Aunque el presidente Alejandro Giammattei ha dicho en varias ocasiones que durante su gobierno se ha incrementado el presupuesto para el sector justicia, e incluso recientemente aseguró que ya se tenía cobertura nacional para combatir la delincuencia sin excepciones, los techos presupuestarios asignados para el próximo año apuntan a recortes en el Organismo Judicial (OJ), presidido por Silvia Valdés, y el Ministerio Público (MP), a cargo de su “amiga”, como ha llamado a María Consuelo Porras.
En julio de 2022 las entidades que componen el sistema de seguridad y justicia en Guatemala presentaron sus propuestas presupuestarias para el ejercicio fiscal 2023, último año de la administración Giammattei.
En general, las entidades que reciben fondos del Estado han solicitado hasta la fecha un mayor aporte del asignado como techo por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), fundamentado en supuestos proyectos nuevos y mejoras administrativas, de seguridad entre una variedad de justificaciones.
La experiencia de años previos señala que los techos propuestos por Finanzas pueden variar una vez es elevado al Congreso de la República. El anteproyecto deberá ser trasladado al Congreso a más tardar el 2 de septiembre y posteriormente este podrá modificarlo, ratificarlo o improbarlo hasta el 30 de noviembre.
#PORTADADEHOY
Inflación llega a 8.36%, la más alta en 13 años👉 [https://t.co/5UMhoLLKpp] pic.twitter.com/Ckf278SPa6— Diario La Hora (@lahoragt) August 8, 2022
FINANZAS BAJA LOS TECHOS
En noviembre de 2021 fue aprobado un presupuesto para el OJ por Q3 mil 602 millones 318 mil 602, pero en abril recién pasado recibió una ampliación presupuestaria, con lo cual los fondos disponibles para 2022 subieron a Q3 mil 604 millones 637 mil 602.
Sin embargo, el techo definido por el Minfin para el ejercicio fiscal 2023 es de Q2 mil 549 millones 813 mil, lo cual representa un recorte -en relación con el presupuesto vigente- por Q1 mil 052 millones 505 mil 602 para la actividad de los tribunales y aplicación de la justicia en todo el país.
En el caso del MP de Porras, para el 2022 tuvo una asignación presupuestaria de Q3 mil 569 millones, mientras que para el ejercicio fiscal 2023 el Minfin le asignó un techo de Q3 mil 520 millones 922 mil. Esto representa una disminución de Q48 millones.
MP APUESTA POR Q4.1 MIL MILLONES
Según la Fiscalía General, la propuesta del Minfin de Q3 mil 520 millones 922 mil no es suficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de las fiscalías, áreas técnicas y administrativas.
Debido a lo anterior, el MP solicitó un presupuesto de Q4 mil 191 millones 131 mil 564, orientado a cubrir gastos de funcionamiento y equipamiento institucional.
La entidad expuso que el déficit entre lo que necesita el MP y el techo presupuestario asignado por el Minfin es de Q670.21 millones. Estas necesidades las justifica el MP en su ampliación de recurso humano y otros factores colaterales como arrendamientos.
Para el cierre del 2022 el MP estima una ejecución del 90% al 95%. Actualmente, según expuso la delegada de la entidad, se ha ejecutado un 60% de su presupuesto.
OJ CON PANORAMA SIMILAR AL MP
Por su parte, el OJ señaló que para el 2023 requerirá de un presupuesto de Q3 mil 903 millones 211 mil 624 como mínimo, pero el techo establecido por el Minfin es de Q2 mil 549 millones 813 mil.
Aunque no se brindaron mayores especificaciones, el OJ pretende utilizar Q257 millones 97 mil 332 para financiar nuevos proyectos.
El organismo espera ejecutar un 92% de su presupuesto a finales de 2022. El Minfin ha trasladado hasta la fecha Q1 mil 445 millones y se han ejecutado Q1 mil 560 millones.
OTRAS ENTIDADES DE APUNTAN A MAYORES PRESUPUESTOS
En el 2022 el Ministerio de Gobernación (Mingob) recibió un presupuesto de Q6 mil 480 millones 481, pero, para el 2023 esta cartera solicitó al Minfin un techo presupuestario de Q7 mil 380 millones 481 mil. Es decir, Q900 millones más que el año anterior.
Por otro lado, el Minfin le asignó al Instituto para la Asistencia y Atención de la Víctima del Delito un techo de Q50 millones para su ejecución en 2023, pero la institución solicitó un mayor aporte por un monto de Q70 millones.
#LaHoraDeActualizarnos El PDH indicó que la democracia está en un grave riesgo. Aquí la entrevista completa 👇 https://t.co/KZORoFzr8z
— Diario La Hora (@lahoragt) August 8, 2022
GIAMMATTEI EXALTA EL SECTOR JUSTICIA
El pasado 15 de julio, durante el 25 Aniversario de la creación de la Policía Nacional Civil (PNC), Giammattei aseguró que “por primera vez en la historia” había jueces en los 340 municipios, al igual que fiscales y presencia de la PNC.
“Hoy podemos perseguir a los delincuentes con justicia en todo el país, sin excepción. Jamás visto en la historia de Guatemala”, aseguró.
Asimismo, refirió que “en poco tiempo hemos avanzado y hemos logrado ese eslabón perfecto que debe unir al sector seguridad con el sector justicia para dar resultados, con la presencia del Organismo Judicial, el Ministerio Público y la PNC en todos los municipios”.
PORRAS Y VALDÉS, DOS ALIADAS
La relación entre la actual Fiscal General y el presidente Giammattei no solo se resume a que en julio de 2020 se refiriera a ella como su “gran amiga”, sino a las acciones que el MP, bajo la administración de Porras, ha emprendido contra operadores de justicia
Ello fue visible con mayor claridad a partir del 23 de julio de 2021, cuando la Fiscal General destituyó al hasta entonces jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval.
Antes de salir de Guatemala, Sandoval dio a conocer los primeros detalles sobre una pesquisa a cargo de la FECI, la cual revelaba cómo Giammattei habría recibido dinero envuelto en una alfombra a cambio de controlar las operaciones portuarias en Santo Tomás de Castilla; así como la posible entrega de un aporte en 2019 para la campaña de segunda vuelta de Giammattei por parte del entonces ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, según declaraciones del “Testigo A”.
Incluso, luego de que Porras fuera incluida en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos el 20 de septiembre de 2021, los discursos de Giammattei al respecto han sido orientados a la defensa de la Fiscal General y la infravaloración de la lista estadounidense.
“Yo también voy [a] hacer la lista del zopilote y vamos a principiar a poner a aquellos enemigos de Guatemala en la lista del zopilote, porque sí, si lo ponen a uno en una lista que no vale nada, por lo menos el zopilote vale algo”, dijo públicamente en mayo de 2022.
La permanencia de Porras en el MP fue facilitada por Silvia Valdés, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ella también dirigió la Comisión de Postulación de la cual resultó electa Porras para un nuevo mandato en el MP. En este proceso se posicionó a favor de acatar un amparo para incluir a Porras en la nómina final de aspirantes.
😱📈 En julio se registró el segundo incremento más significativo del año en el precio de bienes y servicios, con una inflación interanual de 8.36%. 👇 https://t.co/QhoxBg2bl8
— Diario La Hora (@lahoragt) August 8, 2022
Por otro lado, la CSJ de Valdés dio trámite a un proceso de antejuicio contra la exjueza de Mayor Riesgo Erika Aifán, quien tenía a su cargo la investigación sobre la recepción de la alfombra con dinero y el financiamiento electoral anómalo descrito por el “Testigo A”.
Esta corte también ha dado trámite con lugar solicitudes de antejuicio en contra de jueces independientes, como Aifán y Miguel Ángel Gálvez.
A su vez, Valdés y Giammattei comparten criterios similares en lo que respecta a la Lista Engel. Para la presidenta del OJ ese listado constituye una intromisión extranjera e “ilegal intromisión en las funciones constitucionales que le corresponden con exclusividad al OJ”, y, por lo tanto, “ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.
