Luego de pasar su tercera lectura en el pleno, la iniciativa de ley contra lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo ha generado dudas entre los diputados. Pese a que votaron a favor, ahora solicitaron una nueva discusión con expertos, incluyendo a la Superintendencia de Bancos (SIB) para que aclare interrogantes previo a la aprobación en redacción final en el Congreso de la República.
La comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior ha recibido al menos cinco propuestas de enmiendas en aspectos de sospecha, transacción sospechosa, transferencia de fondos, transferencia de fondos, transferencia de valores, notificaciones, archivos digitales y terrorismo.
El presidente del Organismo Legislativo, Luis Contreras, hizo un llamado a los diputados que tengan enmiendas a acercarse a la mesa de trabajo para buscar los consensos y se apruebe la propuesta de ley 6593 antes de que finalice el primer periodo ordinario legislativo debido a la importancia de la normativa.
Una de las enmiendas que discutirá este miércoles la comisión es la sustitución parcial del artículo 2 en el inciso de la sospecha y quede redactada de la siguiente manera: «…apreciación debe ser razonada y documentada, basada en indicios objetivos y verificables, que genere motivos razonables para considerar una posible vinculación de una transacción, concluida o no con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo, sin que sea necesaria la certeza técnica o la prueba plena de la comisión de un ilícito».
En dicha enmienda también se pretende aclarar que el término transacción se referirá a cualquier operación o acto realizado por un cliente o por cuenta o en beneficio de este, con las personas obligadas. Mientras que se consideraría como «transacción inusual» cuando una transacción, operación o acto que por su monto, características o frecuencia no se ajusta al perfil de riesgo del cliente, sin una justificación económica o legal razonable.
Asimismo, se consideraría como transacción sospechosa la cual sea inusual, concluida o no debidamente examinada y documentada por la persona obligada, que, tras analizarla y llevar a cabo las medidas de debida diligencia del cliente, determina que carece de fundamento económico o legal evidente o que, a pesar de tener una apariencia de legalidad, la persona obligada sospeche o tenga motivos razonables para sospechar que los fondos proceden o se destinan para una actividad delictiva o están relacionados con el financiamiento del terrorismo.
Otro de los cambios que se busca es modificar el artículo 42 para el régimen especial de obligaciones de los profesionales universitarios.
La diputada Karina Paz comentó que se debe modificar el artículo del terrorismo, por lo que una propuesta de enmienda busca definir ese delito como «quien, integrado o no en una organización terrorista o grupo terrorista estructurado o no, con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional , ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura».
Asimismo, el congresista Julio Héctor Estrada explicó que algunas de sus propuestas de cambio son respecto a los registros digitales, las notificaciones por la SIB no sean consideradas como medios de prueba por el ente investigador y lo relacionado a los jueces que deben conocer la extinción de dominio.
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BUSCAN CONSENSOS PARA APROBACIÓN
El integrante de la comisión de Economía, Elmer Palencia, afirmó que algunas de las enmiendas buscan aclarar qué es terrorismo, ya que había una confusión entre protestas, por lo que es necesario clarificar de que manera se tipifica ese delito.
«Hay algunas observaciones más no así como enmiendas en relación a los notarios como sujetos obligados. También se busca explicar el tema relacionado con la inversión de la prueba, que como está dicha ley en la actualidad la persona tiene que lograr de alguna manera justificar que ese dinero es de procedencia licita más no el ente investigador demostrar que ese recurso es de procedencia ilícita, por lo tanto es lavado de dinero», agregó Palencia que le han comentado algunos de sus colegas.
Palencia agregó que en relación a los medios de prueba el ente investigador puede acusar por lavado de dinero por procedencia ilícita por lo que el acusado debe demostrar que no es así, entonces en dichos casos no habría presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad, pues se presume que la persona es culpable y es el ente investigador el encargado de demostrar que la procedencia de los fondos es ilícita, y aclaró que es el argumento que han expresado sus compañeros.
Otro de los aspectos que también comentan los legisladores es una reducción en plazos y alcances para la Persona Expuesta Políticamente, pues varios congresistas se quejan de que se les ha negado acceso a créditos tanto a ellos como a sus familiares mientras son políticos y varios años después de dejar los cargos públicos.
La diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Teresita De León, respondió que como bancada apoyaría la aprobación de dicha iniciativa de ley, pero espera las enmiendas que logren el respaldo de la comisión de Economía.
La actualización de la Ley Antilavado es un requerimiento que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a los países para evitar ser incluidos en un listado gris de no cooperantes contra el lavado de dinero u otros activos y financiamiento al terrorismo.
Asociación Bancaria considera adecuada iniciativa de ley contra lavado de dinero
