Zury Ríos no pudo participar en las pasadas elecciones. Foto La Hora

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Acuerdo de Solución Amistosa (ASA) para reparar a Zury Ríos Sosa, excandidatos a la presidencia alcanzados en una conciliación con el Estado de Guatemala, que reconoce la falta de garantías que le impidió su participación política en las elecciones presidenciales del 2019.

El acuerdo se da a conocer cuando se habla que la relación de Ríos Sosa con el presidente Alejandro Giammattei pasa por momentos bajos, contrario al acuerdo alcanzado el año pasado que ha permitido sumar los votos de los diputados de Valor al oficialismo.

Según la información publicada este miércoles, el Estado de Guatemala, a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), reconoció sus obligaciones y, en respuesta a la resolución, se comprometió a ciertas acciones para fomentar la participación política de las mujeres.

De este modo, el caso de violaciones a los derechos humanos, presentado por Ríos Sosa, no será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ESTADO NO OBJETA LA RESOLUCIÓN

El 24 de mayo de 2019 la CIDH recibió la denuncia de la excandidata de Valor en la cual se señalaba la supuesta violación de su derecho a la integridad, garantías judiciales, libertad de expresión, garantías de protección judicial, protección de honra y dignidad, entre otros derechos políticos y civiles. Ríos Sosa responsabilizó de estas afectaciones al Estado de Guatemala en su perjuicio, el de su hija y de Roberto Molina Barreto.

El 6 de julio de 2021, el Estado indicó su voluntad de avanzar en el proceso de negociación, por lo cual el 25 de agosto de 2021, la CIDH notificó a las partes formalmente el inicio del procedimiento, que se materializó con la suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa el 28 de diciembre de 2021.

 

El acuerdo destaca la suscripción de Jorge Luis Donado Vivar, procurador general de la Nación, bajo distintos parámetros distinguidos por la Comisión, entre estos: “el derecho a la participación política genera la obligación del Estado de otorgar condiciones favorables para garantizar a los ciudadanos la realización de aquellas actividades relacionadas a la designación de sus gobernantes o en la formación de la política estatal”.

Sobre dicho acuerdo, se consultó a la PGN si el Estado mantiene su postura y acatará lo resuelto entre las partes; pero, aunque la solicitud fue recibida, no se obtuvo una respuesta.

Anteriormente, la PGN se mostró renuente ante otros casos que involucran al Estado guatemalteco, llevados a la Corte IDH, como la solicitud de restitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval. En agosto de 2021, mismo mes en que se inició el proceso con Ríos Sosa, Donado Vivar aseguró que la Corte “no tiene competencia” para conocer la solicitud de Sandoval.

¿DEVOLUCIÓN DE FAVORES?

A finales de 2021 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el proceso de cancelación de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE). Según la información a la que La Hora tuvo acceso, luego de casi perder el partido, Sandra Torres formó una alianza con el presidente Giammattei y Ríos Sosa, dando como resultado una Junta Directiva en el Congreso con representación de los tres partidos UNE, Vamos y Valor.

Además, permitió aprobar el presupuesto general para el presente año, además de otras iniciativas que le han interesado al gobierno.

Actualmente, Torres está consolidada como la Secretaria General del Partido. Además, el 23 de diciembre de 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) benefició a Sandra Torres, señalada de financiamiento electoral no registrado.

En tanto, la CC no aclara si objetará el Acuerdo de Solución Amistosa, puesto que en las últimas elecciones la Corte dejó fuera a Ríos y Molina Barreto por la prohibición que establecen los incisos a) y c) del artículo 186 de la Constitución Política de la República.

“Hasta el momento no se nos ha informado si habrá algún pronunciamiento sobre dicho tema”, comentó Comunicación Social de la CC.

RESOLUCIÓN ENFATIZA POLÍTICAS DE GÉNERO

Cabe destacar que en el acuerdo Donado Vivar reconoció que “el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar en (sic) involucrarse en la vida política de la Nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes”.

En cumplimiento con el compromiso asumido por Donado Vivar, el Estado de Guatemala se comprometió a impulsar dos campañas de sensibilización a través de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), a efecto de promover la igualdad en la participación política de las mujeres, “siendo este caso y otros casos que se han conocido bajo el control de convencionalidad objeto de estudio”.

Adicionalmente, la Copadeh promoverá dos foros con instituciones educativas privadas y públicas que fomenten la igualdad en la participación política de las mujeres.

Artículo anteriorRonald, inspirado por sus abuelitos, se abre paso en el mundo de la cocina
Artículo siguienteLey de Vivienda Social, ¿el proyecto necesario para enfrentar el déficit habitacional?