La comisión legislativa de Reformas al sector Justicia, a cargo de Álvaro Arzú Escobar, otorgará dictamen desfavorable a la iniciativa de ley que presentaron los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que buscaba cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliar.
El proyecto de ley, que se presentó el 3 de septiembre de 2020 pretendía otorgar el beneficio durante la pandemia del Covid-19 a personas mayores de 60 años.
Lo anterior buscaban que se aplicara a personas que ya habían cumplido con más de la mitad de su condena, o que estuvieran padeciendo de una enfermedad terminal de carácter progresivo, enfermedades renales o coronarias o se ponga en riesgo la salud del recluso. Esto debía quedar respaldado con un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif).
A la vez, la iniciativa de ley 5813, también se habría aplicado a mujeres que cumplan condena y se encontraran en estado de gestación o que tuvieran hijos menores de cuatro años. Pero también se aplicaría a condenados por narcotráfico que hayan cumplido la pena de prisión y no hayan podido pagar la multa.
Dicha propuesta fue presentada por exmagistrados liderados por Silvia Patricia Valdés buscaba reformar el Código Penal.
«Nunca se dictaminó esa iniciativa, y la presentación del dictamen fue desfavorable porque ya no estamos en una condición de pandemia. Sin embargo; discutiendo con los miembros de la comisión se estableció la idea de que trabajemos un nuevo dictamen que reoriente la versión original y que comencemos a trabajar el terrible problema que hay de seguridad y derechos humanos por el hacinamiento que hay en las cárceles», mencionó el diputado Arzú Escobar.
El congresista intentó resaltar que uno de los principales problemas que se tiene en la actualidad en el país en términos de seguridad pública es la sobrepoblación en las cárceles, lo que provoca que desde los centros de detención se ordenen ciertos delitos en las calles.
COMISIÓN SIN DATOS
Aunque, los miembros de esa mesa de trabajo citaron a los relatores contra la Tortura, Arzú Escobar indicó que se trabajaría una iniciativa de ley para abordar la prisión preventiva y el hacinamiento en las prisiones, ya que la capacidad del Sistema Penitenciario es para alrededor de Q12 mil personas y hay más de 25 mil presos.
No obstante, los relatores no presentaron informes sobre el cobro de la denominada «talacha» que deben pagar ciertos reos para poder tener un espacio para dormir en las cárceles, según respondió el diputado Arzú Escobar.
La discusión de una normativa para revisar la prisión preventiva no es nueva, ya que desde la comisión de Derechos Humanos del Congreso se ha abordado el tema y se han invitado a diferentes entidades relacionadas con el sector justicia para presentar una propuesta que atienda las necesidades, como fue la que presentó la exdiputada Nineth Montenegro.
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