El Juzgado Quinto Penal, después de más de tres meses de aplazamiento, finalmente inició este jueves 18 de junio la audiencia para conocer el proceso de reparación digna al que debe someterse el expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Melvin Quijivix, luego de haberse sometido al procedimiento de aceptación de cargos dentro del caso Red Q.
En una audiencia realizada a puerta cerrada, se conoció que el juez Arnulfo Carrera únicamente escuchó los argumentos tanto del Ministerio Público (MP) como de la defensa para llegar a un acuerdo en el pago que debe realizar Quijivix por su actuar ilícito al haber cometido conspiración para el delito de lavado de dinero, el cual le fue modificado y por el cual decidió aceptar cargos luego de permanecer más de cuatro meses prófugo de la justicia.
No obstante, Carrera decidió no resolver esa petición de forma inmediata y dar un mes más para dar a conocer su decisión, por lo que será hasta el 16 de julio en que se conozca la misma.
Esta decisión impide que el MP pueda impugnar el procedimiento, pues la audiencia de aceptación de cargos no ha concluido, situación por la cual tampoco se puede presentar algún tipo de apelación o amparo que permita revertir esta situación o bien confirmarla, lo cual beneficia a Quijivix, quien esta vez ya sin cabestrillo, continúa en libertad.
QUIJIVIX MOLESTO
Al concluir la audiencia, a diferencia de otras ocasiones, Quijivix se mostró anuente a rendir declaraciones al explicar que están en el proceso de reparación digna, señalando que el juez conoció sus argumentos.
Sin embargo, al ser cuestionado sobre su decisión de aceptar cargos cuando en un inicio aseguró que no había cometido delito alguno, este se mostró molesto y decidió retirarse del lugar.
«Estamos hablando de la reparación digna», increpó; no obstante, la reparación digna del proceso o el pago que este está obligado a realizar deriva del proceso de aceptación de cargos, el cual a la fecha sigue sin explicar.
Quijivix es señalado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de haber propiciado el lavado de dinero de por lo menos Q85 millones, los cuales habían sido extraídos de forma anómala del INDE y fueron a parar a cuentas vinculadas a su persona. Esto valió para que la fiscalía le imputara el delito de lavado de dinero, pero tras una petición de la defensa, el delito fue modificado al de conspiración, lo que hizo que este aceptara cargos y evitara ir a prisión tras una orden de la Sala Tercera Penal que le había revocado el beneficio de la medida sustitutiva.
