Las acciones del Ministerio Público (MP) que afectan la democracia reactivó a distintas asociaciones civiles, como las Autoridades Indígenas Ancestrales de Iximulew Guatemala que pidió a actores de peso, entre cámaras empresariales y a ciudadanos a condenar la crisis política que señalan ha provocado la fiscal general María Consuelo Porras.
Dicha agrupación de pueblos originarios también solicitó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) de urgencia aplique la Carta Democrática Interamericana porque el “pacto de corruptos” busca destruir la “débil democracia” y los derechos elementales de los guatemaltecos.
Además, las autoridades indígenas piden que los países firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción aplicar las cláusulas de competencia extraterritorial a los funcionarios corruptos de Guatemala, y que se emitan órdenes de captura internacional para contribuir a la defensa de la democracia y del Estado de derecho.
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“Toda información conocida públicamente no deja dudas del proceso de Golpe de Estado y las intenciones de acallar toda voz disidente a la corrupción y la cooptación del Estado, y en este caso, la Universidad San Carlos de Guatemala, que se utiliza como excusa para perseguir a personas legítimamente electos”, resaltaron las autoridades ancestrales.
UNIR ESFUERZOS
La demanda para exigir la renuncia contra Consuelo Porras disminuyeron luego de que el presidente informó a la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán que no podía destituirla, por lo que este viernes las Autoridades Ancestrales de Iximulew pidieron al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y otras cámaras empresariales sumarse a pedir la renuncia de Porras del MP.
También mantienen la petición de la renuncia de los fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales Lazo, y los jueces Fredy Orellana y Víctor Cruz.
Las autoridades piden que cada persona que acudió a las urnas el proceso electoral reciente a defender los resultados electorales, sin importar por quien haya votado.
Por último, se solidarizaron con las personas criminalizadas por funcionarios del gobierno autoritario y responsabilizan a Alejandro Giammattei de los atropellos a los derechos humanos.
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