El mensaje lo emitió en el contexto de la decisión del presidente, Alejandro Giammattei de reelegir a María Consuelo Porras como Fiscal General. Foto La Hora/Vía @TamaraTaraciuk

La directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Broner, indicó que la renovación de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP), representa un retroceso para la lucha anticorrupción y la rendición de cuentas en Guatemala, por lo cual sugirió a los gobiernos interesados en la situación de este país sancionar a los actores que contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho.

Además, remarcó lo dicho por otras entidades en relación a que deben intensificarse las medidas internacionales si se desea proteger las instituciones democráticas guatemaltecas.

INSTA A GOBIERNOS A SER MÁS RIGUROSOS

En su mensaje, Broner sugirió que los gobiernos preocupados por la situación en Guatemala, en el contexto del nombramiento de Porras, deberían condenar la decisión dada a conocer por el presidente Alejandro Giammattei, así como sancionar a quienes contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho en el país, incluidos actores del sector privado.

“Los gobiernos preocupados por esta situación, incluyendo Estados Unidos, Europa y América Latina, deberían intensificar de inmediato el escrutinio que llevan a cabo y adoptar medidas firmes para proteger las instituciones democráticas de Guatemala”, manifestó en su pronunciamiento.

PORRAS SIN RESPONDER SOLICITUD DE HRW

En su primer discurso como Fiscal General 2022-2026, el 18 de mayo Porras indicó que su anterior gestión se basó en una política de puertas abiertas a la prensa y todo aquel que necesitara acercarse al MP y aseguró que la disposición continuaría en el nuevo mandato.

Contrario a esta descripción, HRW señaló en su comunicado que en enero de 2022 solicitó información a la Fiscal General, pero no obtuvo respuesta.

“Con el objeto de investigar casos específicos durante el mandato de Porras, Human Rights Watch consultó expedientes penales y otros documentos judiciales, la fiscal general Porras no respondió a una solicitud de información”, detalló.

 

Como parte de estas investigaciones, HRW visitó Guatemala para analizar el trabajo del MP a principios de 2022 y entrevistó a 45 personas, algunas de ellas por teléfono antes y después de la visita. Dicho proceso incluyó a 13 exfiscales o fiscales en funciones y seis exjueces o jueces en funciones, así como a varios periodistas, defensores de derechos humanos y abogados de las víctimas.

Además, la organización aseguró que documentó casos en donde la Fiscal General ordenó el traslado, despido o, en algunos casos, el inicio de investigaciones penales arbitrarias de fiscales independientes que impulsaban pesquisas o procesos sobre corrupción y violaciones de derechos humanos.

“Entre los factores que se interponían a su labor, los fiscales mencionaron el temor a ser trasladados, la exigencia de que sus decisiones fueran avaladas por el círculo de colaboradores directos de Porras y, en algunos casos, la eliminación de medidas para proteger su seguridad”, declaró HRW.

RETRASOS EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Además del panorama descrito, la entidad señaló que Porras ha retrasado considerablemente la lucha contra la corrupción en Guatemala y los esfuerzos para que haya rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos.

Agregó que a pocas horas de asumir la Fiscalía General para un nuevo periodo, Estados Unidos prohibió su ingreso y el de su esposo Gilberto de Jesús Porres de Paz a ese país a raíz de su “participación en hechos significativos de corrupción”.

Artículo anteriorOficialismo falla en aprobar fondos de Codedes para gastar en año electoral
Artículo siguienteAbogados que accionaron para meter a Porras, ahora se fijan en Embajadores