La propuesta de ley de Aguas que elabora el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales con diferentes sectores ha tomado mayor tiempo para definir aspectos como el pago por el uso de agua, incentivos que podrían ser forestales y la creación de una superintendencia.
Jaime Carrera, viceministro de Aguas, explicó a La Hora que el proceso se encuentra en discusión con el sector privado para formular el contenido y, a la vez, mantiene reuniones con la mesa de autoridades indígenas que tienen contacto con el presidente Bernardo Arévalo.
También están programadas reuniones con las instituciones del Organismo Ejecutivo, ya que la ley modificaría competencias de las entidades y se busca armonizar el marco regulatorio de la iniciativa de ley.
Carrera dijo que en sectores como el empresarial se mencionaron incentivos que la ley podría otorgar para implementar diferentes directrices. Por ejemplo, el pago de un canon por el uso de agua, para que todas las entidades productivas paguen por el volumen de agua a utilizar.
Son elementos importantes con los que se busca que, a mayor eficiencia en el uso del recurso, también se otorguen incentivos que permitan proteger el territorio, así como las zonas de recarga hídrica.
El funcionario resaltó que las conversaciones buscan entender de mejor manera que la ley pueda ordenar y presentar posibilidades para que el sector privado pueda ir modificando la tecnología y cuente con buenas prácticas en la gestión del territorio, para que la aplicación de la misma ley sea más interesante y no solo tenga aspectos de regulación.
COMPENSACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Durante años se ha buscado consensos para aprobar una ley de Aguas, pero no se ha logrado apoyo en el Congreso de la República por aspectos como el control de los nacimientos del recurso.
Carrera indicó que lo más importante de la propuesta es que se reconocen las formas de organización de administración del agua a través de sistemas de abastecimiento colectivo, por lo que se respetan las normas establecidas.
«Las visiones respecto al agua y los acuerdos a los que los diferentes actores, desde pueblos originarios y mestizos, ya se han establecido a lo largo de los años, de manera que no se incorporan nuevas normas, sino que más bien se busca complementar la gestión y gobernanza de la superintendencia con las formas con las que ya se han establecido los sistemas de administración», destacó.
Además, manifestó que «los cánones permitan financiar un programa de compensación de servicios hidrológicos para cuidar las partes donde hay bosque y permanezcan, o áreas que se necesitan restaurar con bosques, asegurando que efectivamente no solo se cobra por el agua, sino que se reinvierte para asegurar un ciclo hidrológico sano en cada una de las cuencas».
Asimismo, el viceministro indicó que el sector privado ha sido enfático en estar en disposición de pagar, siempre y cuando se garantice que lo pagado se reinvertirá en las cuencas para asegurar agua en el presente y futuro.
Por último, Carrera espera que en mayo finalice la etapa de diálogo para avanzar al proceso de dictámenes por las entidades públicas y a inicios del segundo semestre de este año se presente la iniciativa de ley, pues para él es significativo mantener las conversaciones con los sectores para que haya un respaldo de la iniciativa de ley en el Organismo Legislativo, donde van plasmadas sus expectativas y no solo se diga que es una propuesta del Ejecutivo.
Construyendo consensos en Quetzaltenango.🤝💧
Agradecemos al Consejo del Pueblo Maya por su compromiso y retroalimentación hacia la iniciativa de #LeydeAguas. Su apertura y aportes son fundamentales para una gestión con responsabilidad y pertinencia cultural. 🍃 pic.twitter.com/rGoJhMFe8c
— Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) February 18, 2026
