
Durante mayo pasado hubo una variación en las estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entidad encargada de vigilar posibles patrones de lavado de dinero en el país. Según su más reciente boletín, hubo una marcada disminución en la cantidad de Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) enviados por bancos, aseguradoras, inmobiliarias y otros entes obligados a informar sobre operaciones inusuales.
En los primeros cuatro meses de este año, la IVE recibió entre 456 y 740 alertas mensuales. Pero en mayo la cifra cayó hasta 163, una reducción que rompió la tendencia que se mantenía.
Esto podría interpretarse como una baja en los movimientos monetarios sospechosos que hubo en ese periodo; sin embargo, la entidad explicó que el cambio responde a otro factor: la implementación de un nuevo mecanismo tecnológico para recibir y analizar los citados informes.

UN NUEVO SISTEMA
La Intendencia señaló que el mes pasado se puso en marcha un proceso de modernización, con el cual se busca que los datos enviados por las personas obligadas tengan una estructura que permita aplicar herramientas de análisis y detectar con mayor precisión patrones —de lavado de dinero— o redes de operaciones complejas.
Pero la transición tuvo un efecto inmediato, y las entidades que deben reportar las transacciones sospechosas tuvieron que adaptar sus sistemas internos y procesos para cumplir con los nuevos requerimientos, mientras la IVE ajustaba sus propios mecanismos de recepción y revisión. Ese lapso de adaptación provocó una reducción temporal en las alertas recibidas.
La institución aclaró que la caída no significa necesariamente que existieron menos operaciones inusuales o menos intentos de utilizar el sistema financiero para actividades ilícitas. Según indicó, conforme se han ajustado los procedimientos, el envío de reportes comenzó nuevamente a mostrar un alza.
«Esta iniciativa busca capturar información de manera estructurada para facilitar el análisis de datos mediante herramientas de ciencia. De este modo, se fortalece la capacidad analítica de la institución para identificar patrones, tendencias y estructuras transaccionales complejas, optimizando la detección de lavado de dinero y la generación de información de inteligencia financiera», respondieron las autoridades, al ser consultadas.
MENOS REPORTES, MÁS DENUNCIAS PENALES
Un detalle a destacar es que, mientras los avisos de transacciones sospechosas disminuyeron, el traslado de casos al Ministerio Público (MP) para su respectiva investigación siguió creciendo.
Al cierre del mes, la IVE acumulaba 138 denuncias penales presentadas, y de estas, 28 fueron en mayo.
Hasta ahora, las acciones legales involucran a 809 personas y la cantidad de dinero que se sospecha pudo haber sido blanqueado asciende a Q3 mil 848.5 millones, es decir, Q1 mil 97 millones más que lo denunciado en abril.

La Intendencia aclaró que las cifras de dinero denunciado no dependen únicamente de la cantidad de reportes de transacciones sospechosas recibidos, sino de la complejidad de los casos identificados, los periodos analizados y el volumen de operaciones.
De hecho, las acciones legales planteadas durante mayo fueron construidas a partir del análisis de 16 mil 889 movimientos financieros, dice el boletín de la institución.
Cada denuncia presentada durante el mes estuvo respaldada, en promedio, por unas 603 operaciones analizadas, se menciona también en el texto, y añade que cada persona involucrada en esos casos estuvo relacionada, en una media de 113 transacciones revisadas.
Criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma: ¿quién detecta el lavado de dinero?
VIGILAN MÁS DE 4 MIL ENTIDADES
La reducción temporal de reportes de transacciones sospechosas en mayo ocurrió mientras la IVE mantenía bajo supervisión a 4 mil 499 personas obligadas, entre entidades financieras y de sectores no financieros. Entre estas últimas figuran empresas relacionadas con bienes inmuebles, vehículos, joyerías y otras actividades consideradas vulnerables al lavado de dinero.
La institución aseguró que mantiene controles para verificar que esos entes cumplan con sus obligaciones de prevención y reporte. Como parte de esa labor, al 31 de mayo realizaron 195 supervisiones basadas en riesgo, 44 más que en abril, según las estadísticas.







