Por Margarita Girón
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), ante la situación provocada por la pandemia del COVID-19, considera que los gobiernos de Centroamérica tienen la responsabilidad principal de contrarrestar el impacto de la misma, con un enfoque basado en la equidad y extendiendo la garantía, promoción y protección de los derechos humanos de las personas. Además, señalan que para enfrentar esta crisis, se requieren medidas de corto, mediano y largo plazo en varias y diversas áreas de la política pública, incluida la fiscal.
De acuerdo con el Icefi, las acciones a implementar pondrán a los sistemas de salud de la región en un “estrés extraordinario” y para su éxito requerirán la implementación de medidas innovadoras de asistencia y protección social, y planes de reactivación económica, con un impacto fiscal considerable.
CENTROAMÉRICA NO DEBE SER LA EXCEPCIÓN
El Icefi señala que, al 20 de marzo, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), muestran que en 169 países, áreas o territorios hay más 200 mil casos de contagio y más de 8 mil fallecidos, mientras que a la fecha todos los gobiernos centroamericanos han reportado casos positivos.
Además, indican que esta pandemia ya está afectando negativamente el bienestar social y la economía de todas las naciones, sobrecargando las tareas domésticas y de cuidados, trabajo mayoritariamente no remunerado realizado por las mujeres, por lo que los Estados están adoptando medidas de política pública en el corto, mediano y largo plazo; Centroamérica no debe ser la excepción.
“Siendo una crisis sanitaria, la capacidad para enfrentarla radica inicialmente en sus sistemas de salud”, icefi.
Anoche, en cadena nacional el presidente Alejandro Giammattei confirmó que actualmente Guatemala tiene 13 casos confirmados de COVID-19.
ANTE LA CRISIS, SUBSISTEMA DE SALUD PRIVADA DEBE PARTICIPAR
De acuerdo con el Icefi, en Honduras y en Guatemala los sistemas de salud son predominantemente privados, en el sentido que el gasto público es menor al 50 por ciento del gasto nacional en salud; mientras que los sistemas de salud de El Salvador, Nicaragua y Panamá son mixtos, con un gasto público que representa entre el 50 y el 66 por ciento del gasto nacional en salud; y, solo Costa Rica, tiene un sistema predominantemente público, en el que el gasto público supera el 66 por ciento del gasto nacional en salud.
“Enfrentar el impacto negativo en Centroamérica de una crisis sanitaria global significa que sus sistemas de salud, predominantemente privados o mixtos, experimentarán un estrés extraordinario, por lo que el éxito en el control de la epidemia requerirá además de las acciones en el subsistema de salud pública, que el subsistema de salud privada participe activamente de manera solidaria y anteponiendo a la búsqueda de utilidades financieras la responsabilidad de universalizar el acceso a la salud el tiempo que dure esta crisis sanitaria”, destacan.
IMPACTO SERÁ MAYOR EN C.A.
Según el Icefi, la respuesta de Centroamérica a la pandemia del COVID-19, plantea desafíos mayúsculos, toda vez la del coronavirus es una crisis distinta a las anteriores y porque tendrá un impacto fiscal mucho mayor que otras regiones con sistemas de salud predominantemente públicos y programas de asistencia y protección social desarrollados.
“Icefi considera imperativo que los gobiernos centroamericanos diseñen estrategias para adaptar sus políticas fiscales a la realidad y magnitud de la crisis”, enfatizan.
Además, destacan que es importante garantizar la equidad en el acceso a la salud, teniendo como objetivo lograr el menor número de fallecimientos y, en el mediano y largo plazo, el fortalecimiento estructural del sistema de salud.
Asimismo, consideran que es necesario atender a las personas ante la disminución de sus ingresos como efecto de cuarentenas sanitarias y condiciones de subempleo y desempleo. Así como atender a empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas ante la disminución de sus operaciones como efecto de cuarentenas sanitarias y menor crecimiento, Además de garantizar la oferta de productos.
También proponen la creación de una política fiscal para atender la emergencia, blindar y aumentar el bienestar social y promover el crecimiento económico.
LAS MEDIDAS
De acuerdo con Icefi, en el corto plazo, durante 2020 se debe lograr el máximo grado de alineación de los subsistemas de salud público y privado, procurando el acceso universal y gratuito a servicios e insumos de emergencia en las fases de importación de la enfermedad, diseminación comunitaria y epidemia.
“Los gobiernos deben procurar con carácter prioritario incrementos de emergencia de los presupuestos de las entidades estatales del sector salud”, señalan.
Para ello, el Icefi recomienda modificar o readecuar los presupuestos vigentes, transfiriendo al sector salud recursos y espacios presupuestarios asignados actualmente a rubros y entidades no prioritarios; ejecutar y activar los mecanismos de financiamiento existentes para la atención de emergencias y catástrofes, incluyendo los que se hayan contratado con las instituciones financieras internacionales, y en caso de no existir, gestionarlas con urgencia.
Además de activar los mecanismos legales y constitucionales existentes que permitan el financiamiento extraordinario para emergencias y catástrofes, incluyendo, cuando sea posible, el financiamiento directo de los bancos centrales a los presupuestos y el uso de los recursos de los bancos y empresas estatales y mixtas; activar los mecanismos administrativos de emergencia, como la autorización de realizar adquisiciones públicas directas, manteniendo una constante y oportuna rendición de cuentas sobre lo actuado y sus resultados.
PRIORIZAR ADQUISICIONES E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
El icefi recomienda que, entre las adquisiciones públicas de emergencia, debe priorizarse la compra del equipo especial que requiere el personal de salud y de emergencia, así como para todos los trabajadores que desempeñan funciones esenciales y que no pueden trabajar desde casa durante la emergencia.
“Los gobiernos deben ampliar la cobertura y cuantía de los beneficios subsidiados, y emplearlos como estabilizadores automáticos, es decir con aumentos durante y reducciones posteriores a la crisis. Estas medidas fiscales y presupuestarias deben acompañarse de mecanismos y controles estrictos de transparencia, para evitar abusos y asegurar que estas acciones extraordinarias se apliquen única y exclusivamente a las acciones vinculadas con la atención de la emergencia”, señalan dentro de la propuesta.
Además, agregan que, debido a que la crisis ya está teniendo un impacto económico, los gobiernos deben emprender medidas de corto plazo en otras políticas y sectores económicos, debidamente articuladas con medidas de protección social.
“El Icefi recomienda que los gobiernos impulsen acciones especiales para el sector financiero y bancario, como reducciones temporales de tasas de interés, ampliar los plazos crediticios y otorgar condiciones blandas para casos de mora, desempleo u otros problemas derivados de la crisis”, destacan.
OTRAS MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA
Según el Icefi, es necesaria la contratación temporal de personal sanitario, y ante la suspensión temporal de labores y cuarentena general, promover las licencias laborales pagadas, en el sector público y privado, y evaluar la creación de un seguro de desempleo extraordinario, que alcance al sector informal.
Asimismo, señalan que en materia comercial, se deben acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en todo lo relacionado al control fronterizo y aduanero, elevando la coordinación regional centroamericana a efecto de expeditar el ingreso y salida de los vehículos de carga que transporten mercancías, manteniendo los controles aduaneros y medidas contra el contrabando y la defraudación aduanera.
Además, de ejercer control de precios y garantizar la existencia y distribución ordenada en todo el territorio de productos esenciales así como multiplicar la protección a los consumidores contra la especulación y el acaparamiento.
En el tema tributario, el Icefi señala que los gobiernos deben impulsar, condicionadas a mantener los empleos, prórrogas temporales, facilidades como pagos fraccionados u otras disposiciones para el pago de impuestos dirigidas a los contribuyentes que verdaderamente lo necesiten, especialmente trabajadores y empresas pequeñas y medianas, evitando amnistías y otras medidas injustas o que afecten severamente la recaudación.
MEDIANO PLAZO
Según el Icefi, para el mediano plazo se recomienda que durante el periodo 2021-2022 se inicien los procesos de mejora estructural de los sistemas centroamericanos de salud, fijando como objetivo la cobertura universal y mejorar la calidad y pertinencia de la atención, con énfasis en el primer y segundo niveles de atención.
Además, sugieren el inicio de una reforma estructural, en donde deben preverse acciones de recuperación posterior a la emergencia, así como esfuerzos para universalizar el acceso a la seguridad social, al agua segura y saneamiento, con prioridad para la población tradicionalmente excluida.
“La política fiscal debe diseñarse y ejecutarse acorde a estas necesidades, buscando transitar de las fuentes de financiamiento de emergencia a mecanismos sostenibles en el tiempo. El sistema financiero deberá mantener las condiciones crediticias blandas y concesionales para los sectores más afectados, los gobiernos deberán extender las medidas destinadas a elevar el nivel de empleo por medio de estrategias activas de construcción de infraestructura social y económica y de protección ambiental”, indica el Icefi en el pronunciamiento.
Asimismo, proponen consolidar programas de becas y acceso gratuito a capacitación para la inserción y reinserción de las personas al mercado laboral, tanto público como privado; reforzar programas de transformación productiva y fortalecimiento del mercado nacional y regional. Las políticas económicas deberán considerar como prioritarias a las micro, pequeñas y medianas empresas y programas de financiamiento blando para los productores de granos básicos.
A LARGO PLAZO
De acuerdo con el Icefi, en el periodo 2022-2030 Centroamérica debe corregir el rumbo actual en el cual no cumplirá la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“El Instituto considera que su Agenda Fiscal para Centroamérica, su Tercer Informe regional, provee elementos para un replanteamiento integral, insumo de fondo para concretar una hoja de ruta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que preparen a la región para enfrentar de mejor forma el impacto negativo de crisis globales como la del coronavirus COVID-19”, se lee en la propuesta.
Finalmente, el Icefi señala que enfrentar esta pandemia es una prueba para Centroamérica y los Estados pueden y deben adoptar medidas de emergencia y reorientar sus políticas, en especial las políticas fiscales, como herramientas para lograr una salida efectiva, protegiendo a las personas y promoviendo el mantenimiento de niveles de crecimiento económico y empleo.
