Las maniobras llevadas a cabo por personas de confianza de María Consuelo Porras Argueta en la denuncia de adopciones ilegales que involucrarían a la exfiscal general han aplazado las investigaciones del Ministerio Público (MP) ante la acusación formulada por expertos de la Organización de las Naciones Unidas en febrero pasado.
La titular de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, que es una oficina de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Lucrecia Prera, comentó que se mantienen las diligencias ante el ente investigador para tener un acercamiento con la fiscalía que se designará para continuar con el proceso judicial.
Esto se debe a que durante la administración de Porras Argueta el caso se envió a la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, que estaba a cargo de Leonor Morales Lazo, y luego el expediente se trasladó a la fiscalía regional I, que estaba a cargo de Cinthia Edelmira Monterroso.
Algunas de las propuestas son que el caso lo lleve la Fiscalía de Delitos Transnacionales y Narcoactividad, la Fiscalía contra la Trata de Personas, o la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia.
Con la depuración que ha emprendido el fiscal Gabriel García Luna en el primer mes de gestión, se espera una mejor coordinación en los procesos que involucran al MP y a la Procuraduría.
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Además, la procuradora de la Niñez y Adolescencia indicó que está a la espera de la audiencia del juez que lleva el caso para ratificar su oposición al archivo de la denuncia, luego de las actuaciones que realizó gente cercana a Porras Argueta para que se desestime esa acusación.
Durante una citación en el Congreso de la República, el titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS), Marvin Rabanales, indicó que fiscales habían requerido información respecto a niños de los albergues Eliza Martínez y Rafael Ayau, como información de Porras Argueta, información que desconocía la Procuraduría de la Niñez, ya que mantuvieron en reserva el caso, y el personal del MP evitaba compartir el expediente.
Porras, en la presentación de su hoja de vida en 2022 ante la comisión de postulación para fiscal general, incluyó que laboró en el albergue para niños Elisa Martínez en los años ochenta, pero este año, al presentar su documentación en esa mesa de trabajo para continuar en el MP, retiró ese dato.
La denuncia de los expertos de la ONU señaló que al menos 80 niños de ese albergue fueron dados en adopción de manera irregular en el tiempo que Porras laboró en dicha institución gubernamental.
