El anuncio casi simultáneo de la salida de Gendri Reyes y Pedro Brolo de los ministerios de Gobernación y de Relaciones Exteriores ha generado una nueva discusión en redes sociales, que recogen el malestar de miles de guatemaltecos.

Ambos personajes han sido denunciados ante el Ministerio Público (MP) y criticados públicamente por la ciudadanía, que temen al retirarse de sus cargos no sean investigados por las anomalías, denuncias en su contra, dada su cercanía con la fiscal general, María Consuelo Porras, señalada de ser aliada del gobierno.

Comentarios como “Pedro Brolo y Gendri Reyes se retirarán cómodamente o impunes de sus cargos”, abundan en las redes sociales luego del anuncio del Gabinete.

Con un agradecimiento a Dios y al presidente Alejandro Giammattei, Reyes Mazariegos se despidió el 25 de enero del Ministerio de Gobernación (Mingob), siendo sustituido ese mismo día por el ex subjefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, general retirado David Napoleón Barrientos; mientras que Brolo Vila anunció su retiro para el 1 de febrero y hasta ahora se desconoce su sustituto en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

LAS DENUNCIAS

El Ministerio Público (MP) confirmó la existencia de tres denuncias contra Reyes Mazariegos y una contra el canciller saliente Brolo Vila. Las cuatro están registradas en la Oficina de Atención Permanente del MP y todas se encuentran en investigación.

En el caso de Reyes, dos denuncias corresponden a los hechos del 21 de noviembre de 2020 cuando las fuerzas policiales golpearon a varios de los protestantes y lanzaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas. Ese día se detuvo a más de 30 personas, de las cuales la mayoría recuperó su libertad en los días posteriores por falta de mérito. Además dos jóvenes perdieron el ojo izquierdo por disparos de perdigones.

Foto ilustrativa. Elementos de la PNC antimotines durante los sucesos del #21N. Foto La Hora.

Otra denuncia fue interpuesta por el diputado Aldo Dávila luego que el Congreso de la República fuera incendiado por veteranos militares. Se le sindica de los posibles delitos de incumplimiento de deberes de exministro y negación de auxilio.

Por otro lado, la acción contra Brolo fue presentada por Acción Ciudadana en julio de 2021, que también incluye a la entonces ministra de Salud Amelia Flores, al presidente Giammattei y está relacionada a la negociación para la compra de vacunas COVID-19 de la fabricante Sputnik V, por la cual se señaló a los funcionarios de Asociación ilícita, Fraude, Peculado por sustracción y Malversación.

DENUNCIAS QUE NO AVANZAN

Uno de los denunciantes contra Reyes también es la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).

Jorge Santos, director de la asociación indicó que el caso ha avanzado muy poco. Esta fue redirigida a una Unidad especial del MP por decisión de la Fiscal General Porras, donde se investigarían las distintas causas del 21N.

“Buena parte de los casos están en reserva. Suponemos que buena parte de la decisión de haber formulado una unidad que manejara por separado los expedientes tiene que ver con intencionalidad de no interpretar como que el 21N hubo una estrategia de violencia generalizada. Ha habido ya algunas audiencias por la presencia de efectivos policiales que todavía fueron ligados a proceso el año pasado”, comentó Santos.

 

Al igual que en ocasiones anteriores, el diputado Dávila describió que sus denuncias tampoco han progresado. “Nunca avanzó absolutamente por ningún lado de investigación. Ahora que ya no tiene inmunidad a lo mejor avance, pero lo veo muy poco probable, esta denuncia no creo que haya sido así nomás”, declaró.

Se consultó con Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana sobre el avance de la denuncia contra Brolo, a lo cual respondió: “Nada”. “Del MP nada, ni siquiera llaman o informan. No tenemos ninguna información de que haya avanzado (…) y habla más eso que cualquier otra cosa”, se lamentó.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, indicó que no se ha registrado ningún avance de la denuncia que presentó. Foto La Hora

QUE DICE LA LEY

Señalar que ambos quedarán impunes es incorrecto en criterio del abogado Juan Pablo Gramajo, con base en el artículo 155 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Este artículo detalla: “La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años y la responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena”.

“Hay algunos matices en lo procesal”, aclaró Gramajo, como la vía para demandar civilmente si ya dejó el cargo, por ejemplo; “pero en cuanto al plazo dentro del cual reclamar eso es lo que dice la Constitución Política de la República”, agregó.

 

SIN RESPUESTA DE LOS FUNCIONARIOS

La Hora intentó contar con una postura tanto de Brolo, como de Reyes sobre lo expuesto en este análisis; sin embargo, al momento de cierre de esa nota no se obtuvo comunicación, de tener respuesta se agregará en este espacio.