![Editorial En la foto, el presidente, Alejandro Gimmattei, la fiscal general, Consuelo Porras; el fiscal Tarek William Saab y el presidente, Nicolás Maduro, ambos de Venezuela.](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/WhatsApp-Image-2023-10-26-at-10.04.47-AM-1.jpeg?w=696&h=0&crop=1)
Hace tiempo se viene diciendo que Guatemala podría parar siendo otra Venezuela en términos de gobiernos autoritarios que ignoran la voluntad popular y, quién lo iba a decir, ahora con toda propiedad podemos decir que en esa materia resulta que Venezuela está operando tal y como lo hacen quienes en Guatemala pretenden anular las elecciones.
La noticia internacional de hoy consigna que en Caracas “el fiscal Tarek William Saab, de línea oficialista” (sic), designó a dos fiscales para llevar a cabo una investigación por “irregularidades” en las primarias de la oposición realizadas en el marco legal.
El fiscal de línea oficialista designó a dos fiscales (como aquí) para llevar a cabo una investigación por presunta usurpación de la función electoral y de identidad, además de legitimación de capitales y asociación para delinquir, señala el cable, dejando ver que se usan iguales argumentos que los del MP y la FECI en Guatemala.
Allá ya dijeron que “obviamente es un fraude, una burla a la nación, a los propios electores de buena fe que votaron el domingo 22 de octubre”, agregando que se ve la comisión de un hecho al margen de la ley, de la Constitución, fraudulento y que por eso la investigación va a tener consecuencias.
Bien se dijo en la OEA recientemente que los golpes de Estado ya no son producto de cuartelazos sino de la utilización de fiscalías y tribunales apalabrados para aniquilar la voluntad popular expresada en las urnas. Basta recurrir a la famosa asociación para delinquir para que, mediante las leyes contra el Crimen Organizado se pueda manipular todo el andamiaje legal de un país para eliminar cualquier resultado en las urnas que no les parezca a los tiranos de turno.
Tanto Giammattei como Maduro sostienen que la Fiscalía es independiente y que ninguno de ellos interfiere con su capacidad para investigar delitos, pero tanto los guatemaltecos como los venezolanos sabemos de los profundos vasos comunicantes que hay.
Baste señalar que, a pesar de la corrupción, las autoridades que se enriquecen ilícitamente en el ejercicio del poder no son nunca investigadas por las fiscalías, no digamos acusadas, a pesar de la existencia de negocios burdos realizados sin vergüenza ni pudor.
Los que advertían que Guatemala se convertiría en otra Venezuela no imaginaron que el modelo nuestro iba a ser tan eficiente y tan perverso como para hacer que en otras latitudes se copien casi al pie de la letra las maniobras que aquí han ordenado, desde la más alta esfera de poder, a quienes se desempeñan como fiscales de línea oficialista.