Un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC) al que tuvo acceso La Hora revela que los hallazgos detectados en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), están relacionados con la planificación del gasto.
La documentación detalla que la Contraloría de Cuentas realizó una auditoría al TSE, del 1 de enero al 15 de noviembre de 2023, para evaluar los gastos en el proceso electoral en materia de tecnología adquirida para las Elecciones Generales 2023, especialmente en el contrato del TREP con la empresa Datasys, Sociedad Anónima (S.A.).
Una fuente con conocimiento del tema, explicó a La Hora que los hallazgos que plantea la Contraloría son por mala planificación y mala calidad del gasto, los cuales son aspectos administrativos. “El contralor -Frank Bode- sabe que no hay sobrevaloración”, expresó.
EL HALLAZGO DE LA CONTRALORÍA
Respecto a la contratación del TREP, la Contraloría señala como hallazgo: “Falta de calidad del gasto en la adquisición de un software o programa informático«.
“Se estableció que hubo una falta de planificación eficiente y documentación de soporte”, dice parte del informe de la CGC.
A criterio de la Contraloría, el TSE podía planificar la contratación del sistema desde 2022, para evitar hacerlo en 2023, como lo realizó la entidad electoral.
“Se evidencia que esta deficiencia en la planificación, incidió negativamente en el desarrollo efectivo de los procesos administrativos, la realización eficiente de las actividades relacionadas a la calidad del gasto y la insuficiente documentación que soporte efectivamente la adquisición e implementación de esta solución informática. Derivado del análisis del contrato y los documentos presentados, se establecieron irregularidades que se describen a continuación”, se lee en el documento de auditoría de la CGC.
“El Tribunal Supremo Electoral efectuó una mala planificación puesto que desde enero del año 2022, contaba con la asignación presupuestaria y recursos que ascendían a un monto de Q 500,000,000.00 para planificar y ejecutar la adquisición de la solución informática durante el año 2022, optando por desarrollar internamente un sistema. informático para el proceso electoral 2023, a finales del año 2022, el porcentaje de desarrollo no reflejaba avances significativos y hasta finales del mes de diciembre del año 2022, el Pleno de Magistrados decide aprobar la adquisición de una solución informática para el evento electoral 2023”, agrega la auditoría.
En tendencia:
“Mala calidad del gasto en la adquisición de una solución informática y adquisición de componentes tecnológicos adicionales para el proceso electoral 2023, que exceden las necesidades reales del país, todo ello en detrimento de los intereses del Estado”, describe la Contraloría.
Aunque el TSE presentó sus descargos para desvanecer ese hallazgo, la Contraloría resolvió quitar responsabilidad a algunos funcionarios del Tribunal, involucrados en la contratación, pero no decidió lo mismo para los magistrados, sino más bien confirmó el hallazgo en contra de los magistrados Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Franco.
En consecuencia, la Contraloría denunció a los referidos magistrados ante el Ministerio Público (MP), esto previo al informe de hallazgos de la contraloría. La misma también se dio derivado de fuertes presiones a los auditores por el MP y diputados.
SON TEMAS ADMINISTRATIVOS
Al ser temas administrativos, estos pueden ser resueltos en esa vía y sin necesidad de una denuncia como la planteada por la Contraloría. Por otro lado, la denuncia de la contraloría debería seguir un proceso nuevo de antejuicio, de dicha cuenta no puede tomarse en cuenta para solicitado previamente.
Otras Noticias:
PERDIERON LA INMUNIDAD POR DENUNCIA DE ABOGADOS
Por la contratación del TREP, 108 diputados de la alianza de VAMOS en el Congreso votaron para quitarles el derecho de antejuicio a los magistrados del TSE, Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco.
Por este mismo caso, a solicitud del Ministerio Público (MP), que dirige la Fiscal General, Consuelo Porras, un juzgado penal giró órdenes de aprehensión en contra de los cuatro magistrados.
La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP fue la que solicitó el retiro de antejuicio en contra de los magistrados del TSE en respuesta a la denuncia que presentaron los abogados Karen Fischer y Geovanni Fratti, por la compra del sistema informático TREP, el cual se utilizó en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales 2023.
Fischer y Fratti alegaron que había inconsistencias en la contratación del TREP, principalmente sobrevaloración, según señalaron.
