El presidente Bernardo Arévalo afirmó que Walter Mazariegos no podrá tomar posesión como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) el próximo 1 de julio debido a que no cuenta con un finiquito vigente emitido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) y enfrenta 17 denuncias en investigación ante el Ministerio Público (MP).
Durante una conferencia de prensa, el mandatario señaló que, según la interpretación del Ejecutivo, la falta de ese requisito impediría que Mazariegos asuma un nuevo período al frente de la universidad estatal.
“La Contraloría ya dijo que Walter Mazariegos no tiene finiquito, tiene además 17 denuncias ante el Ministerio Público. Desde el punto de vista que nosotros entendemos, no va a poder tomar posesión y entonces habrá que ver cómo se sale del entuerto para lograr un proceso legítimo que permita que haya autoridades cuya elección responda a los procesos verdaderamente legales”, expresó Arévalo.
#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo afirmó que esperará el avance de las resoluciones y denuncias contra Walter Mazariegos previo a su toma de posesión, asegurando que ahora no puede asumir el cargo.
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Las declaraciones del presidente se producen en medio de la controversia generada por la continuidad de Mazariegos en la rectoría de la Usac, un proceso que ha estado marcado por cuestionamientos al proceso electoral, recursos legales promovidos por estudiantes y sectores opositores, así como disputas sobre los requisitos para asumir el cargo.
Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía contra la Corrupción registra 17 denuncias presentadas contra Mazariegos. Según la entidad, las denuncias están contenidas en distintos expedientes y algunas fueron conexadas tras determinarse que podrían estar relacionadas con los mismos hechos.
La fiscalía indicó que las investigaciones continúan en desarrollo y que brindará información adicional conforme avance el proceso penal y la ley lo permita.
El debate se centra también en la ausencia de un finiquito vigente por parte de Mazariegos, siendo organizaciones estudiantiles, académicos y miembros de la agrupación Usac-Dire sostienen que este documento es un requisito indispensable para asumir nuevamente la rectoría, ya que acredita que no existen reparos o reclamos pendientes relacionados con el manejo de recursos públicos.
Sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU), integrado mayoritariamente por aliados de Mazariegos, ha argumentado que la autonomía universitaria permite proceder con la toma de posesión aun sin esa constancia, al considerar que la naturaleza autónoma de la Usac la diferencia de otras instituciones públicas.
La discusión se intensificó luego de que representantes de la Contraloría General de Cuentas indicaran durante una citación en el Congreso de la República que, a su criterio, Mazariegos debía contar con el finiquito para optar nuevamente al cargo.
Los delegados señalaron que la Ley de Probidad y Responsabilidades exige dicha constancia para acreditar la inexistencia de reclamos derivados del manejo de fondos públicos. En paralelo, la agrupación Usac-Dire presentó acciones legales para intentar frenar la toma de posesión.
El abogado Aníbal García, representante del colectivo, explicó que los amparos buscan que el CSU se abstenga de juramentar a Mazariegos hasta que exista certeza sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales.
#AhoraLH | La abogada de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Lourdes Samayoa, lee las denuncias presentadas en contra de Walter Mazariegos y el Consejo Superior Universitario de la Usac; no obstante, solo se han realizado diligencias de dos denuncias.
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Además, la organización presentó una denuncia penal contra integrantes del CSU y otros actores vinculados al proceso electoral, al considerar que habrían incurrido en irregularidades.
Las acciones legales han estado acompañadas de manifestaciones estudiantiles y protestas frente a distintas instituciones del Estado. Los participantes han solicitado al Congreso, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público que investiguen los hechos denunciados y garanticen el respeto a la legalidad en la elección de las autoridades universitarias.
