Luego de meses de permanecer en reserva, finalmente fue compartida la propuesta del Pacto Colectivo de condiciones de Trabajo que han negociado el Ministerio de Educación (Mineduc) con el Sindicato de Trabajadores por la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, que contempla un aumento salarial y un bono anual para los trabajadores de la cartera a partir de 2023.
Sin embargo, expertos consideraron que este proceso carece de sustento financiero, podría ser “dañino”, además de la secretividad en la negociación, camino que imitó el máximo órgano de fiscalización y control de los recursos públicos en el país, la Contraloría General de Cuentas (CGC), que también firmó un pacto colectivo en secreto el miércoles 19 de enero, como lo informó La Hora.
#PORTADADEHOY Análisis: Pacto secreto de Joviel no tiene sustento financiero ? [https://t.co/am5YH2LazS] pic.twitter.com/zZKu8ikNJt
— Diario La Hora (@lahoragt) January 20, 2022
En su calidad de Secretario General del STEG, Acevedo presentó el proyecto de Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo bajo una cláusula de confidencialidad, pero finalmente el líder magisterial y la ministra de Educación, Claudia Ruiz se vieron obligados a levantar esa secretividad de la negociación debido a que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ganó un recurso legal.
Además del Mineduc y el STEG, como proponente, el pacto fue firmado por otros seis sindicatos, sin mencionar a los que puedan adherirse posteriormente de los más de 60 existentes en la cartera educativa. Aproximadamente, la afiliación del claustro sindical en el Mineduc ronda por los 78 mil docentes.
AUMENTO SALARIAL SIN SUSTENTO FINANCIERO
Debido a que en 2021 y 2022 no se dieron readecuaciones salariales para los educadores, el artículo 65 del nuevo pacto propone un reajuste del 5% sobre el salario base vigente a partir del 1 de enero de 2023.
Pero al carecer de respaldo financiero, el Mineduc debe comprometerse a incluir este rubro en la propuesta de presupuesto del próximo año para que se contenga la asignación correspondiente.
Los pactos colectivos en general apuntan a una reivindicación de los trabajadores, como se fundamenta en distintos artículos del suscrito por Acevedo, pero “hay algunas que se reorientan a beneficios para los líderes sindicales”, mencionó Carlos Grossman, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) especializado en presupuestos públicos y derechos humanos.
El economista senior puntualizo que, efectivamente, el aumento del 5% no está costeado y refirió que generalmente en la negociación de pactos colectivos “no se tiene una contraparte o un respaldo de cómo se va a financiar” y si existe la posibilidad fiscal para sostener estos gastos, pero de igual modo son aprobados.
78 mil docentes
Están afiliados algún sindicato magisterial
OPACIDAD DEL MINEDUC COMPLICA CÁLCULO EXACTO DEL AUMENTO
El verdadero monto que represente este incremento del 5% podrá ser determinado hasta el próximo año, puesto que por ahora no se conoce con exactitud cuántos trabajadores están contemplados en la nómina del Mineduc para el beneficio. Concretamente, con base en los datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) se determinó que en el 2021 se devengaron Q13,802 millones en los servicios personales, lo cual equivale al 79.8% del total del presupuesto de la cartera.
No obstante, este monto se despliega en pagos de salarios de la nómina, bonificaciones e incentivos, entre otros, pero no se tiene un rubro específico para el pago salarial. Por otro lado, para el 2022 fue aprobado un presupuesto de casi Q20 mil 608 millones, de los cuales, un 71% corresponde al pago de servicios personales.
Q13,802 millones
Erogó el Mineduc en 2021 para los servicios personales
Se consultó al Mineduc sobre cuántas personas figuran como trabajadores, pero no se obtuvo respuesta a la solicitud. Incluso Grossman refirió que el Icefi ha advertido que es muy difícil que las autoridades del Ministerio proporcionen esta información a detalle.
En el artículo 66 de pacto se agrega un bono de Q3 mil para todos los trabajadores de la cartera educativa, que se entregará en junio de cada año y el reajuste salarial al salario base de todos los trabajadores administrativos y de servicio que no superen el salario mínimo vigente. Pero esta cláusula no especifica si abarca al personal no permanente.
Pese a que no se conoce realmente cuántos trabajadores están inscritos en la nómina del Mineduc, según cifras divulgadas en años anteriores, serían alrededor de 150 mil, incluidos unos 10 mil administrativos. Es decir, significaría alrededor de Q600 millones solo en el bono para el 2023, según estimaciones de la exministra de Educación, María del Carmen Aceña.
“Reitero, en este caso no podríamos decir que existe un respaldo para justificar un incremento hacia el 2023 sin conocer el presupuesto y sin saber cuánto sería el costo de estos incrementos. Definitivamente es una arbitrariedad que se está cometiendo”, acotó Grossman.
De acuerdo con el artículo 78 de la propuesta, el pacto colectivo tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha en que se presente su homologación correspondiente. De momento este recurso no ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo.
¿CUÁL ES EL ROL DE LAS AUTORIDADES?
El Mineduc es el responsable de la ejecución de su presupuesto; la Secretaría General de Planificación (Segeplan) coordinaría su planificación y revisión de los objetivos estratégicos; mientras que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) evaluaría la viabilidad fiscal.
Por otro lado, es competencia del STEG y del Mineduc costear estas demandas antes de estipularlos. Sin embargo, el economista puntualizó que el gobierno central regularmente carece de suficiente financiamiento para satisfacer las demandas que requiere la población a través de los servicios, incluyendo al personal trabajador.
“Sin tener eso en cuenta desde un inicio, no se puede recurrir a solicitudes que no tienen ningún sustento técnico. Al final de cuentas garantizar el derecho laboral de los trabajadores para que estén en una relación de dependencia también debería ser una de las finalidades del sindicato y el Ministerio de Educación”
Carlos Grossman, economista de Icefi
POLÉMICA SOBRE EL ARTÍCULO 11
El artículo 11 (Leyes futuras) menciona en la última oración: “En todo caso, ninguna disposición legal podrá disminuir, tergiversar, coartar, restringir y limitar los derechos colectivos en el presente pacto”, lo cual, según Ricardo Barrientos, también economista de Icefi, podría ser “muy peligroso” considerando que la Ley del Presupuesto indica que el Minfin deberá emitir un dictamen que afirme la viabilidad de la negociación de pactos colectivos.
“Esta norma estaría totalmente en contra de este tipo de control y será de un daño muy grande”, sentenció.
Respecto a lo anterior, el abogado Juan Pablo Gramajo planteó que en materia laboral opera el principio según el cual la Constitución y las leyes establecen beneficios y derechos mínimos que pueden superarse, y la negociación colectiva es una de las principales vías por las cuales esa superación se produce. “De hecho la propia Constitución lo establece, entonces, ese artículo debe entenderse en ese sentido: una ley posterior no puede modificar o restringir algo que ya es ley profesional entre las partes”.
Sin embargo, podrían existir clausulas específicas ilegales y se procedería a una nulidad o inconstitucionalidad. No obstante, ya existe un precedente sobre la inconstitucionalidad en cláusulas de los pactos colectivos: una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que declaró ilegal el pago de honorarios al abogado Landelino Franco (+), la cual confirmó que los pactos colectivos con el Estado pueden ser impugnados cuando exista confrontación entre el análisis presupuestario y el derecho al trabajo.
PACTOS COLECTIVOS EN UNA LÍNEA DE SECRETIVAD
El miércoles 19 de enero la CGC firmó un pacto colectivo con sus trabajadores en un evento privado y sin presencia de la prensa, en donde se contemplan beneficios discutibles y otras acciones que podrían perjudicar a la institución, según indicó una fuente a La Hora.
Uno de los temas más delicados, según la fuente, que uno de los aspectos establecidos en el pacto es la inamovilidad de los subcontralores “entre otros excesos”.
Puesto que el actual contralor, Edwin Salazar, dejará su cargo este año se solicitó a la asesora del despacho, Mónica Monge, un pronunciamiento de la CGC sobre su disposición para evaluar y revisar lo contemplado en el pacto colectivo; no obstante, al cierre de esta nota no se respondió a las llamadas telefónicas y mensajes en WhatsApp tanto a ella como al funcionario.
A esta entidad le correspondería supervisar lo ejecutado en todo caso sea aprobado el pacto colectivo del Mineduc y STEG.
