Durante una audiencia con el subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez externó su preocupación por el debilitamiento del Estado de Derecho en Guatemala y la inexistencia de la separación de poderes.
Desde su perspectiva esto es por la alineación de las instituciones estatales a favor del actual poder político. El juez junto a Marlies Stappers, miembro de Impunity Watch solicitaron a eurodiputados acciones más contundentes que logren frenar el detrimento al Estado de Derecho en el país.
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Juez Gálvez a eurodiputados: "En Guatemala se perdió la separación de poderes" 👉 [https://t.co/UylxX8yYZT] pic.twitter.com/qXqZ6ZSxFG— Diario La Hora (@lahoragt) September 5, 2022
“SE PERDIÓ LA SEPARACIÓN DE PODERES”
El juez de Mayor Riesgo inició su ponencia expresando: “es preocupante que en Guatemala se perdió la separación de poderes y todas las instituciones, prácticamente, están al servicio del poder político”.
En este mismo contexto refirió que la actual Constitución Política de la República entró en vigencia en 1986 y consideró que en un principio existía “cierta independencia” en los pilares de la democracia, pero que en la actual administración “el poder político de turno llegó a tomar prácticamente todas las instituciones”, especialmente el Organismo Judicial (OJ).
PROLONGACIÓN DE CORTES HA GENERADO DESGASTE
El sistema de justicia en Guatemala, de acuerdo con Gálvez ha sufrido un desgaste en los últimos años, más aún considerando que sus magistrados y jueces no han sido renovados desde el 2014 y han excedido sus cargos por más de tres años.
“Prácticamente ya van cuatro años de estar sin un plazo constitucional porque los diputados no han querido elegir a los magistrados tanto de la Cortes Suprema de Justicia como del Organismo Judicial. La prolongación de las cortes ha provocado un desgaste profundo y retraso en la administración de justicia”, consideró Gálvez.
Agrega que no existe un ambiente adecuado para que los jueces independientes realicen su trabajo, entre los ejemplos cita a las 24 personas exiliadas, entre ellas la exjueza Erika Aifán. pic.twitter.com/G7mknTRRDW
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AMBIENTE PERJUDICIAL PARA ACTORES DE JUSTICIA
Para Gálvez la situación de los operadores de justicia independientes y defensores de derechos humanos es ilustrada por las 24 personas que actualmente residen en el exilio, entre ellas su ex compañera en los juzgados de Mayor Riesgo, Erika Aifán.
“No estamos hablando sólo de un grupo, sino que estamos hablando de un grupo bastante numeroso. (…) El problema: el sistema de justicia está actuando de manera concertada con estos grupos y los jueces estamos desprotegidos”, dijo Gálvez puntualizando que no existe un ambiente adecuado para que los jueces y juezas puedan realizar sus labores con independencia.
PERSECUCIÓN DE LA FCT
Sobre su caso específico, Gálvez refirió que en mayo de 2022 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una solicitud de antejuicio por supuestas violaciones a los derechos humanos y promovido por la Fundación Contra el Terrorismo, cuyo presidente, Ricardo Méndez Ruiz, ha amenazado públicamente al juez, según detalló ante los diputados europeos.
“Me ha amenazado públicamente en las redes de que él se encargará de mi persona, no solo de procesarme, sino que me vaya al exilio”, expuso y agregó que miembros de la fundación han sido sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir la justicia y promover la corrupción.
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IMPUNITY WATCH: DETERIORO DATA DE 2017
Para Marlies Stappers, miembro de Impunity Watch, el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala data de 2017. Los principales detonantes de la crisis, según Stappers, han sido la salida de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval y la persecución de periodistas y operadores que colaboraron con la CICIG en su momento.
OPERADORES EN EXILIO
Sobre ese último punto calificó de preocupante que hasta ahora 24 operadores de justicia han tenido que ir al exilio; ocho fiscales han sido procesados; y dos fiscales se encuentran en prisión en condiciones deplorables; además de la destitución de una veintena de fiscales del Ministerio Público (MP).
“Los grupos que buscan la impunidad en Guatemala presentan denuncias maliciosas y sin fundamento en contra de los fiscales y jueces, promueven noticias falsas y campañas de desprestigio en los medios de comunicación y las redes sociales y realizan actos de hostigamiento, vigilancia y persecución”, resumió.
Asimismo, consideró perjudicial para el país que el sistema de justicia sea utilizado como instrumento de represión en contra de quienes abogan por los derechos humanos y destacó que la Fiscal General, María Consuelo Porras, fue sancionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos por obstruir la justicia; y que incluso funcionarios públicos opositores están siendo perseguidos bajo la actual administración.
La iniciativa del "Superministerio" ha generado diversas reacciones y La Hora le ha dado seguimiento desde hace varias semanas. Aquí te lo resumimos: pic.twitter.com/dvpxoB6KIm
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PIDEN RESPUESTAS CONTUNDENTES DE LA UE
En este marco, tanto Gálvez como Stappers solicitaron a los eurodiputados acciones más contundentes que logren frenar el detrimento al Estado de Derecho, entre estas:
– Priorizar el apoyo político y financiero a organizaciones de la sociedad civil y medios independientes que luchan contra la corrupción e impunidad.
