Trabajadores y fiscales del Ministerio Público (MP) que se identificaron como de diferentes Fiscalías de Sección, Municipales y Distritales, exigieron como ciudadanos, la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, la Fiscal General María Consuelo Porras; el Fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche; la Fiscal Regional Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
Según externaron, desde el inicio de la administración de la Fiscal General María Consuelo Porras, el personal de las Fiscalías de Sección de Distrito y Municipales, están siendo presionados, con el único cometido de dar a la mayor brevedad posible, la salida procesal correspondiente a las diferentes carpetas de investigación que se encuentran a su cargo, entre desestimaciones y archivos.
«Dejando por un lado, el mandato constitucional que establece el marco de acción de la institución y violentando flagrantemente los principios de objetividad e imparcialidad que rigen el actuar de las y los Fiscales del Ministerio Público, así como los principios de autonomía e independencia de los cuales gozamos como trabajadores de la institución en el desarrollo del proceso investigativo en general», indicaron.
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SEÑALAN QUE ESTÁN SIENDO GRAVEMENTE AFECTADOS
En el pronunciamiento indicaron que se da ante la actual crisis política y judicial que socava al país, provocada por los funcionarios públicos antes mencionados.
«Como trabajadores del Ministerio Público, estamos siendo gravemente afectados en el ejercicio y desempeño de nuestras funciones; en el mismo sentido, nuestra vida e integridad física está puesta en riesgo, dado que desde el inicio de las manifestaciones, hemos sido víctimas de agresiones verbales y malos tratos, como parte del descontento que expresan los ciudadanos ante el rechazo de la gestión de la actual Fiscal General del Ministerio Público y del presidente de la República«, agregan.
APUNTAN LA EXISTENCIA DE ACCIONES SELECTIVAS Y QUE DEJAN A ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO
Al mismo tiempo, anotan que observan con suma preocupación, cómo la administración de la actual Fiscal General, ha emprendido acciones «selectivas» en cuanto a determinados casos a cargo de las diferentes Fiscalías que conforman la institución, dejando por un lado, las investigaciones en donde se ven involucrados los más altos funcionarios públicos del Estado.
«Más grave aún las denuncias presentadas por la población en general, las cuales en la mayoría de los casos, son desestimadas y archivadas, con el único objetivo de incrementar un número estadístico que lejos de ser considerada como una «histórica» gestión fiscal, denota la ineficiencia y la falta de compromiso para con el pueblo de Guatemala, en cuanto a garantizarles el acceso a la justicia como debiese ser en un estricto estado de derecho», afirmaron.
DICEN QUE SE HA PROTEGIDO A UN CONJUNTO DE FUNCIONARIOS
En ese sentido, explican que como cuidados guatemaltecos, están hartos de evidenciar cómo desde el Ministerio Público se ha «protegido a un conjunto de funcionarios y empleados públicos que nos han gobernado desde hace ya varios años«.
A la vez, indican que a través de la desestimación y archivo de casos de relevante impacto social, en los cuales es viable demostrar su posible participación en delitos que atentan contra la administración pública y la administración de justicia.
«Sin embargo, desde las Fiscalías a cargo de tales investigaciones, se observa una actividad pasiva y displicente que no permite llevar a cabo procesos investigativos serios y con fundamento para presentar ante los tribunales de justicia del país, a las y los funcionarios responsables de los más grandes actos de corrupción que se han suscitado en nuestro país«, agregaron.
RECHAZAN ACCIONES DESDE DESPACHOS JUDICIALES Y LAS CORTES
También explican su rotundo rechazo a las acciones desde los despachos judiciales y de las más altas cortes del país, que han originado un estallido social y político que se vive actualmente en Guatemala, irrespetando la voluntad que de forma enérgica y categórica han expresado millones de ciudadanos a lo largo del territorio nacional en el desarrollo de las pasadas elecciones.
Con lo anterior indican que se ha vulnerado y socavado la democracia como estandarte de todo el país, dejando en claro que tal manifestación no es en favor de partido político alguno, sino únicamente en respeto a la expresión genuina del pueblo.
«Expresamos nuestro profundo rechazo a las gestiones de la actual Fiscal General de la República y el Presidente de la República, siendo que cada uno, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, han sido pioneros en enterrar los avances que en el combate a la corrupción se estaban alcanzando, en irrespetar la voluntad del pueblo de Guatemala y de promover a nuestro país en el ámbito internacional, como una de las naciones con los índices de corrupción más grandes de la historia«, manifestaron.
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REITERAN COMPROMISO CON EL MP Y EL PUEBLO
Por último, reiteran su compromiso con el MP y el pueblo de Guatemala, pero no con la gestión de la Fiscal General, María Consuelo Porras, para seguir trabajando en la construcción de un mejor país en sumar «nuestros esfuerzos para luchar por un mejor sistema de justicia y que en la medida que se nos permita, seguiremos cumpliendo con el mandato constitucional legal que nos corresponde como trabajadores del Ministerio Público«.
Mientras piden a la población que siga confiando en el ente investigador que aún alberga un considerable número de colaboradores dispuestos a garantizar el acceso a la justicia.
