La Dirección General de Transportes (DGT) confirmó que se preparan denuncias penales por irregularidades en certificados de funcionalidad mecánica de buses que están en circulación, en un contexto donde ya se acumulan al menos 180 acciones legales relacionadas con documentos alterados, firmas falsas y operación ilegal de unidades.
Fernando Suriano, viceministro de Transportes, se refirió particularmente a un caso que se descubrió a finales de marzo, tras un accidente en la carretera a El Salvador. El autobús que protagonizó el percance tenía una certificación que garantizaba óptimas condiciones físicas y mecánicas de la unidad, pero personal de la DGT detectó que la información no era veraz.
Ante ello, el funcionario aseguró que hay un expediente en la fase jurídica, el cual será remitido al Ministerio Público (MP) para que deduzca las responsabilidades correspondientes.
En días pasados, Mynor González, exdirector de la DGT, indicó que la denuncia podría alcanzar al taller que emitió el documento y al dueño del bus. Ahora, Suriano evitó señalar responsables directos e indicó que corresponderá al MP investigar «quiénes falsificaron documentos, por qué se hizo y qué actores participaron en el proceso».
Bus accidentado en ruta a El Salvador operaba con certificado mecánico falso
HAY MÁS CASOS
El viceministro también reconoció que han detectado otros casos de firmas y documentación irregular, lo que motivó un llamado a la ciudadanía a denunciar, ante el temor —dijo— de que estos hechos queden impunes.
Las declaraciones se dieron mientras las autoridades de la DGT confirmaron que han presentado 180 denuncias penales vinculadas, entre otros, a los llamados “buses piratas” y a la emisión de documentos con información falsa.
«Hay varias denuncias por falsedad, aunque principalmente son por explotación ilegal de transporte», afirmó González.
Menos de la mitad de buses extraurbanos cumple con el requisito del certificado mecánico obligatorio
EL ACCIDENTE QUE EXPUSO LA FALLA
El caso que evidenció las anomalías en la emisión de certificados de funcionalidad ocurrió el pasado 31 de marzo, cuando un bus extraurbano sufrió un accidente en el kilómetro 38 de la carretera a El Salvador, en Villa Canales, dejando 27 personas heridas.
Tras la inspección, la DGT determinó que la unidad circulaba con una certificación mecánica que no reflejaba su estado real. Aunque el documento no era falsificado en su forma, contenía información no verídica.
Mynor González, quien para entonces era el jefe de la citada institución, manifestó que el asunto abría la posibilidad de acciones legales contra el taller que emitió el documento y la empresa transportista.
Según explicó, este tipo de prácticas podrían constituir delitos como falsedad ideológica y material. El caso también evidenció que el sistema actual depende en gran medida de certificaciones emitidas por terceros, sin verificación directa por parte del Estado.
UN SISTEMA BASADO EN CONFIANZA
El certificado de funcionalidad surgió con el Acuerdo Gubernativo 140-2025, que eliminó la restricción para que buses con más de 25 años circularan. A cambio, se estableció este documento como único respaldo para garantizar condiciones mecánicas adecuadas.
Sin embargo, el modelo dejó el control en manos de talleres privados registrados ante la SAT, sin mecanismos adicionales de fiscalización estatal. En la práctica, basta con que el propietario del bus presente el certificado para que pueda operar.
El citado caso demostró que este esquema es vulnerable, ya que el documento que poseía la unidad avalaba condiciones que no correspondían con la realidad. Imágenes del percance incluso mostraban piezas del vehículo sujetadas con lazos, pese a contar con certificación vigente.
INCUMPLIMIENTO MASIVO Y SIN SANCIÓN
A esto se suma otro problema estructural: el incumplimiento generalizado. De acuerdo con registros oficiales, de los más de 21 mil buses extraurbanos autorizados para circular, para mediados de abril solo el 48% había presentado el certificado, pese a que el plazo venció en febrero.
Aun así, la normativa no establece sanciones administrativas para quienes no cumplan con este requisito. Según la DGT, la única consecuencia se daría en caso de accidente, donde la falta del documento podría agravar responsabilidades civiles y penales.
El escenario deja en evidencia un sistema que permite operar a unidades sin verificación real, sin sanción por incumplimiento y con controles delegados a terceros -talleres que emiten los certificados. Entretanto, las autoridades reconocen la existencia de documentos con información falsa y siguen sumando denuncias penales, que quedan a la espera de algún avance.
