La finalización del plazo de funciones de Carlos Solórzano Rivera y Margarita López Rodas como relatores contra la Tortura incrementó la disputa de estos en contra de Lesther Castellanos.
El pasado lunes 25 de marzo concluyó el mandato de Solórzano Rivera y López Rodas ante la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
Los relatores titulares y suplentes de esa oficina de derechos humanos son electos por los diputados de entre las ternas que presenta la comisión legislativa de Derechos Humanos, para un periodo de cinco años. No obstante, los congresistas no han elegido a un relator suplente desde 2023, ni tampoco a dos relatores titulares.
Por medio de un documento que compartió Solórzano Rivera, enfatizó que no puede entregar el cargo, ya que se desintegraría el pleno de dicha Oficina.
Argumentó su decisión en resoluciones judiciales, tanto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como de la Corte de Constitucionalidad (CC), y explicó que no puede retirarse de la función para que no «sea acusado de abandono del cargo mientras no se presente el profesional que sea designado».
El relator saliente calificó de abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución, la decisión de Castellanos de haberles solicitado los cargos.
«Es una decisión personal, porque el que elige es el único que puede rescindir y él no puede», respondió Solórzano Rivera sobre los motivos de quererlo remover.
Los Relatores del Mecanismo Nacional de Prevención, doctora Gloria Margarita López y el maestro Carlos Solórzano; junto a sus equipos han realizado visita a la delegación del INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL, Petén.#OPT#NoALaTortura#DerechosHumanos pic.twitter.com/Gw57ArNoNB
— Oficina Nacional de Prevención de la Tortura – GT (@Mnp_Guatemala) August 3, 2023
DENUNCIA ILEGALIDADES
La designación de los relatores contra la Tortura es cuestionada entre organizaciones civiles, por los pocos resultados y pagos de favores políticos que hacen los diputados.
Ante la situación del lunes pasado, en el cambio de autoridades, el presidente saliente, Lesther Castellanos, explicó que ningún funcionario puede prologar funciones en los cargos, salvo las cuatro excepciones que hay en el ordenamiento jurídico.
A la vez, recordó que el acuerdo del Congreso 9-2019 establece que los cargos de Solórzano Rivera y López Rodas venció a las 15 horas del 25 de marzo último, al igual que el reglamento de la Oficina Nacional que ellos firmaron.
«Lo que quisieron hacer es una ilegalidad al quedarse en el cargo y devengar un salario por más tiempo de lo establecido en la ley. Hay actas donde entregaron mobiliario y vehículos, pero no el cargo, pero no se les permitió y se les dio de baja por Recursos Humanos», informó Castellanos.
El relator negó que haya una desintegración del pleno de relatores, ya que hay dos titulares y un relator suplente, pero que él entregó el cargo de presidente a la secretaría ejecutiva y notificó al Congreso de esa decisión.
