universitaria con la comisión de posibles ilícitos”, sostuvo.
Según el fiscal Sánchez, los detenidos no optaron por un diálogo o acudir a las instancias legales para llegar a un acuerdo y así desistir de la toma de las instalaciones de la Usac.
“Es necesario que ligue a proceso penal a los sindicados por el delito de depredación de bienes culturales en forma continuada”, pidió el fiscal Sánchez al juez Cruz.
Sánchez señaló a Marcela Blanco y aseguró que la participación de los partidos Movimiento Semilla, Winaq y VOS estuvieron detrás de la organización de la toma de la universidad para impulsar candidaturas.
El MP finalizó su exposición y solicitó que se ligue a proceso a Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Martín Jorge Macario.
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Todos por los delitos en forma continuada de usurpación agravada, depredación de bienes culturales, sedición y asociación ilícita.
SE ABSTIENEN A DECLARAR
El juez Víctor Cruz otorgó tiempo a los detenidos porque tenían el derecho a declarar en ese momento procesal. “Aquí no se está hablando de culpabilidad, sino de posibles hechos”, indicó.
«Ustedes pueden declarar cuando deseen», agregó el juez Cruz.
Sin embargo, Marcela Blanco, Rodolfo Chang Shium, Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Javier Alfonso de León Gómez y Martín Jorge Macario, los seis detenidos se abstuvieron de declarar.
USAC SE ADHIERE COMO QUERELLANTE
Durante la audiencia, la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac) buscó definir su participación en el proceso en contra de los seis sindicados como querellante del caso.
Por ello, la abogada Wendy López, defensa de Blanco, aseguró que no se podía aceptar como querellante adhesivo a la Usac porque no “reunieron todos los documentos necesarios”.
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Además, porque pone en duda el nombramiento de Walter Mazariegos como rector de la Usac, quien firmó el mandato para que los abogados representen a la casa de estudios.
Pese a ello, el juez Víctor Cruz resolvió acreditar a la casa de estudios como querellante adhesivo en el proceso contra los seis señalados de tomar las instalaciones de dicha universidad estatal.
DEFENSORES PRESENTAN ARGUMENTOS
Luego de un receso de 50 minutos, el juez retomó la audiencia alrededor de las 19:15 horas, para que los abogados defensores presentaran sus argumentos.
PUAC: «PARECE QUE SE CRIMINALIZA PARTICIPAR EN POLÍTICA»
El primero en tomar la palabra fue el abogado de la licenciada Marcela Blanco, Javier Puac, quien argumentó que el Ministerio Público no logró probar que su defendida cometiera delitos el día que fue captada por videos y fotografías.
“No se le puede atribuir la destrucción de la Universidad a Marcela por aparecer unos minutos en un video”, subrayó el abogado.
“Parece que se está criminalizando el participar en política. Los guatemaltecos podrían ser perseguidos por involucrarse en lo que nos atañe. Solo falta que nos cierren las redes. Eso se llama censura y ocurre en regímenes Estados autoritarios”, advirtió el abogado Puac, por lo que solicitó el cierre de la persecución penal y su liberación inmediata.
SOBRE EL CASO
En conferencia de prensa, ofrecida durante la mañana del pasado jueves 16 de noviembre, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación develó un caso en el cual señaló al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, de supuestamente incitar, en 2022, a que se mantuviera por la fuerza la toma del Campus Central de la única universidad estatal.
La protesta estudiantil se originó por el rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de la Usac. Dicho proceso se celebró el año pasado, debido a irregularidades.
Asimismo, el MP solicitó el retiro de antejuicio en contra de Arévalo y Herrera, para efectuar una investigación en su contra por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.
A palabras del presidente electo, el caso sería una fachada para avanzar con acciones antidemocráticas que se fraguarían desde el MP que dirige la Fiscal General, María Consuelo Porras.
El Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Mazariegos, en julio pasado, en la Lista Engel por supuestamente desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de Rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”
**Con información de Diego España
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