La candidata a la Presidencia por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, dio una conferencia de prensa este martes 25 de julio en la cual habló acerca del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Dicha institución se encuentra en el ojo público desde que se hizo la convocatoria a elecciones generales 2023, pero se incrementó su atención con posterioridad al conteo de votos de los comicios del pasado 25 de junio.
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ALLANAMIENTOS
Las últimas dos semanas, el Ministerio Público (MP) allanó oficinas del órgano electoral, como parte de una investigación penal que realiza en contra del partido Movimiento Semilla, segunda agrupación que competirá en la siguiente ronda de la elección presidencial.
La primera diligencia se realizó en el Registro de Ciudadanos (RC), en busca de la documentación relacionada con Semilla.
Mientras que la segunda se desarrolló en la Dirección de Recursos Humanos del TSE, con el fin de secuestrar el expediente laboral de Eleonora Castillo, Registradora de Ciudadanos en funciones.
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— Diario La Hora (@lahoragt) July 25, 2023
HECHOS
El Ministerio Público (MP) pidió al juez séptimo penal A, Fredy Orellana, decretar medidas cautelares en contra de Semilla, derivado de supuestamente haber utilizado firmas falsas para la conformación de la agrupación.
Una de esas medidas decretadas por el juez fue la suspensión provisional de la personería jurídica del partido, entre otros aspectos.
La orden judicial fue dirigida a Ramiro Muñoz, director de RC, quien indicó que no podía cumplir porque actuaría en contra de lo señalado por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Además, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio un amparo provisional a Semilla para que el TSE no acatara lo resuelto por Orellana.
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Muñoz pidió vacaciones y salió del país por amenazas que habría recibido en medio de las diligencias que el MP desarrollaba por el caso.
En su lugar quedó Castillo, quien fue designada por el TSE para ocupar el cargo temporalmente.
Orellana ordenó a la Fiscalía investigar a Muñoz por supuesta desobediencia, mientras que autorizó la detención de Castillo por el mismo hecho ilícito.
Ante la crítica, el órgano encargado de la persecución penal informó que el juez decidió por su cuenta girar la orden de aprehensión en contra de la funcionaria.
