La semana pasada, el Congreso de la República no recibió la notificación del Consejo Superior Universitario (CSU), en la que confirman a Gloria Porras como magistrada titular a la Corte de Constitucionalidad, debido a la suspensión de actividades en el Legislativo, supuestamente por el aumento de contagios de Covid-19 entre los trabajadores de ese organismo. La Hora consultó con tres analistas sobre si esto corresponde a una estrategia para aplazar la juramentación de la magistrada o no; dos consideran que sí.
Esto nuevamente retrasa la juramentación de Porras, ya que el CSU podría dar aviso al Congreso hasta después de que finalice la medida, es decir, el 23 de julio.
El 13 de abril de este año, un amparo provisional en contra del CSU, impidió la juramentación de la togada. Este sería el tercer período consecutivo en funciones dentro de la Corte de Constitucionalidad (CC), donde fungiría como magistrada titular para el período 2021-2026.
Luego de una serie de impedimentos finalmente el 2 de julio, el Consejo Superior Universitario confirmó a Porras como magistrada titular electa por la Usac, no obstante, indicaron que aún existían cinco impugnaciones pendientes.
Para el 8 de julio, Alejandro Rodríguez y Moisés Rosales, abogados de Porras, informaron que ya no había otro impedimento legal para que sea juramentada en la CC, por tanto, el siguiente paso era que el CSU notificara la resolución al Congreso para que este convocara a una sesión solemne a efecto de juramentar a la magistratura para el nuevo período.
SUSPENSIÓN DE LABORES EN EL CONGRESO NOTIFICAR
El lunes 12 de julio el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República Allan Rodríguez emitió el acuerdo 8-2021, con este se suspendieron las labores del Legislativo desde del 13 hasta 23 de julio. Este acuerdo fue fundamentado en el aumento de casos de Covid-19 en el Congreso.
A pesar de que se suspendieron las labores del organismo durante diez días, se aclara que algunos casos, por su naturaleza, algunos puestos deben continuar con la función administrativa; aun así, el Congreso se negó a recibir la notificación.
El jueves 15 el Consejo Superior Universitario envió la notificación al Congreso para que Porras pudiera ser juramentada como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pero esta no fue recibida debido al cierre del Congreso de la República. José Luis Quintanilla, asesor jurídico de la Usac indicó que en el portón de la entrada de las instalaciones fue pegado un afiche mencionando que no se recibiría documentación hasta el 23 de julio a las 8:00 horas.
Quintanilla agregó que los guardias de seguridad del lugar no le permitieron tampoco el ingreso. “Los guardias de seguridad del Congreso de la República no quisieron permitir el ingreso; se les preguntó si había algún correo electrónico para enviar la información y explicaron que no hay dirección electrónica para enviar notificaciones”, dijo el asesor jurídico.
AMPARO PENDIENTE
Sumado a lo anterior, el jueves también fue planteado un amparo contra la juramentación de la magistrada, por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). En el recurso se argumentó que el CSU no cumplió con el proceso legal al “no efectuar una votación secreta y no privilegiar la docencia universitaria”.
A través de un tuit del presidente de FCT, Ricardo Méndez Ruiz, se dio a conocer que la Corte de Constitucionalidad solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Consejo Superior Universitario el detalle si Gloria Porras tiene algún impedimento para continuar su proceso de juramentación, así como el detalle del procedimiento utilizado para votar por ella, previo a resolver.
AEU: ES EVIDENTE LA JUDICIALIZACIÓN DE LO POLÍTICO
La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU-Usac) remarcó que en los últimos meses se ha presenciado cómo las disputas ideológicas en Guatemala han trascendido a un contexto jurídico.
“En derecho hay un término que se conoce como ‘lawfare’, o sea, la judicialización de lo político. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay mucha pugna ideológica entre izquierda y derecha. Lo que se ha visto en los últimos meses es que lo político lo han llevado a los juzgados, la Corte Suprema de Justicia o la de Constitucionalidad”, formuló la comisión.
Del mismo modo la asociación aseveró que se han realizado acciones para retrasar la juramentación de la magistrada Porras.
“Todo parece estar conectado porque ¿por qué retrasaron el proceso de magistrados para la Corte Suprema de Justicia? Pues querían que esta Corte que sigue ahorita eligiera precisamente a magistrados de la Corte de Constitucionalidad y allí se protegen. La Corte de Constitucionalidad prácticamente es intocable y se han venido dando procesos que evidentemente son para retrasar la toma de posesión de Gloria Porras hasta donde se pueda. El Ministerio Público tampoco hará nada porque existe todo este círculo de corrupción. Es muy difícil decir qué va a pasar”, dijo la Comisión de Asuntos Jurídicos de la AEU.
Para la comisión el argumento de cerrar el Congreso como medida de protección contra el Covid-19 “es una excusa muy vaga”, y señalan que como entidad pública deben seguir operando. “Es una excusa muy vaga decir que hay Covid; es el Congreso, es una entidad pública, entonces no tiene por qué excusarse, simplemente no se dejaron notificar. Es realmente preocupante porque están actuando de una forma descarada”, indicaron.
Por otro lado, mencionaron la presencia de ataques políticos contra la casa de estudios; esperan que no se tomen medidas políticas por el proceso de elección de Gloria Porras como representante de la Usac. “También ha habido mucho ataque político a la Usac, tanto al CSU como a la universidad en general y no es coincidencia, pareciera que fuera un tipo de revancha política y que esperemos no vaya más allá, por ejemplo, con el presupuesto como venganza por haber elegido a Gloria Porras”, agregaron.
La unidad no encuentra un argumento válido a la denuncia de Ricardo Méndez Ruiz contra el proceso de elección en el CSU, pues refirieron que el voto secreto se estableció en un contexto de Conflicto Armado Interno, pero que hoy en día es una herramienta que no se utiliza con fines de protección.
“Lo que pasa es que cuando se creó la Constitución del 85 y con ella la Corte de Constitucionalidad todavía se estaba en contexto de Conflicto Armado y como la universidad era uno de los principales entes atacados, el voto secreto se hizo para mantener más seguro al CSU, pero ahora eso es un método de impunidad porque pueden negociar la votación; pero ya había un antecedente que esto se había hecho antes a viva voz”, puntualizó la Comisión de Asuntos Jurídicos.
“Es difícil saber qué va a pasar. Ya se sabe cómo juega el MP ahorita y esperemos que no afecte en la juramentación de Gloria Porras, pero ya se ha visto que casi siempre le dan trámite o seguimiento a los amparos y denuncias de Fundación Contra el Terrorismo. No hemos sabido nada más”, distinguieron.
JORGE WONG: TODO APUNTA A UNA ESTRATEGIA DE DILACIÓN
Jorge Wong, de IIPS-USAC argumentó que, aunque no es seguro si la suspensión de actividades en el Congreso fue una estrategia contra el nombramiento de Porras, el panorama coyuntural apunta a que sí.
“A como se están desarrollando todas las cuestiones, eso es lo que apunta, a que es una estrategia de dilación. La estrategia de dilación del Congreso es que ellos saben cuáles serán los siguientes recursos que van a ser autorizados por la CC, entonces podría haber ahí intereses espurios para que se retrase el proceso”, explicó el profesional.
A lo anterior agregó: “realmente no lo sé, pero eso es lo que apunta porque justamente cuando llega a notificar la San Carlos no se recibió. Eso es un proceso que para muchos aparenta que hay una estrategia; de parte de quiénes o quien dio la orden, no sé decir, eso es parte de la caja negra que uno desconoce. Y ella es la única magistrada que está pendiente de juramentar”.
Para el analista todo es cuestión de tiempo; mientras, las acciones de los órganos generan suspicacia entre la población. “Todo esto está generando mucha suspicacia. Hay que esperar a ver qué es lo que va a pasar en estos días; la San Carlos lo que está haciendo ahorita es rectificar diciendo que sí es ella, solo están esperando. No hay proceso más complejo porque simplemente era una notificación”, comentó.
Wong mencionó que la denuncia de Fundación Contra el Terrorismo no tendría que afectar el proceso jurídico de juramentación, no obstante, “por su naturaleza” pronto se aclarará si la fundación actuó bajo intereses particulares. “Eso tendrá que conocerse y yo le diría que no debería retrasar la juramentación, pero habría que esperar. Aunque por la misma naturaleza de la Fundación Contra el Terrorismo y la forma en que se trabaja tendrá que verse si hay un interés en que se retrase más o se cancele de alguna forma”, analizó.
“Actores tienen que aparecer, tanto que estén a favor como no; en este caso San Carlos es un actor a favor y la Fundación Contra el Terrorismo aparece en contra en el ámbito jurídico poniendo sus querellas para evitar que la juramenten. Habría que esperar un poco más para ver de qué se trata toda la situación”, concluyó.
PABLO HURTADO: SUSPENSIÓN NO FUE PARA EVITAR RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Pablo Hurtado, secretario general de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) argumentó que la suspensión de actividades en el Congreso de la República sí corresponde al aumento de los casos por Covid-19 en el órgano.
“Nosotros por nuestro trabajo mantenemos comunicación con gente del Congreso; estamos buscando presentar nuestras propuestas y todo y sí sabemos que hubo un incremento bastante elevado en casos de Covid y que por eso fue por lo que se cerró el Congreso. Incluso teníamos citas y ya no nos dejaron ir porque había varios contagios, pero cuántos hay, esa parte si no la manejo”, afirmó.
Además, aclaró que desde ASIES no opinan que el cierre del Congreso haya sido una estrategia para evitar el recibimiento de la notificación y juramentar a Gloria Porras. “No vemos que se haya suspendido todo para no recibir la notificación y juramentación de la magistrada Porras. Yo honestamente no veo esa situación”, remarcó.
Hurtado también mencionó que ante la coyuntura es posible que surjan actores en el marco de la juramentación de la magistrada. “Ahorita quedó firme la impugnación ante el Consejo Superior Universitario; yo no sé si van a haber actores, me da la sensación de que sí, por cómo está todo, que van a presentar acciones de amparo”, dijo.
Respecto a la denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz de FCT ante el Ministerio Público, Pablo Hurtado formuló que esta no tendría por qué interrumpir el nombramiento de la magistrada.
“Una denuncia penal no tiene ninguna injerencia en el proceso de designación; ya será en el propio proceso penal donde se va a dilucidar si existe o no responsabilidad penal, si hubo o no violaciones. Pero en cuanto al proceso de nombramiento, elección y designación, esa denuncia no tiene ningún efecto de interrumpir el proceso”, agregó.
