La discusión de una ley para regular el cobro en las tarjetas de crédito ha provocado el pronunciamiento de distintos sectores. A días de su aprobación final, la Cámara de Finanzas de Guatemala expresó su venia al proyecto de ley 5544.
Se espera que los diputados aprueben la Ley de Tarjetas de Crédito el próximo jueves, la cual ya tiene una opinión de la Superintendencia de Bancos.
Los empresarios aglutinados en la Cámara de Finanzas resaltaron que la legislación de tarjetas de crédito debe estar fundamentada en “sólidos principios” para proteger a los usuarios, mantener los beneficios que de estas se derivan y potenciar la economía nacional.
“Comprendemos que la actual iniciativa de ley 5544 ha cumplido con ese debido proceso, involucrando a entidades expertas y a las autoridades correspondientes. Con reglas claras, cualquier sector opera con mayor transparencia y certeza, lo que es vital para asegurar la sostenibilidad crediticia, las actividades comerciales y el progreso económico”, expresó la Cámara de Finanzas en un comunicado.
Los empresarios recordaron que la Constitución y la legislación actual establece reglas en materia crediticia y financiera, el proceso legislativo debe estar respaldado por informes de entidades técnicas, por lo que irrespetarlo haría incurrir en ilegalidades, como sucedió en el pasado.
En 2016, la Corte de Constitucionalidad rechazó una ley de tarjetas de crédito por colocar precios fijos en las tasas de interés que podían cobrar los emisores de esos documentos.
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RESALTAN OPORTUNIDADES
Entre las ventajas que resaltan las personas que utilizan las tarjetas de crédito están los pagos en cuotas. Es por ello que la Cámara de Finanzas indicó que un sistema de pago con reglas claras trae ventajas significativas, reduce el riesgo de fraude, promueve la bancarización e incrementa las ventas, y fortalece la recaudación fiscal.
Asimismo, explicó que para el uso sano de esos documentos, es necesario que la regulación se base en criterios técnicos que no solo promuevan una operación financiera eficiente, sino que protejan los derechos de los consumidores y fomente la libre competencia.
“Lograr la certeza jurídica es posible si las regulaciones cuentan con bases técnicas que protejan a los usuarios y no pongan en riesgo el crecimiento de las actividades comerciales”, resaltó dicho sector empresarial.
