El secretismo que impuso María Consuelo Porras Argueta en el Ministerio Público (MP) respecto a su salario, así como el de otros fiscales podría cambiar debido a la petición que hizo el diputado José Chic al nuevo jefe del ente investigador, Gabriel García Luna.
Chic pidió este 26 de mayo que el fiscal general divulgue la tabla salarial e indemnización de Porras Argueta de 2018 a 2026, como también los salarios e indemnizaciones del exsecretario general del MP Ángel Pineda Ávila y del exfiscal Rafael Curruchiche que fungió como titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
«Dado que los salarios de la exfiscal y estos personajes no puede seguir bajo reserva, nunca debieron estar bajo reserva, y si estamos hablando de una administración nueva y diferente, esos salarios deben hacerse públicos», resaltó Chic.
El congresista pidió al nuevo fiscal general volver a publicar en el sitio electrónico del MP, los salarios que eran públicos hasta 2023, pero por disposición de Porras Argueta fueron encubiertos y declarados bajo reserva.
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RECIBIRÍA DOS MILLONES DE QUETZALES
De acuerdo con el diputado hay estimaciones que la indemnización que habría recibido Porras Argueta alrededor de Q2 millones como beneficio del salario que recibía como fiscal general.
Chic resaltó que indemnizar a personas que hicieron «tanto daño al país creo que tampoco es justo y es algo que el pueblo de Guatemala estaría cuestionando».
Por aparte, el diputado se refirió al cruce del expediente de la denuncia contra adopciones ilegales donde estaría vinculada Porras Argueta, ya que ahora se conoció que esa denuncia pasó a la fiscalía regional II, donde está Cinthia Monterroso, por lo que ni ella ni la fiscal Leonor Morales Lazo deben conocer esa denuncia por competencia.
«Ahora el expediente pasa a la Fiscalía de Niñez y Adolescencia donde la licenciada Monzón que es la fiscal a cargo, en su momento dio declaraciones bastante cuestionables, y eso pone en duda la objetividad que podría tener esa investigación y pasa a la fiscalía I, que es la fiscalía a cargo de Dimás Jiménez, por lo que se solicita que la denuncia pase a la Fiscalía de Trata de Personas o a la de Delitos Transnacionales dado que involucra una serie de delitos cometidos por entes nacionales y personas extranjeras», finalizó Chic.
Diputados y analistas cuestionaron la decisión de Porras Argueta de ocultar información pública, ya que los sueldos de los funcionarios son pagados con los impuestos de los ciudadanos y podría haber violado la Ley de Acceso a la Información, no obstante, declaraciones de funcionarios de Porras Argueta justificaban la decisión con resoluciones de la Corte de Constitucionalidad.
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