El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recomendó al Congreso de la República no aprobar la versión del Presupuesto 2024 de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de ese organismo de Estado.
La postura del dicha organización consta en un comunicado, en el cual se detalló que se hizo un análisis al dictamen que la referida mesa de trabajo legislativo emitió al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024.
📰 Comunicado de prensa
🇬🇹 Guatemala: el Icefi recomienda no aprobar la versión dictaminada por la Comisión de Finanzas del proyecto de presupuesto para 2024
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— Icefi (@ICEFI) October 26, 2023
Se indicó que tras el estudio, se hallaron varios aspectos que califican como «anomalías introducidas» por la Comisión, que parecen no obedecer al desarrollo integral y representarían focos para la «corrupción».
El Icefi señaló que «por la severidad de las anomalías» encontradas, lo recomendable es no aprobar el proyecto de financiamiento del Estado, pues se considera que carece de prácticas transparentes y anticorrupción.
«La principal falencia del proyecto de presupuesto para 2024 es que no constituye un instrumento de política fiscal», dijo la entidad.
Asimismo, recalcó que este no es efectivo para el desarrollo integral, «no procura el bienestar social de manera general e igualitaria», y que el dictamen de la Comisión «no solo no corrige esta falencia, sino que la empeora».
NO SE CORRIGIÓ LA PROYECCIÓN DE SAT
Según explicó la entidad, no se corrigió la proyección de ingresos para 2024, la cual volvió a ser «subestimada».
Agregó que, en un escenario activo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para reducir la evasión y otras formas de fraude fiscal, la corrección de la proyección de ingresos tributarios podría reflejarse en un incremento de hasta Q2,638.4 millones.
El Instituto comentó que la propia SAT declaro que la meta de recaudación podría incrementarse a Q2,000 millones. A su criterio, esto podría representar una reducción en el endeudamiento público o un incremento en el techo presupuestario; «sin embargo, por cuarto año consecutivo la recaudación de impuestos carece de sustento técnico».
En el dictamen de la mesa de trabajo legislativo, el techo presupuestario se mantiene en Q124,880 millones, originalmente propuestos por el Ejecutivo.
Es decir, las modificaciones introducidas en el dictamen de la Comisión se basan en reducción de los techos presupuestarios de unas entidades y trasladados a otras, según explicó el Icefi.
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RECORTES QUE RESALTAN
Dentro de los cambios propuestos por la Comisión, se observa un recorte al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), mientras que se le adjuticaron aportes significativos a Organizaciones no Gubernamentales (ONG) «sin experiencia para ejecutar fondos y rendir cuentas», señaló.
También se mencionó una asignación de Q70 millones al MSPAS para financiar el aporte de Q3 mil anuales como apoyo a comadronas.
Sin embargo, se catalogó como incorrecto lo que se estableció en el artículo 120 del dictamen de la Comisión, en el cual se explica que dichos recursos se extraerían del programa Prevención de la mortalidad materna y neonatal.
La entidad investigó los proyectos listados en el artículo 117 del dictamen, y se encontraron varias «anomalías». Según explicó, se intentó verificar los números de registro en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y en algunos casos no existen o no están disponible.
«Estas anomalías incrementan la preocupación por la carencia de sustento técnico en la selección priorizada de estos proyectos, y que puedan constituir espacios para el abuso y la corrupción, alimentando el riesgo de que la inclusión en el dictamen de la Comisión de estos programas y proyectos haya obedecido a criterios políticos», argumentó.
HECHOS NO JUSTIFICADOS
Según el análisis del Icefi, en el dictamen de la Comisión de contemplan varios hechos que no fueron justificados, como la razón por la cual se benefició a unas entidades, con la ampliación de sus respectivas asignaciones presupuestarias, y no a otras.
Esto, según el Instituto, eleva la posibilidad de que «haya obedecido a motivaciones políticas, y con ello constituyen espacios de alto riesgo para el abuso y la corrupción».
También se destacó el artículo 121, que prohíbe al Organismo Ejecutivo reducir las asignaciones al Ministerio de Gobernación, al Ministerio de la Defensa Nacional, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Ministerio de Desarrollo.
«Estas disposiciones, además de carecer de fundamento y justificación técnica, en caso de ser aprobadas, contravendrían lo dispuesto en la literal ‘q’ del artículo 183 de la Constitución Política de la República»
Por último, el Icefi hizo dijo al Congreso que aprobar dicha versión del proyecto de Presupuestario 2024 representaría repercusiones de «gravedad» para el desarrollo de Guatemala.
En este caso, aplicaría lo dispuesto en la literal ‘b’ del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir, que en 2024 se tendría que ejecutar el presupuesto vigente al final de 2023, lo que calificó cómo menos perjudicial.
