La carga de trabajo en el Congreso de la República antes de que finalice la IX legislatura aumenta, y para la presente semana los diputados deberán iniciar con la discusión del Presupuesto 2024, correspondiente al primer año del próximo gobierno, cumplir con la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) y la conformación de la comisión pesquisidora contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Sin embargo, el tiempo está en contra, ya que los congresistas solo realizan una sesión por semana, programada para cada miércoles, cuando se conocen temas de la agenda legislativa.
Aunque los días jueves de cada semana también se tiene estipulada una sesión, para conocer de interpelaciones, los diputados de la alianza oficialista han optado por no asistir al hemiciclo.
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Aunque la Junta Directiva (JD) del Congreso de la República solicitó una aclaración y ampliación a la Corte de Constitucionalidad (CC), para establecer cómo se debe elegir a las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de las Salas de Apelaciones, la petición fue rechazada en menos de 24 horas.
La designación de magistrados podrá hacerse por votación digital y no a viva voz, y debe empezarse con el nombramiento de la CSJ. En la resolución del máximo tribunal en materia constitucional se fijó que a más tardar el 15 de diciembre se deberá efectuar la elección, en el caso de que finalice el período ordinario de sesiones del Legislativo, el 30 de noviembre próximo, sin que se haya tenido avance.
Los magistrados que resulten electos deberán ocupar sus cargos hasta el 13 de octubre del próximo año, debido a que solo tendrán que completar el período 2019-2024.
Ante ese escenario, algunos diputados no estarían motivados a asistir a las plenarias extraordinarias en diciembre, debido a que no lograron la reelección. Sin embargo, la CC indicó que se certificaría lo conducente al Ministerio Público (MP) por incumplimiento, con lo cual se efectuarían investigaciones penales.
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SORTEO EN VILO
Aunque la actual CSJ dio trámite al antejuicio contra los cinco magistrados titulares del TSE y tres suplentes, se cuestiona la legalidad de cómo se conformó el pleno en el cual se tomó dicha decisión. Además, la JD agilizaría el proceso del sorteo para integrar la pesquisidora respectiva.
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Los magistrados del órgano electoral fueron denunciados por supuestas anomalías en la compra del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Algunos congresistas señalan que la conformación de la pesquisidora debe hacerse el jueves 16 de noviembre y no un día antes, como lo anunció la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, que es en la misma sesión.
La decisión de realizar el sorteo se conocerá en los próximos días debido a los amparos que presentaron los magistrados del TSE, Irma Palencia, Rafael Rojas y Mynor Franco, como también los suplentes Marlón Barahona, Álvaro Cordón y Marco Antonio Cornejo en la Máxima Corte.
PREPARAN ENMIENDAS
Asimismo, diputados discuten en sus bancadas presentar cambios en el Presupuesto General de 2024, porque indican que hay candados que pueden afectar el funcionamiento del gobierno central, como la autorización del Congreso para la renegociación de deuda con Bonos del Tesoro, y que haría que el Estado caiga en un “default”.
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El 30 de noviembre próximo vence el plazo para aprobar el plan de gastos en el primer año del gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera que asciende a Q124 mil 880 millones, de acuerdo con la propuesta del Organismo Ejecutivo, la cual recibió modificaciones en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, que emitió dictamen favorable.
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Sin embargo, el equipo financiero del gobierno entrante recomendó, entre otras entidades, no aprobarlo porque se hacen recortes a ministerios como Agricultura, Gobernación y Salud, y se amplían fondos para el Ministerio Público (MP), Organismo Judicial (OJ) y Universidad San Carlos (Usac) sin sustento financiero y técnico, ya que no lo recomendó el Ministerio de Finanzas.
Pero legisladores señalan que se han roto los acuerdos para aprobar el presupuesto, por la distribución de fondos en el listado geográfico de obras y para organizaciones no gubernamentales.
