Los abogados Miguel Roberto Balsells López, Gerardo Antonio Gálvez Braham y José Manuel Ramírez Campos, han pedido a la Corte de Constitucionalidad (CC) que declare inconstitucional el decreto 36-2024, que dio vida al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2025.
La solicitud legal de los tres profesionales fue presentada el 1 de enero de 2025, con la justificación que esa ley «contiene disposiciones violatorias de las normas en la Constitución Política, en aquellas que establecen el porcentaje de aportaciones a los distintos organismos del Estado, cantidades que se encuentran taxativamente fijadas».
«El decreto 36-2024 contradice las disposiciones jurídico-legales aplicables a esta institución y ello hace que se vulneren garantías constitucionales que protegen el principio de legalidad», argumentan los abogados en el escrito de inconstitucionalidad que presentaron.
Entre las entidades que, según ellos no se hizo la asignación correspondiente, figuran la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Organismo Judicial (OJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) y las municipalidades.
En la acción, los abogados recuerdan que la asignación a la universidad estatal es del 5 por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado.
Mientras que a las comunas, según ellos, les corresponde el 10%, en igual mención hacen a los aportes a las otras entidades públicas.
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ABOGADOS ACCIONAN DESPUÉS DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO
El presidente, Bernardo Arévalo, autorizó la publicación del Presupuesto General de la Nación para este año, el 9 de diciembre de 2024, luego de que en el Congreso de la República, los diputados rechazaron objeciones que presentó el diputado Bequer Chocooj.
El Presupuesto General de la Nación para el presente periodo será de Q148 mil 526 millones.
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