Como consecuencia a las disputas entre la comunidad Q’eqchi’ y las fuerzas de seguridad, el Ejecutivo decreto Estado de Sitio en El Estor, Izabal. En la historia reciente se ha utilizado esta medida para mermar conflictos, sin embargo, los analistas Sandino Asturias y Francisco Quezada concordaron en que una medida de orden público, por sí sola, no logrará mitigar radicalmente la violencia en los territorios y se necesita un abordaje integral.
#PORTADADEHOY
Piden abordar conflicto en El Estor de forma integral ?? [https://t.co/7MI6ndurZc] pic.twitter.com/p7fPLCQAUW— Diario La Hora (@lahoragt) October 25, 2021
ASTURIAS DEL CEG: EL ESTADO DE SITIO COMO UNA VÍA TEMPORAL
Para Sandino Asturias, coordinador del centro de Estudios de Guatemala (CEG), implementar Estados de Sitio no constituye una verdadera solución a los conflictos de la población; por el contrario, solo restringen el derecho de las comunidades indígenas a exponer las situaciones que las aquejan.
“Cuando están esos conflictos hay que buscar y resolver el origen. Reprimir conflictos, utilizar la fuerza pública para reprimir la protesta comunitaria legítima solo empeora las condiciones de gobernabilidad y la conflictividad social”, detalló.
El analista político y de seguridad remarcó que Guatemala ha firmado convenios internacionales que ordenan el diálogo con las poblaciones indígenas. Además, específicamente para el caso de El Estor, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC) han emitido sentencias a favor de la consulta hacia las poblaciones cercanas.
En febrero del 2019 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una sentencia a favor de la población Q’eqchi’ y ordenó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) iniciar los procesos de preconsulta con la comunidad antes de ejecutar el proyecto minero Fénix en parte de Izabal y Alta Verapaz. Pese a la orden del tribunal, el proceso fue aplazado y en junio del 2020 la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió la suspensión del proyecto minero Fénix.
En esta misma sentencia, la CC ordenó la realización de un proceso de preconsulta entre el MEM y las comunidades de Izabal con un plazo de 18 meses. Además, el fallo de la corte estableció la reducción del proyecto minero de 247.9 kilómetros cuadrados a 6.29.
La primera preconsulta fue convocada para el 15 de julio del 2021, pero a pesar de lo imperado por el máximo tribunal, la comunidad Q’eqchi’ ha denunciado la exclusión durante el proceso de diálogo, mientras que el MEM ha sostenido que quienes denuncian estos hechos no pertenecen a las localidades contempladas para el proceso de preconsulta.
Por tanto, Sandino Asturias argumentó que al decretar Estado de Sitio solo se evade la responsabilidad pactada por el Estado en los acuerdos internacionales y el deber constitucional de las autoridades en el proceso de consulta.
QUEZADA DEL CIEN: ES COMO FUMIGAR, DESPUÉS VUELVEN
Asimismo, Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) opinó que los allanamientos y la presencia policial excesiva podrían desarrollarse sin necesidad de imponer la medida de orden público.
Por otro lado, el experto puntualizó que cuando se declara el Estado de Sitio los grupos delictivos cesan o se retiran mientras esté vigente la orden, pero al retirar el mandato vuelven a instalarse en la región. “Lo han dicho los analistas, es como llegar a fumigar al lugar, se van todos los animalitos y después cuando dejan de fumigar, vuelven”, comparó.
FACTORES DETRÁS DE LA CONFLICTIVIDAD EN IZABAL
El conflicto desarrollado hoy en día en El Estor es percibido por los analistas como producto de una combinación de varios factores. Las bases de estas disputas no son recientes, según explicaron los expertos, pues tienen sus raíces en el Conflicto Armado Interno y un rechazo histórico hacia las comunidades indígenas.
ARMAS Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Francisco Quezada consideró la prohibición de la portación de armas como el único elemento atractivo legal en un Estado de Sitio. El analista describió que en este tipo de conflictos suelen ser agravados por la proliferación de armas de fuego, sobre todo en El Estor, un área donde fueron abandonados proyectiles utilizados en el Conflicto Armado Interno.
“En esa parte de El Estor hay armas que quedaron del Conflicto Armado Interno y otras que se han obtenido posteriormente por poblaciones que se negaron a acatar los acuerdos de paz y grupos que se han formado alrededor del narcotráfico. Solo por el tema de las armas sí vale la pena el Estado de Sitio”, profundizó.
Del mismo modo, Sandino Asturias indicó que El Estor es un área con una instalación sólida del crimen organizado y armas. “El hecho de tener tantas armas y tanta violencia, definitivamente son elementos que contribuyen a que todos los conflictos se vayan resolviendo por la vía violenta y armada”, puntualizó.
AUSENCIA DEL ESTADO Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Además, ambos analistas razonaron que la consolidación del crimen organizado en el área ha sido producto de un Estado y sistemas de seguridad ausentes. Asturias consideró preocupante que las vías de diálogo del Estado fueron retiradas, como la Secretaría de Asuntos Agrarios. Al no contar con una autoridad estatal, el analista expuso que la influencia primordial en el área es el crimen organizado.
Además del crimen organizado, Francisco Quezada agregó que el narcotráfico es otro poder con gran presencia en el área, ejemplo de ello es la toma de propiedades para utilizarlas de pistas de aterrizaje y las rutas aseguradas para el trasiego de droga.
“Tiene que haber una presencia permanente de las fuerzas de seguridad en un número considerable, el cual no hay, y también el hecho que las fuerzas de seguridad puedan cumplir con su cometido. Una vez no haya presencia permanente del Estado, no haya una recuperación de la soberanía del Estado, estas personas solo se retiran y luego vuelven”, concretó Quezada del CIEN.
LA MINERÍA Y LA MARGINACIÓN DE LA COMUNIDAD
El conflicto vigente en El Estor, Izabal, radica en una polémica sobre el proyecto minero Fénix, a cargo de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN). El proceso de preconsulta con las comunidades Q’eqchi’ ha carecido de la representación indígena durante los diálogos. A raíz de este evento, se han desarrollado distintas manifestaciones en El Estor, las cuales, según lo documentado en redes sociales y agencias de noticias como AP, han contado con la presencia numerosa de la PNC.
Además de la represión policial, los manifestantes exponen que las minerías en Guatemala violan los derechos ambientales y humanos de los territorios que colindan los proyectos extractivos. Los residuos provocados por las fábricas transnacionales y mineras desembocan en los ríos y lagos, los cuales son fuentes de consumo para las poblaciones cercanas.
Asturias consideró la presencia de la minería y este tipo de empresas que han irrespetado el diálogo como un factor importante en la conflictividad de Izabal. “Se ha permitido que las empresas particulares tengan control de los territorios y además que impongan sus intereses particulares por la fuerza a la comunidad”, describió.
El analista señaló este conflicto como histórico, además el Estado de Sitio, a su criterio, favorece intereses particulares y “da la espalda” a la sociedad.
¿QUÉ TAN EFECTIVOS HAN SIDO LOS ESTADOS DE SITIO?
Tal como lo describe la Ley de Orden Público, la implementación de un Estado de Sitio tendrá como finalidad responder a actividades terroristas, sediciosas o de rebelión que pretendan cambiar por medios violentos las instituciones públicas, así como prevenir ataques armados contra particulares y autoridades civiles o militares u otras formas de delincuencia terrorista y subversiva.
En este sentido, Francisco Quezada opinó que el Estado de Sitio muchas veces funciona más como una forma de contener el conflicto, más no para mitigarlo completamente.
Un grupo de personas realizan un plantón afuera de las oficinas de la minería CGN-PRONICO, la cual se encuentra ubicada en El Estor, Izabal.
?: José Orozco/LH pic.twitter.com/6B6XbwHys8
— Diario La Hora (@lahoragt) October 24, 2021
Tal es el caso de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, Sololá, municipios susceptibles a la medida desde el gobierno de Jimmy Morales. Desde años anteriores ambos municipios han presentado conflictos territoriales, que han trascendido a la violencia física.
En 2019, el Ejecutivo decretó un Estado de Sitio en las jurisdicciones de Sololá por un mes para cesar estos enfrentamientos y fomentar acuerdos entre los líderes locales, aunque no se obtuvieron resultados favorables. Para el 30 de mayo de 2020, en el nuevo gobierno del presidente Alejandro Giammattei, se decretó la medida en Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán, por los mismos motivos.
Al terminar el plazo del Estado de Sitio, las autoridades ampliaron la disposición un mes más en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. Pese a los repetidos Estados de Sitio, el conflicto permanece entre ambas comunidades; de hecho, en septiembre fueron realizadas al menos dos sesiones con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para tratar las disputas limítrofes.
LO QUE PODRÍA DEPARAR PARA EL ESTOR
Desde la perspectiva legal, Francisco Quezada describió que el futuro del decreto 9-2021 dependerá, por ahora, del Congreso de la República, pues a partir de decretado el Estado de Sitio entró en vigencia un plazo de tres días para conocer, aprobar o improbar la disposición. “El presidente puede decretarlo las veces que quiera si encuentra consideración, pero el Congreso tendrá la última palabra”, indicó.
En este sentido, Sandino Asturias consideró impertinente ratificar el decreto, ya que lo considera innecesario y como un factor más de limitación de la legítima expresión de las comunidades aledañas al proyecto minero Fénix.
“Esta es una medida más restrictiva y yo espero que el Legislativo no apoye estas medidas, por su ineficiencia, por su ineficacia y porque lo único que hace es restringir derechos, sobre todo los de manifestación, lo cual es el elemento detonante”, sugirió.
Consiguientemente, planteó que la manera más efectiva de solucionar el enfrentamiento es a través del diálogo y acuerdos, no por medio de la restricción de derechos. “Estamos enfrentando los intereses particulares que respaldan al gobierno y me parece que debería prevalecer el interés comunitario”, concluyó.
