Ignacio Lejarraga, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), aseguró ante los últimos acontecimientos que, es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) está utilizando acciones para asegurar la segunda vuelta.
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Declaración del presidente de CACIF, Ignacio Lejarraga, acerca de la coyuntura nacional: pic.twitter.com/XxGE3h17RE— CACIF (@CACIFGuatemala) July 22, 2023
«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está utilizando las acciones lega les correspondientes para asegurar, por medio de la Corte de Constitucionalidad (CC), que la segunda vuelta electoral tenga lugar el 20 de agosto y en las condiciones en las que el propio TSE dictaminó, oportunamente, en su resolución 1328-2023”, dijo Lejarraga.
También agregó que, “es importante que la máxima autoridad constitucional resuelva a favor de la protección legal, por medio de las prevenciones necesarias para que el evento eleccionario pueda llevarse a cabo y, de esta forma, permitir que sean los ciudadanos quienes libremente decidan en las urnas».
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El CACIF indicó que miembros del Programa de Observación Electoral (PROE), participaron junto con otros observadores nacionales e internacionales, en una sesión informativa con magistrados del TSE.
El PROE considera importante apoyar la labor que realiza la máxima autoridad electoral.
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Miembros del Programa de Observación Electoral #PROE participan, junto con otros observadores nacionales e internacionales, en una sesión informativa con magistrados del @TSEGuatemala. PROE considera importante apoyar la labor que realiza la máxima autoridad electoral. pic.twitter.com/cGhir5sJqf— CACIF (@CACIFGuatemala) July 21, 2023
TSE PLANTEÓ AMPARO
Por la madrugada, el TSE accionó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que se vulnere el Estado Democrático, ante las recientes resoluciones judiciales, solicitadas y ejecutadas por el Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), en contra de personal e instalaciones de la institución.
Según lo manifestado por el TSE en el memorial que se planteó ante la CC, se reclama “la amenaza cierta, futura e inminente, de que las autoridades denunciadas vulneren el Estado Democrático de Derecho, al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los órganos electorales temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
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