“Vivienda, empleo, servicios básicos, educación o tecnología” son cinco garantías a las que toda persona debe optar; sin embargo, en Guatemala para un 70% de la población se convierte en una lista de opciones, en donde al menos una deberá ser descartada para sobrevivir.
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PNUD: en Guatemala 7 de cada 10 personas sacrifican una garantía para sobrevivir👉 [https://t.co/RJaYflPN8i] pic.twitter.com/yCqxAHgq12— Diario La Hora (@lahoragt) July 15, 2022
Así lo revela el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual destaca que Guatemala se posiciona en una desventaja significativa en relación con otros países de la región.
De acuerdo con la investigación, que abarca datos hasta 2019, con excepción de un apartado dedicado a la pandemia del COVID-19, la desigualdad es el principal perpetrador de estas condiciones.
DESIGUALDAD ARRECIA INDICADORES ALARMANTES
En Latinoamérica, la pérdida por desigualdad en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) alcanza el 22.2%, mientras Guatemala posee la pérdida más alta de Centroamérica, con un 27.5%, principalmente en los rubros de ingresos y de educación, cuyas pérdidas son mayores al 30%.
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La explicación detrás de las condiciones de pobreza, de acuerdo con el análisis del PNUD, es la desigualdad.
Para fines investigativos, se definieron los siguientes conceptos:
• Desigualdad: las desventajas que sufren las personas respecto a los estándares de vida promedio de determinada población y a la concentración de las ventajas del desarrollo en determinados grupos.
En el marco del análisis del desarrollo humano de los 340 municipios del país, el PNUD consideró la pobreza desde cinco indicadores multidimensionales de privaciones: calidad de vivienda, empleo, acceso a servicios básicos (agua, saneamiento y energía), educación y tecnología.
Al analizar los tipos de privación, según el informe, se concluye que un 70% de la población sufre al menos una de las cinco privaciones de desarrollo humano, siendo las más comunes la de tecnología y la educación.
Según los hallazgos, un 42.4% de los hogares con privaciones debe prescindir de una vivienda de calidad; el 46.8% renuncia a un empleo; el 50.3% carece de servicios básicos; el 71.2% tiene privaciones en educación; y el 75.9% no cuenta con computadora, algún dispositivo o conexión a internet.
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PRIVACIONES PARA LA POBLACIÓN NO MESTIZA
Además, las privaciones a nivel municipal son medidas en una escala de 0 a 1. Mientras este índice se acerca más a 1, mayor es el nivel de privaciones que tiene el municipio, territorio o segmento social analizado.
Para el país en general, el índice es de 0.32, pero su valor en las zonas rurales y entre la población indígena es casi el doble del existente en las zonas urbanas y entre la población ladina/mestiza.
Desde la perspectiva de las privaciones multidimensionales, más del 80% de la población maya y xinka estaría por encima del umbral mínimo de privaciones admitido.
En general, la mayor privación aparece en la dimensión tecnológica: 90% de los hogares mayas y xinkas no contaban en 2018 con dispositivos para trabajo, salud o educación virtual.
El rezago educativo, el abandono escolar y la baja escolaridad promedio limitan las oportunidades de la mayoría de la población indígena, con un 88% de privaciones en educación.
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DESIGUALDAD DE GÉNERO
El PNUD también abordó en su informe las diferencias de desarrollo humano entre hombres y mujeres mediante dos indicadores: el Índice de Desarrollo Humano de Género (IDHG) y el Índice de Desigualdad de Género (IDG).
El primero mide las disparidades que existen entre los valores del IDH calculados por separado para mujeres y hombres en una escala de 0 a 1. Cuanto más el IDHG se aproxime a uno, menor es la diferencia en desarrollo humano entre hombres y mujeres.
En este indicador, Guatemala obtuvo 0.48 puntos, siendo el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica hasta 2019, año que analizó el estudio.
El texto describe que el rezago de desarrollo humano es más notorio en la proporción de población con educación secundaria, el ingreso nacional bruto per cápita, la tasa de mortalidad materna y la tasa de natalidad en adolescentes.
Asimismo, las diferencias de género más elevadas aparecen en el ámbito económico, tanto en la desigualdad de ingresos como en la participación laboral, en donde las mujeres enfrentan condiciones marcadamente desfavorables en salud reproductiva, con datos alarmantes, como el elevado número de nacimientos entre adolescentes y en la reducida presencia de las mujeres en la política.
EL EFECTO EN PANDEMIA
Los indicadores señalados anteriormente tuvieron un efecto mayormente percibido durante la pandemia del COVID-19. Respecto al acceso a la tecnología, el PNUD recordó que la educación fue impartida a distancia, panorama en el cual quienes carecían de un dispositivo móvil o internet fueron los más perjudicados.
Asimismo, el informe indica que Guatemala tenía grandes retos para acelerar su desarrollo humano antes de la aparición del COVID-19, muchos de ellos relacionados con las diferencias e inequidades económicas y sociales existentes entre sus ciudadanos. Por la misma razón, el país contaba con vulnerabilidades en la provisión de servicios sociales y una estructura socioeconómica frágil, aspectos que resultaron determinantes en la manera cómo se vivió y enfrentó la pandemia.
“Parece plausible la idea de que habrá que ir adaptando comportamientos y políticas a una coexistencia con niveles estables de contagio de la enfermedad, lo cual exigirá un manejo integral de largo plazo de sus secuelas socioeconómicas”, estimó el PNUD.
En este panorama, el Programa refirió que Guatemala también tenía un sistema de salud con grandes carencias y desigualdades territoriales en infraestructura, equipamiento, acceso a medicamentos y personal de salud. Según estimaciones de Naciones Unidas, en 2020 el país contaba con 7.8 trabajadoras/es sanitarios por cada 10 mil habitantes, proporción por debajo del 44.5 por cada 10 mil habitantes que recomendaba la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015.
ÍNDICE DECRECERÁ LUEGO DE LA PANDEMIA
La versión más reciente del INDH comprende estimaciones previas al ingreso del COVID-19 en Guatemala y, a pesar de que no se cuenta con datos definitivos para el periodo 2020-2021, el PNUD estimó que por primera vez desde su primera publicación en 1990, el IDH iba a decrecer a escala global en 2020.
Ese comportamiento tiene que ver con el evidente aumento de la mortalidad por la propagación del Sars-CoV 2 que tendrá una incidencia negativa en la esperanza de vida de la población, las pérdidas en capacidades educativas asociadas a la suspensión de servicios de educación y la contracción que sufrieron todas las economías a escala global en 2020, derivadas de las restricciones a la movilidad.
CAPACIDAD FISCAL ES EL MAYOR RETO PARA EL ESTADO
Si bien este informe no ofrece un análisis sobre las limitaciones del Estado para mitigar la pobreza y desigualdad, resalta que uno de los principales desafíos estructurales del Estado de Guatemala es su baja capacidad fiscal en relación con otros países latinoamericanos.
Estas tendencias son consecuencia de múltiples factores: tasas bajas de impuestos, dificultades en la recaudación de ingresos fiscales, una estructura impositiva en la que el mayor peso lo tienen los impuestos indirectos, la evasión fiscal, la falta de consenso sobre una eventual reforma fiscal y la existencia de una economía informal en la que labora cerca del 70% de la población ocupada.
Asimismo, Guatemala se ubica entre los países de Latinoamérica con el gasto público social y carga tributaria más bajos, con US$223 per cápita y 10.7% de carga tributaria de la administración central, según el promedio anual de ambos indicadores entre 2015 y 2019.
POSTURA DE LA PRESIDENCIA
Al consultar con la Presidencia de la República si los hallazgos del PNUD serán tomados en cuenta, la Secretaría de Comunicación Social señaló que las observaciones del informe datan hasta 2019, por lo cual “muchas de ellas ya forman parte de la política general de gobierno”, tales como el enfoque municipalista por medio del fortalecimiento presupuestario de las comunas.
A la presentación del informe en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, asistió en representación del Gobierno de Guatemala la secretaria de planificación y programación de la Presidencia, Keyla Gramajo Vilchez. Aunque se consultó dos veces si el Presidente de la República fue invitado al evento, la interrogante fue obviada por Comunicación Social.
